'No voy a renunciar. Si me voy, nos vamos todos'. Con esa categórica frase el magistrado Jorge Pretelt Chaljud puso fin a la entrevista que concedió el pasado viernes a Julio Sánchez Cristo en La W Radio y en la que se refirió por primera vez a la difícil situación que atraviesa por cuenta del escándalo que se desató por la denuncia según la cual habría exigido el pago de 500 millones de pesos para favorecer a Fidupetrol con una tutela, que le evitaría a esa empresa pagar 40.000 millones de pesos.
La frase de Pretelt se sumó a las múltiples reacciones que ha generado en todo el país el que es considerado el episodio más triste y lamentable en toda la historia de la justicia colombiana y que no solo afecta a la Corte Constitucional, sino a todas las instituciones del Estado.
En efecto, desde hace dos semanas el país es testigo obligado de la enojosa situación que involucra al magistrado cordobés, al abogado barranquillero Víctor Pacheco, al ex presidente de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar y al magistrado tolimense Mauricio González, entre otros.
El ya de por sí gravísimo asunto de la supuesta exigencia del pago de una millonaria cifra para fallar a favor de Fidupetrol por parte de Pretelt se terminó de agravar cuando apareció una grabación subrepticia y clandestina que el entonces presidente de la Constitucional, el tolimense Luis Ernesto Vargas Silva, hizo de una conversación sostenida en su despacho con el abogado Pacheco y se supo que este había visitado desde el 27 de diciembre de 2014 en su casa en Barranquilla al magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, supuestamente para enterarlo del incidente y que ninguna de las versiones coincidía. Peor aún: ahora ha venido a saberse que tampoco coinciden las que Pacheco entregó en la Fiscalía ni a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Como ocurre en todas las guerras, el conflicto ha venido escalando. Ahora ya está involucrado el Gobierno nacional a través de su mejor agente, el fiscal General de la Nación, el también tolimense Eduardo Montealegre Lynett, así como otros magistrados a quienes Pretelt mencionó para demostrar que lo que a él le quieren cobrar como delictivo, es un comportamiento habitual de varios de sus colegas.
De la noche a la mañana, y por cuenta de una sindicación no demostrada, Pretelt pasó de ser un magistrado en la Corte Constitucional apreciado y admirado por sus paisanos, a ser considerado por el Gobierno nacional, algunos medios de comunicación, sus propios compañeros de magistratura y hasta el fiscal General, como el peor criminal en la historia de Colombia.
La Fiscalía se ha dedicado a buscar y a filtrarle a los medios de comunicación cuanta cosa encuentra en la que se mencione directa, tangencial u ocasionalmente el apellido Pretelt o el de algunos de sus familiares. Y peor aún: ahora decidió llamar a Martha Ligia Patrón, esposa de Pretelt, a un interrogatorio (antesala de una captura) por presunto despojo de tierras, sin que nadie haya dicho que esa señora desplazó o ejerció violencia contra los dueños de los predios.
Tener tierras que se robaron los paramilitares y luego revendieron es un problema que aqueja a medio país rural, tanto es así que la ley prevé que haya terceros compradores de buena fe. Pero apresurarse a llamar a interrogatorio dentro de una indagación que apenas empieza, sí podría considerarse como un indicio de mala fe y de absoluto desequilibrio, que muestra un ánimo para perjudicar a un hombre y a una familia que pareciera que por uribistas, cordobeses y ganaderos no tienen derecho a la presunción de inocencia.
El magistrado Pretelt debe tener plenas garantías para demostrar su inocencia o para ser vencido en juicio, como debe ocurrir en un Estado Social de Derecho y en todo sistema democrático. Punto.
Allegados a Pretelt destacan su condición de amigo de sus amigos, amante de los caballos y de los gallos finos, frentero a la hora de dar peleas y orgulloso de su origen. El linchamiento moral y el matoneo al que se ha visto sometido junto con su familia solo hace que –como le ocurrió a El Cordobés, el célebre gallo fino al que el juglar de San Jacinto Adolfo Pacheco Anillo le compusiera un hermoso paseo vallenato- Pretelt esté dispuesto a morir en la valla: 'Canta pinto blanco / hazle honores a tu raza / Y que te acompañe el Nazareno de la Cruz / Y pelea como sabes tú / Haz de tus patas la metralla / para que sepan en la valla / como pelean los del Sinú'.
Pretelt prende el ventilador
El pasado viernes 20 de marzo, el magistrado Jorge Pretelt Chaljud habló con La W Radio –entrevista a la que se sumó La FM de RCN Radio- y dijo cosas muy graves que no pueden pasar desapercibidas. Mencionó que el Fiscal General le hizo lobby para que, como magistrado, no se opusiera a la paz impune del gobierno Santos con las Farc. Así mismo se refirió al magistrado Luis Ernesto Vargas Silva como un goloso burócrata que tiene empleadas a su mujer y a otros parientes en la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. En similar situación está Gabriel Eduardo Mendoza, cuyo hermano es fiscal ante el Tribunal de Barranquilla y señaló al también magistrado Jorge Iván Palacios de tener recomendados en la misma institución. Muy grave todo ello, pues el mismo fiscal Montealegre mandó a investigar a Pretelt por el supuesto tráfico de influencias al recomendar gente para la Fiscalía Seccional de Córdoba, lo que significaría que lo que es presuntamente ilícito para uno, debe serlo para todos. ¿O es que para Montealegre son malos los recomendados de Pretelt –que él mismo le habría solicitado, como dijo Pretelt a La W y a La FM- pero son buenos los de los demás magistrados? Al no librarse copias de Montealegre contra todos los magistrados, se da un pésimo ejemplo que corroboraría el reclamo del uribismo y de algunos conservadores, en el sentido de que lo único que hay contra Pretelt es una persecución penal con un grave trasfondo político.
Fiscal Montealegre, de Sandra Morelli a Jorge Pretelt
La figura del Fiscal General de la Nación en Colombia es la más poderosa de la estructura estatal. Tan poderosa es que puede tumbar a un presidente, capturar –o por lo menos intentarlo- a una contralora y tumbar a discreción a un magistrado de la Corte Constitucional para alterar la composición ideológica de la ‘Guardiana de la Carta’. El problema se vuelve más grave cuando el que desempeña el cargo viene precedido de un poderoso ejercicio profesional, lo que lo llevó a representar a quienes se han visto envueltos en los más sonados casos de la justicia penal en tiempos recientes. Es muy difícil encontrar un escándalo en el que el nombre de Montealegre no figure como asesor de los implicados. La persecución contra Sandra Morelli Rico siempre fue percibida por la ciudadanía como una venganza personal del fiscal General contra la única funcionaria de país que se atrevió a meterle el diente al espinoso tema de Saludcoop, empresa de la que el señor Montealegre fue su asesor con ganancias multimillonarias. Y ahora resulta que en Fidupetrol –cuya historia está toda por contarse- también estuvo el señor Montealegre, que a ellos también los apoderó y –coincidencialmente- la Fiscalía a su cargo se ha dedicado a perseguir y a filtrar piezas procesales en contra de un magistrado de la Corte Constitucional mencionado en un escándalo de 500 millones de pesos, pero que votó en contra de una tutela promovida por esa empresa. Curiosamente, quien sí recibió jugosos honorarios de dicha empresa fue el propio Montealegre, cuando se desempeñó como su asesor legal.
O todos en la cama, o todos en el suelo
En todo el escándalo de la Corte Constitucional quedó en evidencia que uno de los grandes problemas de la Administración de Justicia está en los organismos de control. La Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría literalmente controlan las Cortes y no al revés. Y lo hacen de la peor manera: mediante el poder burocrático al que han cedido los magistrados. El propio Jorge Pretelt enumeró tres magistrados de la Constitucional que tienen recomendados en la Fiscalía. Pero el asunto no para ahí. Todos –o casi todos- los magistrados de la Corte Suprema, la Constitucional o el Consejo de Estado tienen un pariente, la esposa o la amante, o las dos al tiempo, en algún organismo de control. Esa situación es obscena y –claro- también es corrupción. Por eso resulta ridículo y evidencia la saña contra Pretelt, que la Fiscalía ordene investigarlo por presunto tráfico de influencias por supuestamente haber recomendado nombramientos en la Fiscalía Seccional de Córdoba. Si van a indagar que sea a todos: ¿cuántos recomendados hay en la Fiscalía por parte del presidente de la Corte Suprema, José Leonidas Bustos, íntimo amigo y paisano del señor Montealegre? ¿Cuántos parientes –cercanos o lejanos- de los magistrados Gustavo Malo y Luis Guillermo Salazar hay en esa misma Institución? ¿Quién los recomendó? O en la Procuraduría: ¿cuántos parientes hay de consejeros de Estado? Ahora mismo, el Consejo Superior de la Judicatura acaba de incluir en lista para la Sala de Consulta y Servicio Civil a la esposa del contralor general, Edgardo Maya, a quien se da por fija para ser elegida como magistrada de esa Corporación. Parece que el fallo del Consejo de Estado que acabó con el ‘yo te elijo y tú me eliges’ entre magistrados, no impide que se siga practicando con sus parientes y recomendados. Y eso no solo no es estético, sino –sobre todo- no es ético.
Todos son culpables de la debacle
Una de las pocas cosas verdaderamente democráticas que hasta ahora había en Colombia era la independencia y autonomía de sus jueces. Esa característica fue fortalecida con la Constitución de 1991, al menos formalmente. Sin embargo, en la realidad, lo que al principio se vio como una democratización para el acceso a las altas cortes al acabarse la cooptación plena, terminó por mediocrizar y corromper a esas corporaciones. De cumbres del Derecho Laboral, como Juan Benavides Patrón, pasamos a la discutible presencia de Camilo Tarquino. De la altura jurídica de Fanny González, pasamos a los cruceros de Ruth Marina Díaz e igual ocurrió en el Consejo de Estado, donde terminaron de consejeros importantes, gentes como Daniel Suárez o Filemón Jiménez o Marco Velilla, denunciante de sus compañeros de Corporación por no patrocinarle institucionalmente una aspiración burocrática personal. Y en esa ‘tarquinización’ de las cortes ha ido perdiéndose la independencia y la autonomía, porque ahora se quiere ser presidente de las Cortes solo para codearse con el de la República o con los ministros para poder pedir favores personales. Tan bajo han caído los magistrados que no más el pasado viernes en la noche los magistrados de la Corte Constitucional no encontraron mejor forma de solucionar su crisis que poniéndoles quejas al presidente de la República o llamando al fiscal General o al procurador -¡culpables directos de su debacle, todos!- para que intenten componer lo que ellos no han sido capaces. Esos magistrados –y otros que hoy presiden otras cortes- son los mismos que hicieron hundir la última reforma a la Justicia, cuando se concertaron con algunos congresistas –muchos de los cuales piden la renuncia de Pretelt con voces destempladas- para perseguir prebendas personales, como el período de 12 años y el retiro forzoso a los 70. Cómo sería de evidente el tema que Sigifredo Espinosa, magistrado de la Sala Penal, presentó carta de retiro por vencimiento del período, condicionada a que si alargaban el período deberían garantizarle su regreso. ¡Qué tal!
