El Polo Democrático demandó ayer ante la Corte Constitucional siete disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo, entre ellas el artículo 173, que contiene una excepción a la prohibición de no llevar a cabo explotación minera y exploración y explotación petrolera en páramos.
Según las denuncias del senador Iván Cepeda, hay 448 títulos mineros en 26 de los 32 páramos del país: 'estas concesiones mineras ocupan más de 118 mil hectáreas, y este es un grave atentado contra los recursos naturales, especialmente el agua'.
También busca la colectividad amarilla que se declare la ilegalidad de los artículos 20, 49, 50, 51 y 52, que reglamentan los Proyectos de Interés Nacional Estratégicos, Pine, y que prohíben la restitución de tierras en predios en los que se desarrollen estos proyectos, ya que actualmente hay 68 en el territorio nacional. 'Se desconocen los derechos de las víctimas del despojo de tierras, porque por ejemplo privilegia a una Vía 4G a la restitución de tierras', indicó el representante Alirio Uribe.
Finalmente, el partido de izquierda demandó el artículo 20, que amplía la figura de concesión minera de las Áreas de Reserva Estratégicas Mineras y crea las de reserva para la formalización y para el desarrollo mineros energético.
Para los demandantes, se viola la protección de los trabajadores agrarios y la producción agropecuaria.
'Son las comunidades las que deben decidir si le dan vía libre a la minería o no, y cómo lo hacen, o si deciden darle otros usos a loa territorios, porque sobran las pruebas de los graves impactos que genera la minería', indicó el senador Alberto Castilla.
