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Luego de ser recapturado durante la madrugada del martes, el hacker Andrés Fernando Sepúlveda, celosamente custodiado por agentes del CTI, nuevamente fue llevado a los juzgados de Paloquemao donde se realizó la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos por cuatro delitos, entre ellos espionaje y concierto para delinquir.

El indiciado había quedado en libertad el lunes, luego de que la juez 10 de conocimiento, Teresita Barrera, calificara como incongruente el material probatorio allegado por la Fiscalía en la primera captura.

Sepúlveda, investigado por interceptar las comunicaciones de varios miembros de la mesa de diálogos de La Habana, está en el centro de una gran polémica, suscitada no solo entre los candidatos presidenciales sino entre la funcionaria judicial que determinó su libertad y el fiscal general Eduardo Montealegre, quien, tras el inesperado fallo, pidió que se investigara a la jueza ante la sospecha de que hubiese cometido prevaricato.

Para sustentar sus señalamientos, el fiscal Montealegre aseguró que la juez Barrera actuó contrariando el Código de Procedimiento Penal porque, según ella, la aceptación de responsabilidad por parte de Sepúlveda y algunos documentos reservados encontrados en su poder no eran susceptibles de ser tenidos en cuenta como soporte para la imputación de cargos. Ante los señalamientos Barrera se defendió.

La jueza dudó que el Fiscal General haya escuchado todo el contenido de la audiencia de primera instancia, sobre el cual ella se basó para tomar su determinación. 'El señor fiscal, hombre brillante, debe entender que los jueces no nos podemos pronunciar por lo que está fuera del proceso', afirmó.

Del mismo modo, expresó que su providencia está grabada y que al escucharse se puede comprobar que ella no se extralimitó en sus funciones porque el análisis hecho se puede confrontar con todo lo ocurrido en la audiencia. Barrera señaló que el fiscal Montealegre está atribuyendo responsabilidades por decisiones que no le gustan; dijo también que no es sencillo tener a cuestas la persecución del sistema y que ahora teme por su seguridad.

Considera la jueza Barrera que las apreciaciones y la compulsa de copias que hiciera el Fiscal la están poniendo en riesgo. 'Es amedrentador que se tomen esas decisiones en momentos coyunturales. Me están poniendo en la palestra pública', indicó.

El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo aseguró que este caso es una investigación seria, que el ente acusador cuenta con evidencias contundentes, que se han detectado irregularidades gravísimas y que el trabajo de la Fiscalía no puede verse afectado por lo que llamó 'bandazos de la justicia'.