'Verdades a medias' y 'hay una sensación colectiva de que no hubo una justicia digna'. Esos dos conceptos expresados en Barranquilla por el ministro de Justicia, Alfonso Gómez, y el presidente del Partido de La U, Sergio Díaz-Granados, respectivamente, forman parte del debate político que se inicia a nivel nacional por la salida masiva de cabecillas del paramilitarismo que cometieron masacres y miles de homicidios selectivos, pero solo pagaron 8 años de cárcel.
El anuncio de la excarcelación de 442 desmovilizados de las llamadas Autodefensas ha puesto en entredicho la Ley de Justicia y Paz. Gómez afirma que los paramilitares 'nunca dijeron toda la verdad', que 'tuvieron alzheimer dirigido' y que tampoco aportaron para la reparación de las víctimas, porque los responsables de crímenes, torturas y desplazamientos forzados 'pagaron con trastos viejos'. Es decir, pare él no hubo justicia.
En ese mismo sentido, también en entrevista con EL HERALDO, Díaz-Granados manifestó que 'da dolor' la salida en condiciones tan favorables de paramilitares responsables del genocidio que afectó todo el país, y señala que esta situación genera la reflexión de que a futuro 'no se pueden repetir tales errores' para que 'personas con pasado oscuro' no puedan tan fácilmente quedar libres.
La salida de cabecillas y mandos medios del paramilitarismo –el primero será Édgar Ignacio Fierro o alias Don Antonio, quien delinquió en Atlántico, Magdalena y Bolívar con la complicidad de congresistas, otros políticos y funcionarios públicos– plantea también el interrogante de qué tan legítima es la Ley de Justicia y Paz si esta fue aprobada en el Congreso por parlamentarios cómplices de las Autodefensas.
El presidente de La U acepta que, sin duda, ese es otro 'debate que está pendiente', en especial luego de que se comprobó, por parte de la misma justicia, que un 30 o 35% del Congreso estaba en manos de los paramilitares cuando la ley se tramitó y aprobó.
Lo que dice Uribe. La preocupación sobre la salida de los paramilitares fue transmitida al expresidente Álvaro Uribe, el sábado en su visita a EL HERALDO, ya que durante su mandato se aprobó esta norma. El exmandatario se defendió y atacó al presidente Juan Manuel Santos.
Afirmó que en la Ley de Justicia y Paz se 'exigió la reparación de las víctimas' y no se autorizó ni indulto ni amnistía a delitos atroces, pero en cambio el gobierno Santos, por la vía del cese de la acción penal a los delitos atroces, 'les da a las Farc algo equivalente al indulto o amnistía'.
Dijo Uribe que su ley 'no cambió las reglas electorales' de la Constitución del 91, que permitían a los condenados ser elegido solo por delitos políticos o por homicidios culposos, pero 'en la legislación Santos' han extendido la posibilidad de la elección 'a persona incursas en delitos atroces'.
Argumentó que 'nuestra ley tiene condiciones severas para que las persona pudieran gozar de la sentencia reducida; Santos hará que asesinos y reclutadores de niños salgan de la selva a La Habana y los traigan al Congreso sin pasar por la cárcel'.
Ante los cuestionamientos de si la norma ha sido o no eficiente, indicó: 'Lo que debe hacer todo el engranaje de la justicia es que esa ley se aplique bien, que bien concebida fue'.
