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La Corte Suprema de Justicia condenó a 80 meses de prisión (6 años y seis meses) a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, tras hallarlos responsables del delito de cohecho por ofrecer prebendas en 2004 a los excongresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño a cambio de su apoyo a la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

A estas condenas se suma la de 60 meses de prisión al ex secretario general de la Presidencia Alberto Velásquez.

La decisión fue dada a conocer ayer por la Corte Suprema a través de una comunicación en la que señala que cinco conjueces intervinieron durante el juicio.

El caso. La Corte también indica que validó las pruebas que demuestran la participación de los tres exfuncionarios en la entrega de prebendas burocráticas a los excongresistas Medina y Avendaño para evitar, la madrugada del 4 de junio de 2004 en la Comisión Primera de la Cámara el hundimiento de la reforma constitucional que instauró la reelección presidencial.

Medina cambió su voto en la reforma constitucional, que inicialmente era negativo, según confesó, tras recibir cargos en el Gobierno para personas de su entorno.

Lo que dice el fallo. Según la sentencia, 'ese ilícito actuar resultó definitivo para cambiar el rumbo no solo de la política, sino los destinos del país, en la medida en que al procurar con métodos protervos la continuidad de un trámite legislativo que de haber surtido su curso sin las referidas interferencias y permitiendo su debate a partir de las ideas, como corresponde en un Estado que protege el pluralismo político y la participación democrática, tal vez, hoy día, otra sería la situación de una institucionalidad que se encuentra seriamente agrietada y poco respetada por una sociedad que no cree en la honestidad de sus dirigentes'.

En el análisis del voluminoso expediente, la Corte determinó cómo, siguiendo instrucciones del entonces presidente Álvaro Uribe, el ex secretario de la Presidencia y los ex ministros de Protección Social y del Interior dispusieron del poder que les otorgaban sus cargos para pagar, con nombramientos, el voto favorable de la exrepresentante Medina y la ausencia de Avendaño en la votación de aquella madrugada.

Para la Corporación, si bien el Acto Legislativo aprobado por el Congreso obtuvo el respaldo de la Corte Constitucional por no violar la Carta Política, desde el punto de vista formal, el trámite legislativo 'se logró gracias a la acción concertada de altos funcionarios del Gobierno, quienes acudieron a prácticas corruptoras frente a dos congresistas de nivel académico básico, pobre estructura intelectual, pero vasta ambición de reconocimiento'.

En su decisión, la Corte concluye que 'los tres acusados actuaron mancomunadamente, guiados por el mismo propósito: procurar disipar el quórum de los 18 congresistas que apoyaban la solicitud de archivo, y prevalidos de su condición de miembros del equipo de Gobierno y conocedores del interés que el Presidente de la República tenía en que la reelección presidencial cumpliera satisfactoriamente el trámite legislativo en el Congreso, le hicieron ofrecimientos a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño de los cargos que podían estar disponibles, para asignárselos en pago, a la primera, con el fin de realizar un acto contrario a sus funciones y, al segundo, para que lo omitiera'.

Lo que hicieron

En relación con el exministro Pretelt de la Vega, la Sala Penal encontró demostrada su responsabilidad frente al cumplimiento de prebendas dadas a Yidis Medina, las cuales se concretaron en la Notaría Segunda de Barrancabermeja y un cargo en el Ministerio de Justicia para su amigo César Guzmán. A Teodolindo Avendaño le asignó la Notaría 67 de Bogotá, donde fue nombrado Luis Camilo O’meara, quien se prestó para la compra de ese despacho.

A Diego Palacio se le demostró la contratación de Vania Constanza Castro Varona, nuera de Teodolindo Avendaño, para atender asuntos de Foncolpuertos en la ciudad de Cali, al igual que el ofrecimiento de la notaría que, un año más tarde, le entregó Pretelt de la Vega. Así mismo, el ofrecer a Yidis Medina la dirección de la Clínica Primero de Mayo, de Barrancabermeja, donde fue nombrado el ingeniero químico Carlos Correa Mosquera.

Entre tanto, Alberto Velásquez Echeverri fue condenado por un solo delito de cohecho: el nombramiento de Jairo Plata Quintero como coordinador para el Magdalena Medio en la Red de Solidaridad Social, compromiso adquirido con Yidis Medina después de la charla privada que sostuvo el 2 de junio de 2004 con el entonces Presidente de la República.

Pretelt y Palacios también deberán pagar una multa de 167 salarios mínimos; Velásquez, 83.

Se entregaron Pretelt y Palacio

Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, quienes durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ocuparon los ministerios de Interior y de Salud, respectivamente, decidieron no eludir a la Justicia y entregarse a las autoridades, pocas horas después de conocer la sentencia que la Corte Suprema de Justicia emitió contra ambos. Palacio se entregó ante funcionarios del CTI de la Fiscalía en su residencia, ubicada en el norte de Bogotá. El exfuncionario público fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad al búnker de la Fiscalía, a la espera de que se defina su lugar de reclusión. Por su parte, Pretelt de la Vega se entregó en Cartagena ante un grupo de agentes de la Fiscalía, sin mostrar resistencia. El exministro será trasladado hoy a Bogotá, para luego ser enviado a una cárcel.

Velásquez se pronuncia

Por medio de una carta enviada desde Estados Unidos, el ex secretario general de la Presidencia Alberto Velásquez afirmó que 'con inmensa sorpresa' recibió la noticia acerca de la condena que le impuso la Corte Suprema de Justicia a él y a los exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt de la Vega. Agregó que 'soy inocente de los cargos por los que me acusó la Fiscalía, los mismos por los que la Procuraduría me absolvió hace 5 anos, y fui condenado en un juicio en el cual el único testigo en mi contra fue Yidis Medina, de cuestionada credibilidad'. El ex alto funcionario del Estado indicó que pronto viajará a Colombia para defenderse de los señalamientos que pesan sobre él. 'Próximamente regresaré al país a ponerme a la orden de la Justicia, como corresponde al respeto que siempre he tenido por las instituciones'.