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La reforma al equilibrio de poderes tendrá esta semana su prueba final en el Congreso de la República, cuando el texto conciliado el pasado miércoles sea puesto a votación de la plenaria del Senado.

El proyecto, que inició su trámite por el órgano legislativo en 2014, tuvo un impulso significativo después de ser anunciado por el presidente, Juan Manuel Santos, el pasado 25 de marzo, que se aprovecharía 'para que la política no participe en la selección de magistrados y jueces'.

De esa forma, se convirtió en la bandera del Gobierno para sortear la crisis institucional y de justicia desatada por el escándalo de la Corte Constitucional a causa del caso Fidupetrol, e introdujo cambios estructurales fundamentales en el funcionamiento político y judicial del Estado.

Acaba las reeleccones

La columna vertebral del proyecto inicialmente era eliminar la reelección presidencial, introducida en el país por medio de un acto legislativo aprobado en el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Con la reforma se vuelve al modelo original que la Constitución delimitó para la figura de la presidencia, pero da un paso mas allá y coloca un blindaje para hacer más complejo revivir la figura de la reelección. 'No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia', dice el artículo 9 de la reforma, y agrega: 'La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente'.

Así mismo, la reforma imposibilita la reelección del Procurador General, el Fiscal, el Defensor del Pueblo, los magistrados de todas las altas cortes y los integrantes del Tribunal de Aforados.

Restringe Poderes

Un aspecto importante de la reforma son los controles para quienes detentan altos cargos dentro del Estado. Así, por ejemplo, los magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Concejo de Estado y la recién creada Comisión Nacional de Disciplina Judicial, tendrán que esperar un año para ser elegidos en alguna otra magistratura e incluso para cargos de elección popular. La misma inhabilidad regirá para el fiscal, procurador, defensor y contralor.

Dentro del paquete de medidas anunciadas en marzo por Santos para 'despolitizar' la justicia, estaba incluido acabar con la llamada 'puerta giratoria' y el 'yo te elijo, tú me eliges', que mediante la prohibición contemplada en el artículo 2 de la reforma, modifica el texto constitucional en su artículo 126 de la siguiente manera: 'Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente'.

El vicepresidente deberá renunciar un año antes a su cargo si desea lanzarse a Presidente.

Cambios en lo político

El proyecto trae consigo cambios que transformarán el mapa político a patir de las elecciones de 2015, cuando entran a regir la mayoría de estas medidas.

La primera de ellas es la garantía de representantividad que los segundos en las elecciones uninominales tendrán en sus respectivas corporaciones públicas, es decir: los segundos a presidente y vicepresidente, tendrán una curul en el Senado y en la Cámara, respectivamente. Igual será para los segundos en la elección a alcaldes y gobernadores, a quienes se les garantiza una curul en el Concejo o Asamblea, según sea el caso.

Dentro de los cambios políticos también se encuentra la designación de una curul en Cámara de Representantes para los raizales de San Andrés y Providencia, y una para los Colombianos en el exterior.

De la misma manera se establece la paridad (entre hombres y mujeres) en la conformación de las listas de los partidos a corporaciones públicas, medida que será implementada progresivamente.

Se posibilita que los partidos pequeños formen listas por coalición, facilitándoles competir frente a los partidos mayoritarios.

Será aplicada la 'silla vacía' a los partidos cuyos candidatos sean procesados por cargos de corrupción.

Jueces para los jueces

La Comisión de Aforados, que reemplaza a la Comisión de Acusaciones, estará integrada por un Tribunal de cinco miembros 'elegidos por el Congreso en Pleno para periodos de 8 años, de listas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial y elaboradas mediante convocatoria pública adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial en los términos que disponga la ley'. Este Tribunal será el encargado de investigar y acusar a los magistrados y al fiscal, en primera instancia ante la Cámara (que tendrá un plazo de 30 días para fallar sobre las acusaciones) y en segunda instancia en el Senado.

SIN FUEROS

Únicamente el Presidente de la República y los miembros de Tribunal de Aforados serán juzgados por el Senado. El vicepresidente, según lo señala el artículo 6 de la reforma, será juzgado por la Corte Suprema de Justicia. De la misma manera el procurador, el contralor y el defensor del pueblo, fueron excluidos de la competencia de la Comisión de Aforados.

La última prueba

Después de culminar su trámite en el Congreso, la reforma deberá superar el control de la Corte Constitucional, que debe fallar bajo el atenuante de las demandas que el Fiscal y sectores del Centro Democrático han anunciado.

Sistema de Administración

Elimina el Consejo Superior de la Judicatura.

Se crea un Consejo de Gobierno Judicial, encargado de administrar la Rama Judicial, integrado por nueve miembros divididos así: Los presidentes de las cortes, el gerente de la Rama Judicial (quien deberá ser profesional con veinte años de experiencia y será nombrado para un periodo de cuatro años), un representante de los tribunales, un representante de los empleados de los juzgados, tres miembros permanentes de dedicación exclusiva nombrados por los demás miembros del Consejo de Gobierno Judicial, para un período de cuatro años. Requisito para ser magistrado de una alta corte: 15 años de experiencia. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama.