El Consejo de Estado decidió levantar la inhabilidad de 12 años proferida por la Procuraduría General contra el exalcalde de Medellín Alonso Salazar por la supuesta participación indebida en política.
Salazar había sido sancionado por una supuesta violación a la Ley de Garantías, debido a las denuncias que hizo sobre candidatos a las elecciones locales de 2010, cuando señaló presuntos vínculos de aspirantes al concejo de Medellín con grupos al margen de la ley. Así mismo, por el respaldo de estos grupos a la candidatura de Luis Pérez a la Alcaldía de esta misma ciudad.
La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren, tumbó el fallo de la Procuraduría y en vez de la destitución e inhabilidad dio a Salazar una amonestación por la forma como utilizó los medios de comunicación y las redes sociales durante la contienda electoral del 2011.
En ese sentido, explicó el magistrado, se hizo una 'sanción disciplinaria de amonestación porque lo único que se demostró fue haber emitido en su cuenta de Twitter una información sobre un candidato a la Alcaldía en aquel entonces y unas declaraciones de prensa sobre la influencia del paramilitarismo en dichas elecciones'.
'Había una actitud muy omisiva de las autoridades oficiales y de la Procuraduría, a mí me pareció importante decir que grupos armados actuaban en varias campañas. Le hice llegar las pruebas al Procurador y la señora (María Eugenia) Carreño llegó a la conclusión que eso fue indebida participación en política', dijo Salazar a Blu Radio.
Ante la decisión, el procurador general Alejandro Ordóñez dio poca importancia al tema y aseguró que este es el curso 'normal' de los procesos en el país y que no es necesario 'dramatizar' al respecto.
'Es frecuente que la jurisdicción Contencioso Administrativa, que es el juez de los actos administrativos profiera decisiones revocando o modificando lo que se profiere en diferentes materias. No es para dramatizar, sino la Procuraduría lo recibe y lo acata plenamente', dijo Ordóñez en diálogo con Caracol Radio.
Además reconoció que existe la posibilidad de que pase lo mismo con el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, recientemente destituido e inhabilitado por 15 años.
'Todos los actos administrativos tienen control de legalidad porque pueden estar incursos en falsa motivación, desviación del poder o desconocimiento del derecho, no me extrañaría una decisión similar', afirmó.
