A primera vista parece un hombre impenetrable, de pocas pulgas. Pero una vez iniciada la conversación queda claro que es un jurista inteligente, de buen genio y mejor raciocinio.
Sabe de Colombia, como el que más, de su guerra y también de su proceso de paz.
Para este asesor de la Corte Penal Internacional de La Haya, que participó en Cartagena en el foro de Fortalecimiento de la Fiscalía en Justicia Transicional, no es tan trascendental que Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, máximo jefe de las Farc, salga de la selva para una curul del Senado, como que prevalezca y se defienda la verdad, se reparen a las víctimas y se haga justicia.
Es el famoso y controversial jurista español Baltasar Garzón, que desató polémica en Colombia cuando se dijo que iba a asesorar al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El mismo que ordenó, hace años, el arresto del exdictador Augusto Pinochet por la muerte y tortura de cientos de chilenos durante su régimen.
Habló con EL HERALDO de la importancia de mantener a la sociedad informada de lo que acuerda en La Habana, sobre las negociaciones entre la guerrilla de las Farc y el gobierno nacional:
Colombia está a la expectativa por los diálogos de paz en La Habana. Hay diversas opiniones y posiciones encontradas sobre el futuro de los guerrilleros en la vida nacional. ¿Qué opinión tiene de este proceso que se da en Cuba?
Es un momento importante y delicado porque se está en medio de un proceso de negociación, donde las posturas pueden cambiar en cualquier momento. En todo caso, lo que se exige es una postura firme por parte de las instituciones y eso conlleva una socialización y una pedagogía de lo que está sucediendo en La Habana. Es decir, la sociedad debe estar informada y debe conocer lo que se está debatiendo, en la medida de lo posible, porque eso va a ayudar después a comprender aquellos aspectos en los que haya que ceder, dentro de un marco de justicia transicional. Explicar a las víctimas y a la sociedad en general cuál es la situación, los límites y el espacio que se tiene, es, sin lugar a dudas, un gran aliado para lo que viene. Lo contrario se puede convertir en una dificultad muy importante. De modo que ese es un camino que se tiene andar y que se consigue solo con pedagogía y con explicación a la sociedad.
¿Debe haber castigo, de acuerdo a las leyes nacionales e internacionales, para los guerrilleros o debe facilitarse un proceso para que los jefes de esta organización hagan política en el Congreso o en cualquier otro escenario?
En un marco de justicia transicional siempre hay aspectos que se debaten, que se ceden, pero los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación deben quedar salvaguardados. Dentro de ese contexto, se pueden conceder unos derechos, unas posibilidades y otras no, pero siempre que se respete el ámbito de la verdad. Se debe contar con la colaboración activa por parte de los actores armados para contribuir al descubrimiento de esa verdad y de la protección integral de las víctimas. Por eso, la participación en política o de otro orden (de la guerrilla), para mí, no es un tema decisivo. Lo importante es el abandono de la violencia. Lo importante es la verdad. Lo importante son las dosis de justicia que correspondan y la reparación integral. Cómo se desarrollen esos ámbitos es lo que no sabemos, que pueda estar sucediendo en La Habana, salvo por lo que se va comunicando.
¿Entonces para Usted no es tan importante que un Timochenko salga del monte al Senado, sino haya verdad, justicia y reparación?
No digo que, al final del proceso, un Timochenko salga del monte al Congreso. Digo que, una vez cese violencia y se cumplan todos los requisitos de verdad, justicia y reparación para todas las personas afectadas, no es importe que (los jefes guerrilleros) participen en la acción pública o que monten una empresa o que establezcan una actividad social restitutoria. Lo importante, insisto, es que haya verdad, y para ello tiene que haber una colaboración activa, tiene que haber una proactividad. Lo importante es que haya justicia, por tanto las instituciones del Estado deberán exigir una responsabilidad reparatoria para las víctimas. Las sanciones pueden ser privativas de la libertad, o alternativas, o conjuntas, unas con otras. Lo importante es que haya reparación, que debe ser, y de hecho lo es, personal y colectiva. La propia verdad, la propia justicia, son mecanismos de reparación. Una vez todo esto se haya cumplido, para mí no es relevante que hablemos de participación política, o de participación de otro tipo, en la sociedad, porque de hecho, una vez reintegrados, ellos tienen derecho a participar.
Cómo ve el proceso de restitución de tierras
La Ley de Víctimas y de restitución de tierras fue un gran avance y logro de la sociedad colombiana. La ejecución de la misma presenta graves dificultades porque, no olvidemos que una restitución supone una eliminación de una situación ilícita anterior y, por tanto, quienes estaban en el disfrute de esas tierras, van a mostrar oposición e, incluso, en forma violenta. Por tanto, los mecanismos de protección integral de las victimas resultan fundamentales. La colaboración de los victimarios, también. El Gobierno debe establecer los mecanismos necesarios para que la finalidad de la ley, que es de restitución de tierras, se haga realidad y no se sustituya por indemnizaciones.
Hay algunos sectores en Colombia que, digamos, no lo quieren mucho. Caso Procurador General, por ejemplo…
No tengo problemas con el Señor Procurador General. Yo lo respeto, él me respeta a mí. Hemos hablado en más de una ocasión y creo que la institucionalidad de Colombia está por encima de cualquier aspecto personal, que, en este caso, no existe, por supuesto.
