La Gobernación del Atlántico confirmó que tiene en su poder la notificación que debía recibir el gobernador José Antonio Segebre sobre el fallo de la justicia que sentencia al alcalde de Galapa, José Vargas Palacio, a cumplir 48 meses de privación de la libertad.
Pero dicha notificación promete convertirse en la apertura de un nuevo capítulo dentro del dilatado proceso judicial iniciado hace 16 años por una investigación contra el mandatario municipal, por los delitos de falsedad en documento público y prevaricato por acción.
La notificación fue recibida por la Gobernación el 18 de febrero, según confirma el mismo Segebre, quien, sin embargo, advirtió sobre la necesidad de 'someter a estudio de su equipo jurídico' la decisión del juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Alberto Falla Sánchez.
En esta, el Juez comunica al gobernador que contra Vargas y dos implicados más pesa sentencia de privación de la libertad, y que ha concedido al alcalde de Galapa la prisión domiciliaria.
Sin embargo, el hecho de notificar al gobernador no significa que automáticamente lo haya sido también Vargas Palacio, quien de hecho aseguró, ayer, que no ha recibido notificación alguna, por lo cual sigue ejerciendo sus funciones, despachando, firmando contratos y ordenando el gasto en la administración municipal.
El gobernador Segebre dijo que la continuidad del Alcalde se ajusta a lo dispuesto por la ley: la notificación al burgomaestre es un paso indispensable para que este sea despojado de sus funciones.
Al comentar la decisión de Falla Sánchez, el mandatario departamental dijo: 'Hay que pedirle al Juez que aclare el procedimiento mediante el cual se separa al alcalde de su cargo, porque yo no puedo destituirle. Tiene que haber unos presupuestos, y quien decide ese procedimiento es el juez. Ya le he pedido a mi equipo jurídico que le pida al juez que aclare este fallo, para tener la seguridad de que no me estoy extralimitando en mis funciones'.
Tampoco consta que una copia de esta notificación haya sido enviada al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que según el experto penalista José Luis Herrera, consultado por este medio, es el organismo competente para hacer que Vargas Palacio cumpla la sentencia en las condiciones dictadas por el juez, así como de ejercer supervisión periódica para garantizar que el confinamiento doméstico no sea violado por el condenado.
Ajustado a la ley. Segebre dijo que, de todos modos, en previsión de los pasos subsiguientes que fija la Constitución en el caso de la inhabilidad de funcionarios electos popularmente, ya notificó a la Registraduría sobre la eventual necesidad de celebrar elecciones atípicas en Galapa.
También informó sobre la necesidad de que Cambio Radical (el partido político que apoyó al alcalde José Vargas durante su candidatura) presente una terna para elegir de ella a quien cumplirá funciones de Alcalde encargado mientras se convocan dichas elecciones.
Según conocedores de la vida política galapera, lo que está en juego tras esta estrategia de dilaciones es la intención de acortar, en lo posible, el tiempo de ejercicio como alcalde que podría tener el candidato de la oposición en caso de ganar en las elecciones atípicas al candidato que presente Cambio Radical para ejercer la titularidad durante el tiempo que le haga falta a Vargas Palacio de su mandato de cuatro años, una vez sea separado de sus funciones.
Tampoco es un secreto que Vargas cuenta con la simpatía del gobernador José Segebre, quien lo ha calificado en privado como uno de los mejores alcaldes que ha tenido el municipio de Galapa y, en general, de los más eficientes en el departamento del Atlántico.
Vargas dijo que solo se enteró hasta ayer de que el Gobernador ya recibió la notificación. Una llamada telefónica de EL HERALDO para conocer su opinión ante el nuevo giro que toma su prolongado proceso le permitió enterarse, según él, de la decisión del juez Falla: 'hace rato que no hablo con el gobernador Segebre', dijo el alcalde.
Cronología. 1999: El alcalde es denunciado por expedir un certificado de disponibilidad de servicios públicos para la urbanización Mundo Feliz. 2011: Es condenado a 48 meses de privación de la libertad por el Juzgado Sexto Penal de Barranquilla.
2012: El Tribunal Superior de Barranquilla y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirman el fallo.
2013: Mientras el proceso fue enviado a Bogotá, el juzgado que profirió la sentencia es transformado en Juzgado Segundo Penal del Circuito y perdió las competencias para seguir atendiendo el caso del alcalde. El 4 de diciembre se traslada el caso del Juzgado Sexto Penal del Circuito al Juzgado Segundo Penal.
2014: Vargas es arrestado el 30 de enero con un procedimiento equivocado. El proceso es trasladado a la Sala de Ejecución de Penas, que notifica el 18 de febrero al gobernador Segebre. Vargas Palacio anuncia que, aunque respeta una decisión, recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la revisión de todo su caso.
