En el quinto cumpleaños de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Gobierno la sigue defendiendo y asegura que de 89.498 solicitudes de restitución, se han resuelto 32.532 casos en su etapa administrativa. No obstante, ONGs advierten que solo se han fallado judicialmente 2.943 solicitudes de 87.118 peticiones de devolución de tierras, lo que representa apenas el 3,4% de las reclamaciones. Y si bien es cierto que se han restituido 185.024 hectáreas de tierra a 21.567 colombianos, el Ejecutivo al presentar la ley había dicho que se debían devolver a sus verdaderos dueños al menos 2 millones 400 mil hectáreas y la meta es hacerlo antes de 2021.
Lo innegable de la ley es que se constituye en el primer mecanismo jurídico expedito que tienen las víctimas para acudir a la institucionalidad, a través de un proceso gratuito, con el fin de pedir que les devuelvan las tierras que les quitaron de manera violenta o con argucias legales.
Este proceso consta de dos etapas: la primera es administrativa, mediante la cual la Unidad de Restitución de Tierras resuelve y define los casos que ameritan la devolución de la tierra y la segunda es judicial, en la que los 56 jueces de restitución analizan las demandas presentadas por las víctimas a través de la Unidad y deciden si les corresponde la restitución del predio o no.
EL HERALDO consultó a la Unidad para revisar cómo va el proceso de la devolución de las tierras en el Caribe y comparar el reporte con el de las ONG críticas de la gestión, y todo en medio de la pelea en que se han trenzado varios sectores políticos del país alrededor de la necesaria pero difícil restitución de tierras.
Lo que dice la Unidad
Según las cifras entregadas por la Unidad de Restitución de tierras a EL HERALDO, con corte al 14 de abril en la región Caribe se han restituido, es decir, tienen orden judicial de restitución, 13.701 hectáreas: 4.184 en Córdoba, 3.066 en Magdalena, 2.588 en Bolívar, 1.869 en Cesar, 1.826 en Sucre, 166 en Atlántico, y ninguna en La Guajira.
Del mismo modo, la Unidad reporta que a 31 de marzo pasado han recibido 89.498 solicitudes de restitución, y han finalizado el trámite administrativo de 32.532 solicitudes:
- Atlántico: 415 recibidas y 215 finalizadas.
- Bolívar: 6.314 recibidas y 3.667 finalizadas.
- Cesar: 6.257 recibidas y 3.428 finalizadas.
- Córdoba: 3.181 recibidas y 1.773 finalizadas.
- La Guajira: 408 recibidas y 0 finalizadas.
- Magdalena: 6.182 recibidas y 3.212 finalizadas.
- San Andrés: 1 recibida y 0 finalizadas.
- Sucre: 2.964 recibidas y 2.136 finalizadas.
Lo que dicen las fundaciones
En cambio, de acuerdo a la Fundación Forjando Futuros, que analizó 1.500 sentencias publicadas por la Unidad de Restitución de Tierras y el Consejo Superior de la Judicatura con corte al pasado 1 de abril, solo el 3,4% de solicitudes de restitución han sido resueltas judicialmente en el territorio nacional. Esta cifra refleja que de 87.118 peticiones de devolución de tierras, solo 2.943 han sido falladas en los estrados.
En Córdoba, el departamento del país con mayor número de solicitudes resueltas judicialmente (691) de 3.094 peticiones presentadas, hay un porcentaje de avance del 22,3%. Le sigue Sucre, en el sexto lugar a nivel nacional, con un porcentaje de 3,9%, con 112 solicitudes resueltas de 2.878 presentadas. Luego, en el séptimo puesto, se sitúa Bolívar con un porcentaje de 2,6%, que refleja las 163 solicitudes resueltas de 6.157 presentadas. Y en el décimo lugar aparece Magdalena, con el 1,8%, por las 107 solicitudes resueltas de las 6.021 presentadas.
Los casos más graves son los del Cesar, en el lugar 16, con un porcentaje del 0,78%, a raíz de las 41 solicitudes resueltas judicialmente de las 6.044 presentadas. También, en el puesto 20 aparece Atlántico, con un 0%, por las 350 solicitudes de restitución de las que no se ha resuelto ninguna. Y en el lugar 28, a cuatro de ser el colero de la lista, figura La Guajira, igualmente con 0% de avance, a raíz de que no se ha resuelto ninguna solicitud de restitución de las 417 presentadas.
Al respecto, el director de Paz y Reconciliación, León Valencia, advirtió que 'la restitución de tierras sigue estancada, y ni la orden de la Corte Constitucional al Gobierno para que elabore un plan en seis meses contados desde noviembre de 2015, y así cumplir con la meta de restituir todos los predios despojados en el marco del conflicto antes de 2021, ha logrado agilizar el proceso'.
En medio de todo, el 94% de las solicitudes resueltas en los estrados fueron a favor de las víctimas, y que a estos reclamantes les han sido restituidas 197.927 hectáreas, que representan 2.645 predios -de los cuales 78 son urbanos y el resto rurales-. Entre tanto, los beneficiarios han sido 2.896 mujeres, 2.751 hombres, 7.270 indígenas y 5.472 afrodescendientes.
Determinaron las fundaciones Forjando Futuros y Paz y Reconciliación que 'cinco personas representan el 46% del total de las oposiciones en los procesos judiciales de restitución, es decir, constituyen la oposición de 334 predios: Héver Wálter Alfonso Vicuña, Gabriel Jaime Vásquez Quintero, Gabriela Inés Henao Montoya, Gerardo Escobar Correa y Miguel Enrique Ríos'.
Así mismo, las fundaciones señalaron que entre las 'empresas opositoras en los procesos judiciales de restitución', ya que 'ninguna probó la buena fe' en la adquisición de los predios, se encuentran: 'Argos, Continental Gold Limited, Exploraciones Chocó, Anglogold Ashanti, Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar, Sociedad Las Palmas, Agropecuaria Palmas de Bajirá, Inversiones Futuro Verde, Palmagán, A. Palacios y Todo Tiempo'.
De hecho, el Tribunal de Restitución de Tierras de Cúcuta estableció en una sentencia del pasado 16 de febrero que Argos no compró de buena fe exenta de culpa una parcela de un campesino en El Carmen de Bolívar, y agrega que usó 'diferentes figuras jurídicas' para acumular tierras de desplazados, por lo que además ordenó a la Fiscalía investigar a la cementera.
El fallo resalta que muchas empresas se aprovecharon del impacto de la violencia para hacer sus negocios y por ello no pueden esgrimir simplemente que no sabían lo que estaba pasando con las tierras a que se hicieron.
En el caso de Argos, desde 2102 viene defendiendo que desde 2000 compró en los Montes de María 6.600 hectáreas de tierras a intermediarios que se las compraron por bajísimos precios a campesinos desplazados.
No obstante, los opositores en el proceso de restitución pueden ejercer su derecho de defensa en la etapa administrativa y judicial del mecanismo, y de ser hallados merecedores, se les dan beneficios como el otorgamiento de predios equivalentes, proyectos productivos y compensación económica. De hecho, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, reveló que por lo menos 200 sentencias han sido a favor de compradores de buena fe.
Lo que dicen los jueces
A través de un comunicado, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura informó que los jueces y magistrados de restitución de tierras han proferido 1.686 sentencias, resolviendo 3.426 solicitudes presentadas por la Unidad de Restitución de Tierras.
Tras la orden de restitución de 185.024 hectáreas, 'ya se ha entregado cerca del 80%, lo que constituye una cifra histórica en Colombia'.
Llama además la atención sobre que algunos jueces han sido amenazados y sin embargo siguen ejerciendo 'con todo coraje' su labor.
Los desafíos de la restitución, enumera, son 'la identificación predial, los sistemas de información y la seguridad de los jueces. Los jueces tienen la tarea de caracterizar y darle un tratamiento diferencial a los distintos casos de segundos ocupantes, o sea aquellas personas que accedieron al predio después de que fuera abandonado de manera forzosa por sus legítimos dueños o poseedores iniciales. Entre los segundos ocupantes hay campesinos, empresarios, finqueros; pero también ‘avivatos’ que compraron barato y grupos ilegales'.
La pelea por la restitución: Ordóñez y Lafaurie vs Santos y ministros
La pelea, o al menos el primer pronunciamiento reciente sobre la restitución, se dio desde el 5 de abril pasado, cuando el procurador Alejandro Ordóñez, en Sabanas de San Ángel, Magdalena, manifestó la necesidad de modificar la Ley de Restitución de Tierras, aprobada por el Congreso en 2010, debido a que, según él, 'no respondió o desconoció unas realidades'.
Agregó el jefe del Ministerio Público que 'en muchos casos no se encuentran a los despojadores: se encuentran a terceros ocupantes de buena fe. Entonces se termina haciendo una injusticia porque quedan dos víctimas enfrentadas que es al que se le despojó y al ocupante de buena fe'.
Por lo que propuso 'lograr compensar a ese ocupante de buena fe' y 'abrir la posibilidad de que haya conciliación entre las víctimas'.
También habló el presidente de Fedegan, el samario José Félix Lafaurie, quien afirmó que la restitución 'es la cuota inicial del control territorial de cientos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo colombiano, y no se los vamos a permitir porque los ganaderos nos oponemos'.
Y precisó al respecto a los medios que 'cuando se observa quiénes son los que han apoderado a las víctimas reclamantes se encuentran ONG que tienen contratos con el Estado como la Comisión de Juristas, el Colectivo de Abogados o la Fundación Yira Castro, y que terminaron generando unas dinámicas instrumentalizadas, muchas veces en contravía de la realidad de los hechos'.
El dirigente gremial incluso le dijo a Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, que 'si el asunto de la restitución se le salió de las manos, lo mejor sería renunciar'.
Luego, durante el acto de conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto, el pasado 9 de abril, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que restituir las tierras que perdieron las víctimas del conflicto armado es un primer paso hacia la reconciliación y que no significa entregarle territorio a las Farc: 'La restitución de tierras es un tema de justicia elemental y no debe usarse para dividir al país ni sembrar miedo'.
En la pelea entró el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, al reiterar en una constancia ante la Comisión Segunda del Senado que el pasado 1 de abril la Corporación Jurídica Yira Castro denunció que se venía creando 'un proceso antirrestitución en Chibolo, Magdalena, orquestado por Augusto Castro Pacheco, alias Tuto Castro y Saúl Severini, exparamilitares del Bloque Norte; la familia Cortina Calanche, una persona conocida como el Mono Bedoya, Gerardo Orozco -firmante del pacto de Chibolo-, así como ganaderos del sector de El Difícil y de San Ángel'.
Cepeda une estos hechos con las reuniones celebradas por Ordóñez y Lafaurie y advierte que hay una 'especie de estrategia en contra de los procesos de restitución de tierras', de la que harían parte ambos, junto con algunos congresistas del Centro Democrático y 'beneficiarios del despojo de tierras'.
El día anterior, el ministro de Agricultura denunció ante los medios que Lafaurie le había enviado varios mensajes amenazantes afirmando que 'acabaría' con él 'como fuera': 'me manda razones. La primera es que me iba a fregar, después que iba a acabar con mi honra, después que esto tendrá consecuencias a futuro'.
Lafaurie, por su parte, cuyas diferencias con el ministro vienen desde que le quitaron a Fedegán la administración del Fondo Nacional del Ganado y por la posible venta de Friogán, negó las amenazas y dijo que se trataba de 'retaliaciones del Gobierno'.
A su turno, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el Gobierno protegerá a los reclamantes de tierras de los ejércitos antirrestitución. Cristo señaló que además de las Bacrim, el proceso tenía 'enemigos ideológicos que no les gusta la política de reparación ni restitución de tierras'.
Finalmente, Ordóñez le salió al paso el viernes a los señalamientos que se le hicieron por las reuniones en San Alberto y Sabanas de San Ángel: 'las reuniones fueron previamente preparadas por la institucionalidad. (…) Fue por solicitud de las autoridades locales, que manifestaron las tensiones que estaba generando el tema de restitución en esas regiones. (…) Es mi deber, escucho a los ciudadanos cuando consideran que políticas públicas están afectando determinados derechos. Es mi deber y voy a ejercerlo hasta el último minuto que esté en la Procuraduría'.
