Durante el acto de conmemoración de los 130 años de la Universidad Externado, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que en el mecanismo de justicia transicional tras el proceso de paz con las Farc 'no habrá impunidad y los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad serán investigados, juzgados y sancionados'.
Aseguró el jefe de Estado, además, ante críticas de Amnistía Internacional, advertencias de la Corte Penal Internacional y hasta llamados de atención del papa Francisco, que 'será una justicia para la paz, que respete estándares internacionales y se enmarque en nuestra Constitución', y agregó que 'aquí se aplicará una justicia punitiva, reparadora y restauradora'.
Afirmó igualmente que no habrá amnistía para los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y, en general, las violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Y recordó en este sentido: 'es la primera vez en la historia de la resolución de conflictos armados con grupos insurgentes que no se otorga una amnistía general, sino que los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad deberán ser investigados, juzgados y sancionados'.
Explicó de nuevo que las sanciones serán impuestas por un tribunal independiente e imparcial integrado por magistrados de las más altas calidades; que su ejecución practica estará sujeta a un régimen de seguridad y vigilancia, y que habrá monitoreo continuo de órganos nacionales o internacionales. Los magistrados de dicho tribunal, agregó, no serán sugeridos ni nombrados por ninguna de la partes, sino que su designación será hecha por terceros que tengan un gran reconocimiento y legitimidad nacional e internacional.
'Los miembros de las Farc que reconozcan que participaron en los crímenes más graves y representativos estarán sujetos a sanciones, impuestas por el Tribunal de Paz, con una restricción efectiva de la libertad entre 5 y 8 años, complementada con la obligación de realizar obras y trabajos en beneficio de las víctimas', indicó Santos, y precisó que estos beneficios solo se darán a quienes 'reconozcan públicamente su responsabilidad en tales crímenes, ofrezcan verdad detallada sobre los delitos cometidos, y participen en las medidas de reparación y no repetición, incluyendo el compromiso de no volver a delinquir'.
De lo contrario, advirtió, 'si no reconoce toda la verdad y responsabilidad en todos los delitos en que participó, la sanción puede llegar a ser hasta de 20 años de prisión', y dejó en claro que cualquier delito que se cometa posteriormente al proceso de paz, va a la justicia ordinaria y se sujeta a las normas ordinarias. Además, según el delito, podrá ser extraditado el guerrillero.
Y tras las reconvenciones que recibió el proceso en los últimos días, concluyó: 'ni en Sudáfrica, ni en Irlanda del Norte (…) se logró que los responsables de graves delitos se sometieran a la justicia para ser sancionados'.
