En una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, el procurador Alejandro Ordóñez aseguró que el Gobierno Nacional y las Farc no están revestidos de poderes constituyentes por el ordenamiento jurídico o el pueblo colombiano para 'blindar' lo pactado en los diálogos de paz en la Constitución Política.
Según lo planteado por Ordóñez, si lo pactado en La Habana queda como un Acuerdo Especial, con la firma de este, cualquier mecanismo de refrendación popular sería irrelevante frente a los acuerdos y esto constituiría un 'fraude a la voluntad popular'. Ya que Santos se comprometió a que 'la última palabra la tendrán los colombianos'.
'Usted, señor presidente, y ‘Timochenko’, pretenden que ni siquiera la voluntad del pueblo, expresada a través de los mecanismos que hoy dispone la Constitución, pueda modificar tales acuerdos, tampoco el Congreso de la República ni ahora, ni en el futuro', sentenció Ordóñez en la carta.
'El día de ayer (jueves 12 de mayo) las Farc y su Gobierno notificaron al país que convinieron que el acuerdo final que suscriban tenga la calidad de 'Acuerdo Especial', conforme a las normas del Derecho Internacional Humanitario y que haga parte del bloque de constitucionalidad'. Con eso, asegura Ordóñez, se pretende que la totalidad de los acuerdos negociados y por negociar con las Farc, que son conocidos y desconocidos por la opinión pública, sean integrados como norma a la Constitución, y que lo que plantean se sitúe al mismo nivel de las normas constitucionales e incluso por encima de ellas.
'Buscan que los Acuerdos, por el solo hecho de ser convenidos y firmados por usted (Juan Manuel Santos) y ‘Timochenko’ tengan automáticamente la categoría de normas con fuerza constitucional', dijo.
El Procurador le dijo a Santos que el 'juró respetar la Constitución, no fue elegido para derrocarla y menos para hacerlo de la mano con las Farc'.
Además, en la carta asegura que en nombre del proceso de negociación que se está dando, las partes 'ignoran' al pueblo colombiano y al poder legislativo. Y que esto implica que la mesa de conversaciones de la Habana se reviste de poderes constituyentes que no tienen ordenamiento jurídico o han sido otorgados por el pueblo colombiano.
Aseguró, además, que esa acción 'está al margen de la Constitución y que es incompatible con cualquier régimen democrático', ya que equivaldría a someter de manera dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las Farc y del Gobierno.
Esta es la carta enviada por el Procurador:
