Las pasadas elecciones locales volvieron a evidenciar en Barranquilla las profundas fallas del sistema electoral y revivieron la recurrente discusión en la agenda política del país sobre la necesidad de una urgente reforma a las normas que las rigen.
Los hechos presentados durante el proceso de escrutinios en el Atlántico y su capital, donde por poco en la Comisión Escrutadora Auxiliar 34 se configura un fraude electoral con las alteraciones en las votaciones de dos candidatos al Concejo y uno a la Asamblea, ameritaron la intervención del CTI de la Fiscalía y el decomiso del material electoral del Distrito y encendieron las alarmas sobre la vulnerabilidad de las elecciones frente a las amenazas de fraude.
Otra vez las voces de líderes políticos se alzaron pidiendo un cambio en el sistema electoral. Sin embargo, esta petición no ha logrado concretarse por falta de voluntad política.
La Misión de Observación Electoral, MOE, recuerda que alrededor de 80 intentos de reforma al Código Electoral se han presentado desde su expedición en 1986, cinco años antes que la Constitución de 1991.
Este atraso normativo es señalado por las mismas autoridades electorales, como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, CNE, como la principal debilidad del sistema ya que, en palabras del magistrado de este tribunal Felipe García, 'el Código Electoral está hecho para unas elecciones que no son las de hoy en día'.
Más allá de la antigüedad del Código y de la pertinencia de las leyes 130 del 94 y 1475 de 2011 que regulan el funcionamiento de los partidos políticos, el consenso entre las autoridades electorales es que una reforma integral debe abordar, por lo menos, cuatro puntos fundamentales: delimitar los tipos penales de los delitos electorales, establecer una nueva estructura en el poder electoral, modificar el sistema de partidos y modernizar el proceso de votación y escrutinios.
TIPOS PENALES
Para la MOE las elecciones evidenciaron muchos vacíos normativos con respecto a la aplicabilidad de las sanciones frente a los delitos electorales.
La falta de claridad en los tipos penales hace que combatir flagelos como el de la trashumancia y la compra de votos se haga más complejos.
'Por ejemplo, la definición de residencia electoral según las leyes electorales está dada por el lugar donde se vive o se tienen negocios económicos, pero según el Código de Policía la residencia también la da el arraigo, es decir haber nacido en un territorio, y esto vuelve muy difícil judicializar la trashumancia', afirma Fabián Hernández, coordinador de comunicaciones de la MOE.
Hernández sostiene que esta debilidad de los tipos penales opera para la mayoría de delitos electorales y evita el accionar rápido y oportuno de las autoridades. 'Los delitos electorales están escritos de una forma hay modernizar, ajustar y poner a trabajar mejor', señala.
Otro ejemplo es la restricción de las autoridades de actuar con inmediatez 'si capturan a gente el día de las elecciones con una cantidad de plata, sabiendo que puede ser usada para delitos electorales, no se le puede imputar nada electoral. Se puede imputar como presunto lavado de activos o como enriquecimiento ilícito hasta que no se demuestre que esa plata viene de un buen lugar, pero no hay una manera de vincular ese dinero a lo electoral'.
Es por esto que concluye: 'Todas las leyes están construidas para un fraude electoral muy moderno'.
PODER ELECTORAL
Entre la Registraduría y el CNE se constituye el llamado ‘poder electoral’, que tiene a este último como máximo organismo. No obstante, desde el interior de esta entidad trabajan en una reforma.
Para el magistrado García, vicepresidente del CNE, dicha reformar debe partir de tres puntos fundamentales, el primero es separar el manejo de la identificación de las personas y del censo electoral, ambos a cargo de la Registraduría, lo cual califica de 'totalmente atípico', ya que en la mayoría de países una entidad maneja el archivo de identificación y la Registraduría se encarga del censo.
En segundo lugar señala la necesidad de modificar la forma de escoger a los magistrados del CNE, que son postulados por los partidos con representación en el Congreso y escogidos por el Parlamento en pleno. 'El CNE es el máximo órgano para vigilar y sancionar a los partidos políticos y las campañas electorales, y si sus magistrados, que son los que van a vigilar y sancionar a los partidos vienen de esos partidos, por lo menos plantea un manto de duda sobre su imparcialidad', opina.
García afirma que una forma de corregir esto sería que los magistrados no fueran postulados por los partidos políticos, aun cuando sean escogidos por el Congreso.
Un tercer aspecto lo constituye la falta de autonomía del CNE, que parte de su incapacidad de tomar decisiones más allá de las sanciones administrativas, competencia que comparte con la Sección Quinta del Consejo de Estado que funciona casi exclusivamente para resolver casos de nulidad electoral.
'¿Se justifica tener dos órganos?', pregunta García y plantea como alternativa 'acabar el CNE y abrirle a la Sección Quinta del Consejo de Estado dos subsecciones, una judicial y otra administrativa, o cerrar esta y pasar sus funciones al CNE, quedando este como una corte electoral con tribunales departamentales. Eso lo haría mucho más eficiente y con más autonomía'.
Sobre esta última posibilidad está en marcha un trabajo coordinado por el PNUD, con foros y encuentros académicos, con miras a una reforma del poder electoral.
PARTIDOS POLÍTICOS
Es casi un consenso entre las autoridades electorales que el voto preferente en Colombia –poder votar por partido y candidato– no ha sido provechoso para la democracia. Así lo sostiene el ex registrador nacional Orlando Abello al señalar que 'las normas electorales, como están escritas, facilitan la trampa a la democracia y al sistema electoral'.
Para Abello el voto preferente y el modelo de listas abiertas debe ser suprimido y califica como 'un error' haber dejado en libertad a los partidos para que decidieran su propio sistema electoral.
'Si se quiere tener un verdadero fortalecimiento de los partidos políticos hay que eliminar el voto preferente', enfatiza.
De esta manera, según el ex registrador, los partidos se verían forzados a utilizar mecanismos democráticos, como las consultas internas, para escoger la conformación de sus listas. Estas consultas, dice Abello, deben ser restringidas y únicamente para los militantes de cada partido.
El magistrado García concuerda con Abello al afirmar que 'el problema con las listas abiertas es que el gran enemigo del candidato es su compañero de lista. Parte de lo que hacen complejos los escrutinios son las listas abiertas'.
García plantea que se debe avanzar en un registro centralizado de los militantes de cada partido, otorgándoles la libertad a los ciudadanos de afiliarse o desafiliarse de un partido o movimiento libremente. 'Esto obliga a tener una comunicación más constante entre la autoridad electoral y los partidos', opina.
MODERNIZAR EL SISTEMA
'Tenemos un Código Electoral que es un Decreto de 1986 escrito para unas elecciones de mediados del siglo 20, que tiene unas causales de reclamación totalmente absurdas y que hacen los escrutinios más inoperantes. A ese Código hay que darle eterna y digna sepulta', manifestó García.
Para el magistrado buena parte del problema es que cuando se intentan reformas ambiciosas lo que sucede es que en la práctica se hunden. 'Y se hunden porque los políticos dicen: las leyes que hay fueron las que me sirvieron para elegirme, pero si las cambio tal vez no me sirvan para reelegirme'.
Sumado a esto hay una serie de herramientas tecnológicas como la aplicabilidad total de la biometría y el voto preferente que permitirían 'manipular lo menos posible el material electoral'.
Sobre esto hay consenso entre la MOE, el CNE, y el exregistrador Abello, aunque este último defiende con mayor vehemencia el voto electrónico, del que asegura 'eliminaría casi en un 100% los delitos contra el sufragio; y lo que es más significativo es que convertiría en una democracia real lo que es ahora tan solo una democracia formal'.
Para la MOE, sin embargo, es más relevante ahondar en la biometría, que permite identificar al ciudadano que vota y evita la suplantación, ayudando a combatir la compra de votos y la trashumancia.
Oportunidad de la paz
Las fuentes consultadas señalaron que los acuerdos de paz que se logren en La Habana y la necesidad de implementarlos podrían dar el clima político para realizar una reforma de gran envergadura. El punto dos de lo acordado en Cuba, que habla sobre participación política, plantea reformas al sistema electoral que tendrán que hacerse para permitir la entrada de los nuevos partidos políticos que se creen después de desmovilizadas las Farc. Esta, según el magistrado y vicepresidente del CNE, Felipe García, 'es una buena oportunidad y de hecho parte de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de cara a eso'. Las reformas que plantea el punto dos no son muy profundas, pero, so pretexto de la paz, crean el ambiente para que el Gobierno nacional se encargue de impulsarlas en el Congreso.
