‘Las escondidas’ ha sido el juego de toda la vida de Alberto y Gina, quienes han tenido que ocultar el amor por sus repectivas parejas del mismo sexo. El pasado 7 de abril un nuevo horizonte se abrió frente ellos después de que la Corte Constitucional avalara el matrimonio igualitario. Hoy, más que nunca, están decididos a unir sus vidas para siempre. Sin embargo, aún prefieren mantener anónima su historia de lucha.
Ellos hacen parte del grupo de 12 parejas homosexuales que llevan un proceso de legalización del matrimonio en la organización Caribe Afirmativo; en diversas ocasiones han pedido que se dé trámite a su solicitud por vía judicial o a través de una notaría. Ninguna se ha concretado, unas han sido rechazadas y otras no han obtenido respuesta.
Pese a la dificultad que conlleva validar su reconocimiento ante la ley, hasta el 29 de febrero del presente año se registraron 236 uniones maritales de hecho en la región Caribe, el mayor número lo reportó Soledad con 70 casos, Barranquilla solo tuvo 30. Según datos de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Incluso antes del fallo, en Colombia ya se habían efectuado 55 bodas, 19 en la costa Atlántica. 'En el 2011 hubo una sentencia donde la Corte le dio un plazo de dos años al Congreso para que legislara el matrimonio igualitario, si en ese tiempo no había ley, las parejas del mismo sexo podían casarse. Los dos años se cumplieron en julio de 2013, y muchos empezaron a acudir al matrimonio', explicó Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.
Aquella sentencia no cambió mucho las cosas, jueces y notarios siguieron negando solicitudes de casamiento. En ese momento la Procuraduría comenzó a hacer presencia en los juzgados para pedir la nulidad de los matrimonios, contó Castañeda.
Así inició una 'estrategia de protección' en todo el país que recomendaba a los enamorados no hacer pública su unión, para evitar que jueces se declararan impedidos. De esa forma el amor permanecía entre sombras. El rechazo obligó a muchas parejas a mantener el secreto puertas adentro de su casa.
Pero la sentencia de la Corte dejó en claro tres puntos importantes para que las parejas del mismo sexo no tengan que refugiarse más en el silencio: 'Los matrimonios que se llevaron a cabo antes de la sentencia son válidos, ningún juez ni notario puede negarse a realizar matrimonios de parejas del mismo sexo, y estas uniones deben tener la misma facilidad de acceso que las parejas heterosexuales', afirmó Castañeda.
Después de años de represión la transformación total parece una 'ilusión', dijo Gina. Su unión oficial y tradicional con su esposa es un paso más hacia la igualdad, 'porque quedan aún las miradas de la gente en la calle y el señalamiento de la familia', esa es la historia de ella.
Pero 'esconderse nunca ha sido una opción', agregó Alberto. Y aunque se niega a revelar su verdadero nombre, es consciente de que luego del 'histórico' fallo lo que le falta a la igualdad en el matrimonio es el reconocimiento público que empieza por la propia aceptación.
La boda que volvió a Colombia desde Canadá
Luego de la pedida de mano en familia, la entrega de los anillos adelantó una luna de miel soñada por las costas azules del Caribe. Para el matrimonio formal de Alberto y Christopher en Canadá -país que admite estas uniones- faltaban aún varios meses, diciembre sería el mes ideal.
Pero la sentencia de la Corte cambió todo: Colombia se convirtió en el séptimo país de América en avalar el matrimonio igualitario después de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Uruguay, México y Canadá.
'Todos mis amigos y familiares me llamaban a contarme la noticia. Ellos sabían lo que habíamos pasado para poder oficializar nuestra relación como debe ser. Cuando le conté a Christopher empezaron los preparativos', contó Alberto con evidente emoción.
Esta pareja de 36 y 42 años se conoció a través de una aplicación que uniría a dos culturas diferentes. Entre videollamadas y mensajes surgió un romance que hizo a Christopher volar 2,721 millas para formalizar la relación. Y después de seis meses de viajes decidieron contraer matrimonio.
En Canadá se legalizó el matrimonio entre parejas del mismo sexo en 2005, por eso Christopher no podía entender por qué en Colombia no aceptaban, ni siquiera, la unión marital. Cuando decidieron legalizarla en un juzgado les dijeron que debían tener mínimo un año de convivencia, y por el trabajo en el extranjero era imposible que vivieran juntos en Barranquilla.
Comenzaron, entonces, los preparativos para la visa de Alberto, quien nunca pensó en un casamiento. A sus 20 años, cuando tuvo su primera experiencia homosexual, supo que el camino para una persona con inclinaciones sexuales como las de él sería duro en una sociedad conservadora como la de su ciudad.
No se equivocó. Todavía mantiene oculta su orientación sexual a algunas personas con las que trabajaba en el sector financiero, pero el apoyo de su familia fue incondicional, y su vida salió a la luz desde que administra una discoteca gay en la ciudad.
'Siempre traté de mantener un perfil bajo para poder sobrevivir en sociedad. Pero las generaciones de hoy en día tienen una mentalidad más abierta. Decisiones como las de la Corte hacen que el miedo se vaya yendo, pero todavía sigue siendo difícil para uno ‘salir del closet’, como dicen', afirmó.
La ‘guerra’ contra el rechazo social en busca de un futuro
'Son una plaga, van a destruir a la humanidad. Dios va a castigar a Colombia por esa decisión, vas a ver lo que vendrá al país'. Ese fue el mensaje de texto que recibió Gina de su padre, pero ni eso pudo quitarle la sonrisa en su rostro, el fallo le daría vida a su unión, como ella misma manifestó.
Desde hace un año llegó a vivir a San Andrés, enamorada de una isleña. Partió de Cartagena impulsada por los señalamientos de su propia familia, conservadora y muy religiosa. Con tres años de relación, Gina aceptó la propuesta de su novia de convivir en pareja.
Las cosas en la isla serían diferentes, pensó en aquel momento. 'Es más fácil conseguir trabajo y su familia sabe nuestra condición sexual y la acepta. Pero ha sido realmente duro. Esta ciudad es muy discriminatoria', indicó la joven de 25 años.
La Oficina de Control y Residencia (OCCRE) controla las tasas poblacionales en la isla, para que no sobrepasen su capacidad. Las personas que deseen radicarse en San Andrés y Providencia deben hacer el trámite allí. Eso es lo que ha intentado hacer Gina desde que llegó.
'Pedían certificar una residencia con una pareja nacida en la isla. Cuando fuimos a hacer la gestión nos dijeron que debemos estar casadas. Entonces diligenciamos lo necesario para una unión marital, nos cobraron el doble de lo normal: 350 mil pesos, supuestamente porque para parejas del mismo sexo es más caro. Cuando entregamos los documentos a la Occre nos dijeron que ellos piden matrimonio legal', indicó Gina.
Sin ese permiso no ha podido terminar sus estudios en Trabajo Social, ni tener un trabajo formal. En ocasiones es empleada de servicios en casas y locales comerciales, aunque nunca lo haya hecho antes. Depende económicamente de su pareja de 30 años, quien es vigilante. Y desde entonces no ve a su familia.
'Ellos nunca entendieron que soy lesbiana. Desde los 10 años me siento diferente, y cuando cumplí 17 años que di mi primer beso a una mujer confirmé mi inclinación sexual. Tuve varias parejas a lo largo de los años, todas a escondidas. Hasta que una amiga que estaba enamorada de mí le contó todo a mis papas en medio de un ataque de celos', contó.
Ese día fue el quiebre de su relación familiar. Sus padres tienen creencias cristianas que los alejan de la aceptación de los homosexuales, y su hermano
mayor 'es bastante machista, cuando se enteró casi me mata, me pegó y me intentó ahorcar. No quiero volver a mi casa', declaró.
El fallo de la Corte le abre la puerta a Gina para legalizar su estancia en San Andrés, 'una nueva oportunidad de una nueva vida. Cuando eso suceda le pondré cara a mi historia, mientras, prefiero mi privacidad'.
