Dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Yolima Carrillo y el vicepresidente de la entidad Felipe García Echeverri, llegaron ayer a Barranquilla a anunciar 'medidas históricas', ya que por primera vez usaban sus facultades de policía administrativa –del CNE– para ordenar a los alcaldes y gobernadores el uso de medidas preventivas que eviten infracciones a la Ley por el uso de propaganda política extemporánea durante las fiestas del Carnaval.
A la reunión, celebrada en el noveno piso de la Alcaldía Distrital, asistió la alcaldesa encargada Diana Amaya, la consejera para la seguridad del Distrito Josefa Casiani, el coronel Edgar Muñoz, en representación de la Policía, y la secretaria del Interior departamental Darling Daza.
Durante la reunión, los magistrados socializaron la resolución emitida el miércoles por la sala plena del CNE en la que se ordenan 'medidas preventivas' a los alcaldes y gobernadores de la región Caribe.
El magistrado García dijo que 'el uso indebido de la propaganda electoral anticipada es un ejercicio que atenta contra el equilibrio democrático'.
El llamado del CNE fue de 'no contaminar las festividades del Carnaval con propaganda política extemporánea que en este momento es ilegal. La invitación es a tomar medidas para recuperar la cultura de la legalidad'.
'Agradecemos a la autoridades locales atender el ordenamiento de medidas preventivas que hace el CNE para proteger no solo el Carnaval de Barranquilla, sino todas las festividades tradicionales y expresiones culturales de los municipios de la Costa que tienen una gran importancia cultural para la región y el país', dijo el vicepresidente.
La alcaldesa encargada Diana Amaya aseguró que 'la administración recibe con agrado el llamado del CNE a aunar esfuerzos para que en nuestra festividad exista un equilibrio y un respeto por las reglas de juego electoral'.
En visita posterior a EL HERALDO los magistrados se refirieron a la diferencia entre publicidad extemporánea y proselitismo político, y recordaron que este último no está prohibido. Esto implica que los candidatos pueden decir abiertamente que competirán en una contienda electoral, adelantar actividades de campaña, e incluso dar declaraciones en medios, 'y están en todo su derecho, así como están en su derecho de participar en el Carnaval como ciudadanos que son, pero deben entender que estas fiestas son patrimonio inmaterial de la humanidad y por lo tanto merecen respeto, y no contaminarlas con publicidad ilegal', dijo Carrillo.
Reiteraron la necesidad de contar con una ciudadanía activa que se convierta en 'guardiana del equilibrio democrático' y que se vuelque a una 'cultura de la legalidad' en la cual se castigue no solo desde lo administrativo y económico a los políticos infractores de la ley, sino en las urnas.
'Invitamos a que la ciudadanía se cuestione lo siguiente: ¿si un político incumple la ley siendo candidato, que se puede esperar de su actuar siendo gobernante', cuestionó García Echeverri.
Advirtieron además 'que la Procuraduría ha sido una aliada en todo este proceso y será la encargada de investigar a aquellos alcaldes y gobernadores que no presenten los informes requeridos en la resolución, para lo cual tienen plazo hasta el 20 de febrero'.
Finalizaron haciendo un llamado a los candidatos a cumplir con la norma y no hacerse acreedores de una sanción.
