Después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de avalar como dosis mínima para el porte y consumo de drogas la dada por la 'necesidad de la persona', siguen despertando voces a favor y en contra del fallo.
El senador liberal, Juan Manuel Galán, autor de la Ley que despenaliza el uso de marihuana para fines medicinales y científicos, lamentó este viernes la 'indignación' de algunos sectores del país por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que amplió la dosis mínima que pueden tener para su consumo los adictos a las drogas.
'Algo que me causa sorpresa, y me refiero a ese grado de indignación de varios sectores de opinión, tiene que ver que no indigna igual el empleo de alcohol en nuestro país', como el de drogas expresó Galán.
El tribunal explicó que 20 gramos de marihuana, que es la dosis permitida por la legislación colombiana, son insuficientes para algunos adictos, por lo que quienes porten cantidades superiores a la mínima no podrán ser llevadas a la justicia siempre y cuando demuestren que son consumidores.
Galán aseveró que el alcohol es uno de los grandes problemas que tiene Colombia y recordó que cifras del Estudio Nacional de Consumo de sustancias psicoactivas señalan que uno de cada cuatro jóvenes entre 11 y 18 años ingiere alcohol.
El senador del Partido Liberal también defendió la labor del Congreso que aprobó leyes para reconocer que la adicción a las drogas son enfermedad y que los adictos deben recibir tratamiento médico.
Por su parte, el senador del Centro Democrático, Jaime Amín, se manifestó desde el Congreso frente a la decisión de la CSJ, la cual calificó de 'insólita' y 'contraproducente'.
A juicio del congresista, esta sentencia desconoce el contexto real del país y en términos generales la ausencia casi total de modelos preventivos y de control social relacionados con el consumo de sustancias prohibidas. 'Aquí pareciera que estuviésemos en la más civilizada de las sociedades donde el Estado, los modelos de prevención y el control social funcionan bien. No de otra manera puede entenderse que la Corte Constitucional cuasi legislando, imponga ahora unos nuevos criterios de porte y consumo en una sociedad cada vez más sometida al trafico criminal de los jíbaros y de los distribuidores de drogas. Una decisión como estas solo beneficia a quienes se dedican al criminal negocio del narcotráfico a costa de la salud y el buen cuidado de la juventud colombiana', recalcó.
