Según el preconteo del 98,4% de las votaciones al Congreso celebradas el domingo pasado, 14.310.367 de los 32.835.856 colombianos convocados a las urnas participaron en el debate, y la abstención para Senado fue de 56,42% y para la Cámara de Representantes el 56,43%.
Las cifras de este año no son muy diferentes a las que históricamente se observan en el país. En 2006, la abstención en las elecciones presidenciales fue del 54,95% y para las legislativas alcanzó el 54,3%. En 2010, la abstención en los comicios presidenciales fue del 50,73% en primera vuelta y un 55,67% en la segunda, mientras que en las de Congreso fue del 55,8%.
La imposibilidad de disminuir los niveles de abstención electoral hace reanudar en la opinión pública la discusión sobre la necesidad de establecer la obligatoriedad del voto. De ser así los ciudadanos tendrían la responsabilidad de participar en las elecciones, bajo la posibilidad de una pena o sanción si no se hace.
Al respecto y pasada la jornada electoral, José Antonio Viera-Gallo, jefe de la Misión de Veeduría Electoral de la Organización de Estados Americanos, dijo que Colombia 'debería estudiar si los incentivos para el voto han sido suficientemente eficaces'.
En este sentido, el chileno propone alternativas como cerrar el comercio y ofrecer medios de transporte gratuito durante la jornada electoral.
Por otro lado, la politóloga y profesora de la Universidad del Norte Alexandra García argumenta que la democracia 'no debe ser una cuestión de obligación' y califica el voto como 'un derecho que los ciudadanos deben ejercer por voluntad propia'.
La académica considera que para aumentar la participación electoral 'se necesitan otras propuestas institucionales como implementar el voto electrónico o dar más incentivos a quienes participen en las urnas' y afirma que la obligatoriedad del sufragio 'no frena la compra de votos, simplemente baja el valor que los corruptos pagan'.
'Se necesita ofrecerle a los ciudadanos una dinámica de votación diferente y más abierta, además de cambiar el sistema de zonificación por uno permanente que no limite ni incentive la actuación fraudulenta', sostuvo en diálogo con EL HERALDO.
Antecedentes en Colombia. En el país no hay acuerdo sobre la pertinencia, viabilidad y utilidad de adoptar el voto obligatorio. En varias ocasiones se ha promovido su implementación, generalmente después de conocerse los resultados electorales.
Los antecedentes de este debate se encuentran en las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, así como en las discusiones de varios proyectos de reforma política propuestos durante el Gobierno de Andrés Pastrana y el proyecto de Referendo presentado por el expresidente y senador electo Álvaro Uribe.
En 2006 Roy Barreras radicó ante la Cámara un proyecto de acto legislativo por medio del cual se proponía la implementación del voto obligatorio, para que este se convirtiera en un instrumento 'contra la corrupción política'. Sin embargo, el Gobierno descartó su inclusión en el Código Electoral por la falta de consenso.
La discusión continúa. Mientras algunos consideran que dicha medida es útil para estimular la participación, otros señalan que su implementación implica el diseño de un régimen de sanciones que resulta 'contrario al derecho democrático de asistir a las urnas'.
La candidata presidencial del Polo Clara López, asegura que el voto obligatorio 'es inconveniente si no se aplica una reforma que garantice la pureza del sufragio'. A su juicio, esta medida es una 'muleta' por la incapacidad de representación de los de los partidos tradicionales.
El conservador Efraín Cepeda defiende que 'el voto tiene que ser voluntario', pues si se obliga a la gente a votar 'estamos frente a una democracia ficticia'. Argumenta que el sistema electoral debe trabajar por la confianza en las instituciones electorales, por lo que se declara partidario del sufragio electrónico.
Para el liberal Juan Manuel Galán 'la democracia es libre' y eso implica 'decidir si participar en las urnas o no'.
La discusión también se centra en la calidad de la democracia. En este sentido, las medidas para mejorar los índices de participación electoral deben ir acompañadas de políticas que garanticen la calidad de dicha participación. Es decir, no basta con disminuir la abstención si los votantes no están adecuadamente informados o no se mejoran los mecanismos de rendición de cuentas.
En América latina
En América Latina, la obligatoriedad del voto ha sido un componente en el proceso de consolidación de la democracia. Este mecanismo se ha institucionalizado en Brasil, Paraguay (por encima de 75 años, es facultativo), Perú (facultativo para mayores de 70 años), Argentina (facultativo para adolescentes de 16 y 17 años, y mayores de 70), Uruguay (la inscripción es obligatoria), Bolivia y Ecuador (facultativo para adolescentes de 16 y 17 años, mayores de 65 años, presos sin sentencia, policías y militares).
