Audes Jiménez dice haber tenido que pedir dinero a su familia y amigos para poder llevar a cabo su campaña a la Asamblea del Atlántico. No obstante, asegura que a diferencia de la austeridad que caracteriza su campaña, 'hay otras que ponen grandes vallas que pueden llegar a costar 8 millones de pesos. Cuando comienzas a sacar cuentas te preguntas de dónde están sacando tanto'.
En este sentido, la financiación de campañas electorales en Colombia puede ser permeada por intereses privados, pues si bien son en su mayoría cubiertas por el Estado, la normativa permite la entrada de dineros externos.
Para Jiménez, 'la gran mayoría de candidatos tiene poca probabilidad de actuar. En el caso de los puestos del ejecutivo deben, incluso, poner en cargos a quienes les apoyaron, por lo que tienen dificultad para desarrollar sus programas'.
El Consejo Nacional Electoral, mediante las resoluciones 1027 y 1028 del 2015 ha establecido los llamados topes, los cuales determinan el máximo de dinero que los candidatos y partidos políticos podrán invertir en sus campañas.
En el caso del Departamento del Atlántico, la suma que podrá ser gastada para las próximas elecciones por los candidatos a la Gobernación es de $3.400 millones. Teniendo como base los resultados de las elecciones locales del 2011 en el Departamento, a un gobernador electo que gane con 340.000 votos, como fue el caso de José Antonio Segebre, le será reembolsado por el Estado solo $1.000 millones. Es decir, el tope planteado por las autoridades electorales triplica la financiación estatal por reposición.
La situación no es diferente para aquellos que aspiran a la Alcaldía de Barranquilla, pues podrán gastar hasta $1.700 millones. Un alcalde electo con la votación que obtuvo Elsa Noguera (227.349) recibirá por parte del Estado 400 millones de pesos, un monto que, de llegar a gastar la suma máxima, solo representaría el 24% de la misma.
La posición de los Partidos. Es importante resaltar que todos los partidos han afirmado que el monto restante entre el cubrimiento estatal y los gastos totales es asumido por los mismos candidatos, personas que de llegar a ser gobernadores de un departamento como el Atlántico, o alcaldes de un Distrito como Barranquilla, ganarían un máximo anual de $154 millones.
El senador del Centro democrático Jaime Amín asegura que su partido está 'adelantado una campaña austera' pero hace un llamado a las autoridades, pues afirma que el partido 'se muestra asombrado por la cantidad de dinero, incluso oficial, proveniente de la mermelada, en campañas de otros partidos'.
Al respecto, el también senador Miguel Amín, del Partido de La U, se mostró en desacuerdo con las afirmaciones del congresista del Centro Democrático.
'Las votaciones que se hacen departamentalmente no tienen nada que ver con la mermelada'. Por otra parte, Mauricio Gómez, representante liberal, sostiene que 'el Estado debería financiar las campañas para evitar compromisos que la gente contrae'.
Lo cierto es que en los estatutos de los partidos es recurrente la deducción de dineros por reposiciones para los candidatos. En casos como el Polo Democrático y el Conservador, con un 10% o 15%, o la Alianza Verde, La U y el Liberal, que recogen para la corporación el 20%.
Aproximadamente un 80% de los recursos de reposición son dados a los candidatos, pero incluso con estos no lograrían cubrir los gastos de campaña, por lo que, en palabras del senador Miguel Amín, 'el candidato asume con recursos propios, de amigos o gente conocida que le pueda prestar dinero para su campaña'.
La financiación en democracia. Frente a esta situación, el doctor en Ciencia Política Carlos Guzmán asegura que 'la democracia no tiene precio, pero sí tiene un costo de funcionamiento. En tal sentido, debemos entender que el financiamiento político es parte de la vida normal de la democracia', dijo.
Sin embargo, de no existir o introducir adecuadas regulaciones, se producirían serias distorsiones en esta, en la medida en que la disponibilidad de mayores recursos y fuentes de financiación puede limitar la competitividad entre los partidos políticos y conferir a ciertos individuos o grupos una posibilidad diferenciada de participar en las elecciones y ejercer su influencia.
Lo anterior, derivaría, en no pocos casos, en el desencadenamiento de la aún más aludida limitación financiera de los partidos, y la inclusión de arbitrariedades y favoritismos hacia los ‘financiadores’ de la política, lo que se traduciría en una captura del Estado por parte de estos durante el gobierno de sus financiados'.
