La politóloga Claudia López, senadora por la Alianza Verde, habla sobre el proceso de paz y las discusiones que se han desatado a su alrededor.
El investigador Eduardo Sáenz Rovner reveló recientemente que en 1956 los hermanos Rafael y Tomás Herrán Olózaga, descendientes de dos expresidentes de la república (Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán) y primos hermanos de los Echeverría Olózaga, miembros del más poderoso clan de industriales antioqueños, fueron arrestados en La Habana con un cargamento de heroína. Traficaban con eso desde los años 30. ¿Qué reflexión le causa ese hallazgo precursor de todo lo que acontecería después en torno al narcotráfico?
La expansión y penetración del narcotráfico en Colombia es imposible sin cierto grado de connivencia –cuando no de participación directa– de las élites y, por tanto, de las autoridades. Como lo explica mi buen amigo cartagenero Gustavo Duncan en su más reciente libro, Más que Plata o Plomo, el narcotráfico ha sido vehículo de movilidad social de jóvenes pobres y de clase media y de atornillamiento en el poder de élites privilegiadas. El caso no es aislado: el primer extraditado por narcotráfico desde Colombia a Estados Unidos fue Hernán Botero Moreno, un dirigente empresarial antioqueño, entonces muy reputado. La familia Ochoa, conspicuos miembros de la sociedad antioqueña, tuvieron un papel fundamental en el desarrollo del narcoparamilitarismo en Colombia. Y hay miles de casos particulares de personas con oportunidades económicas, educación privilegiada y pertenecientes a familias ‘divinamente’ que se involucraron en ese negocio tan rentable. Rentable, precisamente, por ser prohibido. La pregunta es si Colombia va a seguir sacrificando a generaciones enteras (de jóvenes pobres y ricos) en una guerra, que toda la evidencia demuestra, es un fracaso que causa más males que los que pretende corregir.
El expresidente Uribe ha propuesto, de una manera enigmática, es decir mediante un tuit y sin explicar sus alcances, una desobediencia civil, una resistencia civil, contra el proceso de paz y los acuerdos que se consoliden en las conversaciones de La Habana. ¿Le parece que deberíamos recibir semejante propuesta como una de esas ligerezas de la política en Colombia, o atribuirle una peligrosa gravedad?
Yo creo que es más producto del desespero de Uribe –y su facción política– por la inminencia de la suscripción de un acuerdo definitivo de paz con las Farc. ¿Por qué ese desespero? Yo creo que es porque sin las Farc, sin el fantasma de la amenaza de una guerrilla comunista, cruel y degradada como ellas, el Centro Democrático y Uribe se quedan sin una bandera política muy rentable. Uribe y Farc son simbióticos, cada uno se justifica y crece a partir del otro. Pero no podemos seguir condenando a miles de jóvenes humildes a morir y quedar mutilados, a mujeres a ser violadas, abusadas y despojadas, a miles de niños a ser secuestrados, reclutados y quedar huérfanos por esta guerra, todo porque a algunos les resulta rentable. Uribe, que es un gran líder político, tendrá que reinventar sus causas; y las Farc tendrán que reinventarse como organización política, y no criminal. La 'resistencia civil' es en últimas la resistencia a dar ese paso de reinventarse, es un esfuerzo inútil por mantener al país atrapado en la guerra, el odio y la polarización.
Usted ha declarado que la fórmula para blindar los acuerdos de paz son una concesión unilateral del gobierno a las Farc. ¿Por qué? Tengo la impresión de que los contenidos del acuerdo no se negocian en la fórmula del blindaje. Porque no habrá blindaje si finalmente no hay acuerdo. El desarme, el plebiscito refrendatario, o cualquier otro asunto de las conversaciones harán parte del acuerdo, que si llegara a existir habría que blindar. Viniendo de quien viene, ¿esa declaración no pone a riesgo un proceso que, sabemos, usted quiere que culmine exitosamente?
Bienvenidos todos los blindajes jurídicos para la paz, pero el real y único blindaje de la paz es la refrendación ciudadana. Que seamos los ciudadanos en las urnas los que aceptemos que estos Acuerdos de Paz nos convienen a todos y por eso los vamos a implementar. Desafortunadamente en el texto del Acuerdo de blindaje se excluyó el compromiso expreso con la refrendación ciudadana. El Gobierno no pudo convencer a las Farc de la refrendación, pero sí cedió en el blindaje jurídico del Acuerdo Especial. Eso me parece un riesgo. Pero confío en que con el compromiso del Presidente con la refrendación, con el aval que espero que dé pronto la Corte Constitucional al Plebiscito por la Paz, se disipen esas inquietudes y podamos hacer las cosas al derecho: Primero se firman los acuerdos, luego se refrendan en las urnas, luego el Congreso los incorpora al orden jurídico y constitucional como un Acuerdo Especial, y finalmente se radica ese Acuerdo Especial en Ginebra y en Naciones Unidas para que la comunidad internacional también sea garante de su cumplimiento. Estoy segura de que al final vamos a lograr que esa ruta se cumpla. El peor camino para la paz es que Uribe se resista a la paz y nosotros nos resistamos a la refrendación ciudadana por el temor al uribismo. Nuestra obligación como generación es dejarles a los jóvenes de hoy y a las futuras generaciones de ciudadanos unos acuerdos legítimos, refrendados y cumplibles. Desde el inicio de este proceso nos comprometimos con los ciudadanos a que ellos tendrían la última palabra sobre estos Acuerdos de Paz y vamos a cumplir. Esta no es la hora de dudas, vivezas y articulitos; es la hora de la certeza, la transparencia y la grandeza para cumplirles a los colombianos y a la paz. ¡Vamos a estar a la altura de ese desafío!
¿Cómo explicaría usted la indudable reticencia de la mitad o más de la opinión pública colombiana a la consecución de la paz? Lo pregunto más allá de los esfuerzos de Uribe, el procurador y en general los sectores de la derecha más radical. Es decir, ¿no es al revés? ¿No será que simplemente Uribe se parece demasiado al país, estableciéndose así identidades fáciles? ¿Y que Uribe dice lo que dice porque sabe muy bien cómo es este país que lo escucha?
La primera parte de su pregunta no es tan cierta: Gallup revela que un eventual referendo tendría un apoyo del 53%, y en la medición de Yanhass llegó hasta el 57%. Entonces, realmente el rechazo es de menos de la mitad de la población. Son comprensibles los resquemores, desconfianzas y hasta los miedos y odios que causan las Farc entre la mayoría de los colombianos. Uribe se ha sintonizado con esos sentimientos, los expresa bien y los ha explotado electoralmente. El Procurador pretende –con mucho menos carisma y liderazgo que el de Uribe– capitalizar lo mismo en las próximas elecciones. Ambos tratan de amarrar al país al pasado para no perder la rentable bandera electoral del odio contra las Farc. Por ese camino están condenados al fracaso, tienen que reinventarse. Colombia va a salir de la guerra, va a salir de las Farc y todos tendremos que reinventarnos como ciudadanos y líderes políticos en un país sin Farc y sin guerra contra las guerrillas. Y eso lo entienden hasta las mayorías urbanas, que hemos vivido de lejos este conflicto y hemos sufrido muy lejanamente sus atrocidades. Pero nosotros, estas mayorías de ciudadanos urbanos, entendemos que la paz no es solo desmovilizar a las Farc y erradicar la coca, sino sobre todo asumir el compromiso de integrar a los 8 millones de campesinos y colombianos humildes abandonados en el campo y las regiones, sin Estado ni oportunidades, y también cumplirles a las víctimas, millones de ellas víctimas de las Farc, de que sí haremos respetar sus derechos a la verdad, la justicia transicional y la no repetición.
A propósito de la pregunta anterior, ¿qué es lo que usted cree que debe perdonarse?, ¿lo imperdonable?, ¿quién o quiénes deben perdonar?, ¿el perdón es un acto teológico?, ¿un acto político?, ¿un gesto de misericordia?, ¿una cobardía?, ¿una condescendencia para librarse de los demonios del odio y la venganza?
Cada víctima es dueña de su propio dolor y de su propio perdón. No me atrevo a decirle a quien padeció un secuestro, a la madre a la que asesinaron o desaparecieron a su hijo que tiene que perdonar a su victimario. Respeto su derecho y decisión íntima de perdonar o no. En lo colectivo podemos asumir el compromiso colectivo de sacar definitivamente la violencia y las armas de la política para que esas atrocidades y dolores no se repitan nunca más. Sanar las heridas individuales hace parte de la órbita íntima de cada persona. Sanar las heridas colectivas y reconstruir un compromiso por la civilidad, el respeto, el no uso de la violencia es lo mínimo que debe hacer la política por todos nosotros. En eso estamos. Por eso en el marco de Justicia Transicional exigimos a todos los victimarios, sean guerrilleros, paramilitares o agentes del Estado, que reconozcan sus delitos, que confiesen la verdad y contribuyan a reparar a las víctimas. Tras un conflicto tan largo y degradado como el colombiano el dolor es muy fuerte, pero las autoridades deben ofrecer las garantías para que ese dolor no se convierta en venganza individual, que recicle la violencia por una generación más. Lo que he visto en los ojos de los ciudadanos, desde las marchas por el asesinato de Luis Carlos Galán o Bernardo Jaramillo, desde las víctimas de los paramilitares y las guerrillas, es su infinita bondad y capacidad de reconciliarse consigo mismos y sus comunidades y seguir adelante. Lo veo en los ojos y lo siento en el alma de Clara Rojas, secuestrada por las Farc, o de Mauricio Lizcano, cuyo padre casi muere a manos de las Farc, y con quienes comparto trabajo en el Congreso. Sé que los colombianos que no hemos sido víctimas directas de esta guerra somos capaces de construir y transmitir esa misma generosidad, bondad y tenacidad que he sentido en todas esas víctimas. Por eso vamos a terminar esta guerra, y a construir un país incluyente, decente y equitativo para todos.
Al Procurador se le reprocha con insistencia el que utilice el Ministerio público para promover ideas conservadoras y postulados religiosos. Yo no pediré de usted que haga lo mismo. La invito a un ejercicio novedoso. Olvídese de reincidir en esos reproches y deme una opinión suya, desde el punto de vista de la realidad del país y desde la ideología, de lo que piensa el Procurador.
Tengo el mayor respeto por todos los contradictores de la paz. Respeto sus ideas aunque no las comparto en lo mínimo. Lo que me preocupa no son sus ideas sino su abuso de poder. Ordóñez ha abusado de la Procuraduría para promover sus ideas en contra de la Ley y la Constitución. La ha usado para perseguir a mujeres violadas que tienen derecho a abortar porque no están obligadas a tener el hijo de su violador. La ha usado para perseguir a miembros de la comunidad LGBTI porque les parecen seres anormales, indeseables y carentes de derechos ciudadanos. La ha usado para hacer campaña contra la paz, promoviendo sus aspiraciones presidenciales de ser el nuevo Uribe en las elecciones de 2018. Podemos debatir, rebatir y derrotar sus ideas en las urnas, pero como ciudadanos tenemos una gran indefensión y maltrato frente a su abuso de poder. Por ejemplo, el abuso más reciente que se le ocurrió al Procurador es que solo los que están en contra de la paz, como él, pueden hacer campaña por el NO en el Plebiscito por la Paz. Los demás, las mayorías que estamos por el SÍ a la Paz no podemos hacer campaña y nos amenaza. No son sus ideas sino su abuso de poder lo que hace que personajes como Alejandro Ordóñez sean un peligro para la sociedad colombiana.
En este país fácilmente identificable como androcéntrico, premoderno y poco secular han ocurrido, sin embargo, progresos liberales importantes. A veces hemos ido más lejos que algunos países del primer mundo, la mayoría de ellas por decisiones de las Cortes, primordialmente de la Corte Constitucional. Y de alguna manera auspiciados por la Constitución del 91. ¿Quiere decir que el derecho, los tribunales, contra todo pronóstico, pueden ser gestores de cambio y redención?
¡Por supuesto!, muchas de las grandes conquistas sociales en Colombia se han logrado por un ejercicio constante del litigio estratégico. Un ejemplo de esto es la lucha por la igualdad de derechos ante la ley de la comunidad LGBTI, o la defensa del ambiente, de nuestros páramos y nuestros ecosistemas. En este ámbito se ha demostrado que las cortes en nuestro país actúan como garantes de los derechos de las minorías y mayorías, siguiendo los principios de nuestra Constitución. Contrario al Congreso, donde la desidia y la lucha de intereses muchas veces impide progresos en términos de derechos sociales o de lucha contra la discriminación, las Cortes han demostrado vía tutela o vía jurisprudencia que los derechos no son poesía ni retórica sino activos tangibles, defendibles y exigibles.
Hábleme del Congreso. ¿Cómo se siente allí?, ¿se lo imaginó peor?, ¿tienen todavía los congresos algo que decir en sociedades globalizadas en las que el verdadero poder luce desplazado a otras esferas?
Para quienes escogimos la política y administración pública como vocación el Congreso es sin duda una gran escuela. Se conocen todos los temas, las regiones, las problemáticas y las soluciones. El problema de esa escuela es que parece una bicicleta estática. Pese a que cada congresista gana $24 millones, las excusas para no sesionar están a la orden del día: Que se fue la luz, que están 'haciendo gestión', que están en resistencia civil. 'Coincidencialmente' siempre que hay un partido de fútbol de nuestra Selección aparece una excusa para levantar las plenarias. Mientras tanto hay 26 proyectos de ley por aprobar en el Senado y 70 debates de control político pendientes en la Cámara sin ser programados. Cada vez que se cancelan con excusas las plenarias y comisiones del Congreso se votan a la caneca $2.126 millones que cuesta el Congreso por día laboral y que los colombianos pagaron por anticipado sin recibir la labor legislativa que esperan. Por eso, hay días en que, debo confesarlo, la labor parlamentaria resulta descorazonadora. Pero no porque haya sesiones intensas de debates profundos sobre los temas acuciantes para los colombianos. Sino porque los tiempos muertos, el incumplimiento, la inasistencia, los aplazamientos, el exceso de formas vacuas, condecoraciones ridículas y escándalos es intolerable.
Tenemos que encontrar una forma de domesticar a esta clase política que no le sirve al país, sino que se sirve de él, parafraseando al gran Jaime Garzón. Debemos pasar de la indignación por el escándalo del día al uso del arma más poderosa que tenemos los ciudadanos contra este abuso: el voto libre e informado.
No obstante los progresos mencionados arriba, se despenalizó parcialmente el aborto, pero en la práctica el aborto sigue siendo una opción casi imposible; la mujer ejerce más derechos que nunca, pero los feminicidios y la desigualdad parecerían multiplicarse. ¿Qué falta para volver realidades tangibles las leyes y las jurisprudencias?
Eso requiere un proceso de toma de conciencia de los derechos y de un gran esfuerzo en pedagogía para difundirlos y ejercerlos. Por ejemplo, muchas mujeres ni siquiera saben que tienen derecho a abortar en los tres casos permitidos por la jurisprudencia: violación, riesgo para la vida de la mujer o malformación congénita del feto. Especialmente, no lo saben quienes más lo necesitan: las mujeres rurales, indígenas y afro que tienen muchas menos garantías que quienes vivimos en las ciudades con acceso a medios y a recursos para defender nuestros derechos. Por otra parte, considero que las mujeres también tenemos un serio problema de representación política. Pese a ser más de la mitad de la población y del censo electoral, ni en los gobiernos ni en los estamentos de representación hay proporcionalidad. Somos el 52% de la población y las electoras, pero apenas el 20% de las Congresistas, el 16% de las Concejalas y Diputadas y menos del 10% de las Alcaldesas. Por esta razón, hemos venido socializando junto con la bancada de mujeres del Congreso el proyecto de Paridad, Alternancia y Universalidad, que busca que progresivamente las mujeres colombianas contemos con mayores garantías para hacer política.
¿Qué es un partido verde en Colombia?, ¿una membresía a disposición de sujetos tan distintos como usted y Peñalosa?, ¿una lánguida actitud ambientalista? ¿Qué hacer para ofrecer a los ciudadanos alternativas partidistas claras, inequívoca y distintas?
Ser de la Alianza Verde es un esfuerzo y compromiso de vida y construcción colectiva por la defensa de la vida, la paz, el agua, la sostenibilidad ambiental como fundamento del desarrollo social y económico, por la defensa de la propiedad privada y la economía de mercado coherente con la vida ciudadana y del planeta. Ser Verde es un compromiso de vida con la transparencia, con el manejo decente de lo público, con la igualdad y la equidad, y por lo mismo es una batalla continua contra la corrupción y el abuso de poder, venga de donde viniere. Ser Verde es vivir y trabajar por garantizar los derechos a la nutrición, salud y educación de nuestros niños y jóvenes, por la igualdad y empoderamiento con oportunidades distintas a la guerra y la violencia para nuestros jóvenes, por la igualdad salarial y de representación política para las mujeres, por el respeto e inclusión de nuestros grupos étnicos; es un esfuerzo político constante contra el machismo, el racismo y el clasismo tan arraigado en sectores de la sociedad colombiana. En las calles, en las ciudades, en los foros ciudadanos y en el Congreso estamos liderando con el ejemplo, con propuestas, con proyectos de Ley, con debates serios y constructivos esa agenda Verde. Somos una fuerza ciudadana creciente que día a día se gana la confianza y el afecto de los ciudadanos porque ellos saben y sienten que esta no es la agenda de un partido, sino la de ellos.
www.conversacionesconarmandobenedetti.com
