'Insólito' y 'aberrante'. Así fue calificado, en una evaluación final, el resultado de la masiva inscripción de cédulas que se dio en el departamento del Atlántico, en especial Barranquilla, como estrategia de candidatos para comprar votos en las elecciones de Congreso del próximo 9 de marzo.
La Misión de Observación Electoral, MOE, a través de la Fundación Foro Costa Atlántica que es su representante en esta zona del país, halló 266.406 inscripciones, la mayoría de ellas entre el 16 y el 22 de diciembre cuando la Registraduría llevó este proceso a los puestos de votación. Fue en ese momento que EL HERALDO y la MOE denunciaron que algo ilegal estaba sucediendo en dicho proceso.
Al subrayar que la situación en el Atlántico 'no es normal, como lo quieren mostrar algunas autoridades', Diógenes Rosero Durango, director de la fundación, explicó que los candidatos involucrados en esta estrategia se están gastando, entre la zonificación y lo que pagarán el día del debate, cerca de $20.675 millones.
Dijo que seguramente esa cantidad de dinero aumentará, porque se sabe que hay electores que están inscritos desde hace años y que también venden el voto.
Rosero lamentó que, mientras en Barranquilla la inscripción atípica de votantes demuestra que 'a cielo abierto hay una masiva compra de votos', existe una 'paquidermia por parte de las autoridades' y no hay investigaciones ni capturas por este tipo de delito electoral.
La directora nacional de la MOE, Alejandra Barrios, recordó que por disposición del Consejo Nacional Electoral cada miembro de una lista a Congreso debe gastar máximo en el Atlántico $852 millones y la lista completa $5.960 millones, lo que significa, concluyó, que en esta zona del país los aspirantes a Senado y Cámara están 'muy por encima' en los gastos autorizados debido a la maniobra ilícita de quienes compran votos.
En la investigación de Foro Costa Atlántica, titulada Barranquilla: una democracia comprada, que contó con el apoyo de las universidades Libre, del Atlántico y del Norte, Corcaribe y Protransparencia, encontraron otros 'comportamientos anómalos'.
Mientras en el país el porcentaje de nuevas inscripciones fue del 7%, en poblaciones como Galapa, en el área metropolitana de Barranquilla, fue del 34,3% (10.456 personas), muy por encima de todo el Atlántico que alcanzó el 29% y de Barranquilla que llegó al 21%.
En Piojó ese porcentaje fue del 17,3; en Soledad, el 16,4; en Juan de Acosta, el 13,1; en Sabanalarga, 12,1; en Malambo, 10,6; en Santo Tomás, 10,1; y en Candelaria, el 9,1%, entre otros.
En el caso de Galapa el número de inscritos en 2014 sobre el total de sufragantes en 2011 representa el 56,8%, lo que significa que allí la mitad de los votos a depositar serían producto de la compra y venta de votos, señaló Rosero al llamar la atención sobre la gravedad de este tipo de maniobra.
Este es un escenario 'absolutamente aberrante' que lleva a concluir que el Atlántico sufre una 'situación crítica de una democracia enferma', precisó.
Umbral del 3% disparó irregularidades
La directora de la MOE considera que al aumentar a un 3% el umbral –más 430.000 votos–, que deben pasar las listas a Senado para que los partidos no desaparezcan, la reforma electoral ha causado 'efectos no deseados'. Dice que para sobrepasarlo organizaciones políticas decidieron echar mano de votos que en el pasado usaron 'clanes y estructuras' que se lucraron del poder 'a través de alianzas con grupos armados ilegales' y sostiene que las listas abiertas, que calificó de 'perversas', desataron 'competencias internas' y en estas ganará los que más financiación tengan. Toda esta situación conduce a la compra de votos, que se agrava ante la 'falta de capacidad' que tiene el CNE para vigilar el origen, monto y destino de los recursos de las campañas.
