Los delitos contra el sufragio que en Barranquilla y otras poblaciones comenzaron a fraguarse con la inscripción masiva de cédulas, para las elecciones parlamentarias del 9 de marzo de 2014, fueron puestos en conocimiento del fiscal general, Eduardo Montealegre, a quien le piden que inicie una investigación penal.
El abogado Alfonso Camerano denuncia, en carta al jefe del ente investigador nacional, que la red de corrupción que nuevamente fue activada es 'utilizada por los saltimbanquis de la política local para comprar votos', a fin de hacerse elegir o elegir a alguien en el Senado o la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico.
Camerano pone en conocimiento del Fiscal que para terminar de pagar los votos a los zonificados, así como a otros electores residentes en sectores populares y medios, se requieren de 'gruesas sumas de dinero' que solo pueden ser retiradas en efectivo de los bancos locales, 'contando con la complicidad' de gerentes y funcionarios al servicio de la clase política.
Asegura que ese dinero sale de las 'fiducias que pagan a contratistas' por concepto de obras públicas, mediante la autorización de anticipos o saldos que son consignados en las cuentas bancarias de quienes 'financian el debate electoral a sus pupilos del Congreso'. Después, afirma Camerano, la plata se 'llevan en cajas a las oficinas de los jefes políticos'.
Por esa razón, el denunciante le pide al fiscal Montealegre que, bajo su dirección, asigne un grupo de fiscales que 'haga seguimiento a los pagos del sector público' y propone desde ahora 'controlar el movimiento bancario', a partir de las cuentas administradas en las fiducias o por cualquier otra modalidad y de estas a las cuentas particulares de los contratistas. Camerano plantea que a esta labor se vincule a la Superintendencia Financiera.
Como lo ha informado EL HERALDO, y lo constató la Misión de Observación Electoral, en la inscripción de cédulas que se hizo en puestos de votación durante una semana se evidenció que a miles de barranquilleros de sectores populares les están comprando el voto por 40 o 50 mil pesos.
