En su cuarto y último debate reglamentario, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó ayer la denominada Ley Anticontrabando, que endurece las penas contra quienes cometan este delito.
El proyecto, además, establece un régimen sancionatorio común para los departamentos y el distrito capital de Bogotá, encargados de recaudar y administrar los recursos del impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y licores.
Al respecto, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, la cienaguera Cecilia Álvarez-Correa, calificó el avance legislativo como 'un importante logro para la industria colombiana', y añadió que el país cuenta ahora con herramientas más efectivas para atacar esta actividad ilegal.
Al término del trámite congresional, la titular de la cartera de comercio, al advertir que este flagelo afecta la competitividad y el empleo, indicó que 'el contrabando en Colombia es de tal magnitud que vale 2 puntos del PIB y corresponde a 10% de las importaciones'.
Se estima, de acuerdo a las cifras oficiales, que el contrabando representa más de 6 mil millones de dólares e impide la generación de al menos 100 mil empleos formales.
Fortalece a la Dian
Según la alta funcionaria, el proyecto también fortalece institucionalmente a entidades como la Dian, la Policía Fiscal y Aduanera y la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, para facilitar la persecución del contrabando y el lavado de activos.
La Uiaf, por ejemplo, tendrá facultades de intervención del Estado con el fin de detectar prácticas asociadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo y las conductas relacionadas con la defraudación en materia aduanera.
Además, aseguró Álvarez-Correa, otorga la Ley Anticontrabando nuevas herramientas a los organismos del Estado y mejora su articulación para combatir este delito, asociado a estas actividades de financiación del terrorismo y el lavado de activos, producto del narcotráfico.
Las medidas
De acuerdo al articulado, se tipifica como contrabando el ingreso ilegal de mercancías por un valor superior a los 30 millones de pesos, y acarreará cárcel de 4 a 16 años y multas de entre 200 y 300 por ciento sobre el valor del contrabando, que deberán pagar también quienes ayuden a que se cometa el punible.
Igualmente, se tipifica el contrabando de hidrocarburos, su favorecimiento y facilitación a partir de 20 galones, con penas de hasta 16 años y multa hasta de 1500 salarios mínimos.
El proyecto propone endurecer además las penas para delitos como fraude aduanero y favorecimiento por servidor público.
No es contra comerciantes
Según el director de la Dian, Santiago Rojas, esta ley 'no va en contra de los comerciantes sino de los grandes cabecillas del contrabando en Colombia'.
El alto funcionario, quien reconoció la existencia de unas 20 grandes bandas de contrabando en el país, recordó que las zonas de frontera y los puertos son los más permisivos frente a la comisión de este delito.
Así las cosas, el proyecto, que ya había sido hundido en anteriores oportunidades, deberá ir hoy a conciliación para su posterior sanción presidencial, y quedar entonces convertido en ley.
Protesta de informales
Más de cuatro millones de comerciantes informales de Colombia se verán afectados por la ley anticontrabando que está en trámite en el Congreso, denunció la Federación de Sanandresitos de Colombia (Fesacol).
'Somos más de cuatro millones de pequeños comerciantes en todo el país y es imperativo que nos dejen añadir y agregar puntos a este proyecto de ley que nos afecta directamente', dijo a el presidente de Fesacol, Albeiro Camacho.
Para manifestar su disconformidad con el proyecto de ley, Fesacol impulsa una marcha a nivel nacional, que se llevará a cabo hoy en Bogotá y otras ciudades del país, a la que han sido convocados comerciantes de los cerca de cien sanandresitos que existen en Colombia.
Según Camacho, tan solo en el Sanandresito de la 38 de Bogotá hay más de 13.000 empleos directos que corren el riesgo de desaparecer si se aprueba el proyecto de ley tal como está.
'Los comerciantes no se oponen a ley sino que están en la pugna porque se abran espacios deliberativos en los que se generen consensos sobre la puesta en marcha de este proyecto y que sea socializado con el comercio formal e informal', agregó.
