La reforma al equilibrio de poderes ha sido presentada por el Gobierno como una solución a la crisis que vive la justicia en el país. Sin embargo, desde el inicio de su trámite por el Congreso es objeto de constantes críticas y polémicas.
El Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y el Colegio de la Judicatura han expresado reparos frente al proyecto que modifica, entre otras cosas, la forma en que los magistrados son juzgados y la manera como se administra la justicia.
Acompañamiento de la ONU. Para el Consejo de Estado la reforma es 'reactiva y coyuntural', ya que responde más a la opinión que a los valores de la constitución.
'La reforma avanza en forma desafortunada en aspectos relacionados con la administración de la justicia, que habrán de afectar sensiblemente la autonomía e independencia de la Rama Judicial', manifestó el alto tribunal.
Debido a estos reparos la Sala Plena del Consejo de Estado le solicitó al Relator Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU que acompañe lo que resta del debate de la reforma y urge al Gobierno que formalice esta invitación.
Impunidad en los procesos. Por su parte el Colegio de la Judicatura de Colombia ha sido consistente en sus reparos frente a la reforma y anunció que enviará una carta a la Comisión Primera de la Cámara -que estudiará el proyecto en séptimo debate- para que revisen el artículo que podría traer impunidad sobre los procesos que actualmente están siendo estudiados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pronta a desaparecer una vez se apruebe la reforma y que será reemplazada por la Comisión de Aforados.
'Lo que va a pasar apenas se apruebe en el último debate es que los procesos que hay en la Comisión quedarán en el limbo porque la reforma no establece que la célula legislativa quede con esa competencia, pero tampoco indica que la Comisión de Aforados pueda tenerla. Hay un vacío legislativo que afectará el curso de esos procesos', alerta el magistrado Jorge Gaitán.
¿Quién juzga a los nuevos magistrados?. El Consejo Superior de la Judicatura, organismo que desaparecerá después de aprobada la reforma, también aportó críticas al proyecto, el cual, para su presidente Wilson Ruiz, 'no deja claro cuál es el órgano que investigará a los nuevos magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quienes serán los encargados de procesar a los servidores judiciales'.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial reemplazará al actual Consejo Superior de la Judicatura, cuya Sala Jurisdiccional Disciplinaria estudia '175 sentencias cada semana, con 25 ponencias por magistrado, en cada sala plena, lo que representa más de 700 fallos mensuales y unos 40.000 procesos disciplinarios en todo el país'.
Para Ruiz, estos procesos no pueden quedar en el limbo, 'porque la ciudadanía necesita de una respuesta oportuna en cada una de estas investigaciones', y en la actual reforma no hay claridad de qué pasará con ellos.
