El movimiento estudiantil surgido en la Universidad del Rosario de Bogotá y que conglomeró a jóvenes de todas partes de Colombia tiene bajo sus espaldas haber impulsado lo que se conoció como la 'séptima papeleta', una iniciativa de votación popular que buscaba otorgar un mandato al presidente para que convocara una Asamblea Constituyente y se promulgara una nueva Constitución.
Ese movimiento, del que hicieron parte jóvenes que hoy son reconocidas figuras de la vida pública nacional, como la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, o Fabio Villa, el único estudiante electo como constituyente, se nutrió de las diferentes propuestas que desde el Gobierno de Barco se barajaban para impulsar una reforma a la obsoleta constitución de 1886.
Se le denominó 'la séptima papeleta', porque en las elecciones del 11 de marzo de 1990 se tenían seis tarjetones (Senado, Cámara de Representantes, Alcaldía, Asamblea, Consejo, y Juntas Administradoras Locales) y la papeleta fue adicional.
Cómo el ordenamiento legal vigente no permitía este tipo de votación, la Registraduría no imprimió las papeletas y terminaron siendo los periódicos quienes las replicaron para que los ciudadanos las recortaran y depositaran las urnas.
Esta votación no tuvo efectos jurídicos porque la Registraduría se negó a contabilizar los votos.
El abogado cienaguero Ricardo Barrios Zuluaga, quien fue asesor de la Constituyente y miembro del ‘Congresito’–cuerpo legislativo especial que funcionó durante los seis meses que sesionó la constituyente– cuenta que por esa época, siendo columnista del diario El Espectador, envió una misiva con fecha de 27 de abril, al entonces secretario de Gobierno, Horacio Serpa, proponiéndole una 'papeleta especial' que fuera incluida en las elecciones para presidencia. Barrios Zuluaga afirma que esa carta fue bien recibida por el Gobierno –como demuestra la carta que Serpa le enviara en respuesta dos días después– que buscaba el mejor mecanismo para legitimar una consulta 'supraconstitucional' y que ya había barajado, sin éxito, las opciones de un referendo y un plebiscito.
Lo que siguió fue una paradoja propia de la democracia. El presidente Barco emitió un decreto de ley, utilizando la figura del estado de sitio que la nueva constitución se encargaría de eliminar, en el que exigió a la Registraduría contabilizar los votos que se depositaran en la papeleta especial que terminó siendo incluida en la votación presidencial del 27 de mayo de 1990 en la que salió electo el presidente César Gaviria. En esta votación hubo dos papeletas, una para presidente y otra para convocar la Asamblea Nacional Constituyente.
'Gaviria fue el que recibió el mandato popular de convocar la Constituyente, ese mandato emanó de la papeleta especial como un iniciativa supraconsitucional, porque apelaba al pueblo como constituyente primario', afirma Barrios Zuluaga.
Las votaciones para la constituyente se realizaron en diciembre de 1990 y en ellas participaron poco más de tres millones de personas, registrando una abstención del 75%. Fueron 70 los constituyentes electos por votación popular, y cuatro más en representación de los grupos armados que se desmovilizaron ese año. La asamblea inició sesiones el 4 de febrero de 1991 por un período de seis meses, promulgando una nueva constitución hace exactamente 25 años, el 4 de julio de 1991.
