Los escándalos por los que condenaron a los uribistas Alberto Velásquez, Sabas Pretelt y Diego Palacios, los dos últimos exministros, y las dádivas entregadas a congresistas, desde notarías hasta manejos burocráticos de diferentes entidades públicas, para que aprobarán la reelección presidencial, llevaron al exmagistrado Jaime Araújo Rentería a demandar dicha reforma al considerarla ilegal.
La demanda fue interpuesta ante la Corte Constitucional, cuya sala penal inició el estudio del caso y designó al magistrado Gabriel Eduardo Mendoza como ponente.
La reforma demandada está contenida en el Acto Legislativo 02 de 2004 que dio vía libre a la reelección, de la que se han beneficiado los presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón.
