Gran revuelo ha causado la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el Tribunal de Aforados que la reforma al equilibrio de poderes creaba para juzgar a los magistrados de las altas cortes y el Fiscal General de la Nación.
La Corte consideró que el congreso había sustituido la Constitución al reemplazar por un tribunal la Comisión de Acusaciones, institución que ha funcionado en Colombia por más de 100 años, un argumento que es compartido por los magistrados de otras Cortes que integran la Rama Judicial.
En su paso por Barranquilla, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello Blanco, respaldó la decisión del tribunal constitucional y consideró que 'el Acto Legislativo se excedió en sus funciones porque tocó puntos relacionados con la estructura misma de la organización estatal'.
Se refiere la magistrada al proyecto aprobado por el Congreso conocido como la reforma al equilibrio de poderes, que entre otras cosas contemplaba una reestructuración a la Rama Judicial creando un nuevo órgano administrador (el Consejo de Gobierno Judicial) y de juzgamiento, (el Tribunal de Aforados), ambos declarados inexequibles.
Para la presidenta de la Corte Suprema, 'no se puede modificar por Acto Legislativo la estructura esencial de la carta política', lo cual deja como única vía para una reforma a la justicia convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
'La carta política del 91 organizó la estructura judicial con unos poderes establecidos, con cuatro órganos establecidos, y eliminar para crear nuevos órganos implica reforma de la misma Constitución que no es posible hacerla a través de un Acto Legislativo', explicó la presidenta al finalizar el foro ‘Nuevos retos del derecho en Colombia’, organizado por la Universidad de la Costa, CUC.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que salió fortalecida después del fallo de la Corte Constitucional, tiene como función realizar juicios políticos a los 78 aforados que hay en Colombia, entre magistrados de las altas cortes, el Fiscal General y el Presidente de la República. En sus más de 100 años de existencia solo ha juzgado a dos personas, el general Gustavo Rojas Pinilla y el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, cuyo caso se encuentra en estudio por una comisión de instrucción del Senado.
Cabello afirmó sobre la Comisión de Aforados que: 'Mi criterio como magistrada de la Corte es que las instituciones establecidas deben funcionar adecuadamente'.
Sobre el fiscal general. La magistrada Cabello también se refirió a la reciente elección de Néstor Humberto Martínez como Fiscal General de la Nación, un proceso que definió como muy concertado entre sus colegas y en que destacó las cualidades de los tres ternados y la experiencia que mostraba sus hojas de vida.
Afirmó que 'no se va a descriminalizar la violencia intrafamiliar', como el nuevo Fiscal expuso durante su audiencia ante la Corte Suprema. Cabello Blanco afirmó que en conversaciones posteriores Martínez demostró a los magistrados su 'historial y experiencia de vida' frente al combate de este tipo de violencia, matizando su postura inicial. Según la magistrada esto terminó de inclinar la balanza a su favor, y 'motivó mucha opinión dentro de la Sala para definir si era el adecuado o no. Se llegó a la decisión que sí porque él está a favor de la erradicación total de la violencia intrafamiliar'.
'No voy a renunciar': Mininterior
El ministro del Interior Juan Fernando Cristo se manifestó sobre la decisión de la Corte Constitucional y aunque dijo que la respeta señaló que no la comparte. Cristo sostuvo que el Gobierno y el Congreso cumplieron al trazar una reforma para reajustar la justicia y mejorar su eficiencia, dijo que temas como la despolitización de la elección de los magistrados y la restricción de que estos salten de una corte a la otro, aún están vigentes y fueron aprobados en el equilibrio de poderes. Descartó renunciar a su cargo por el fracaso de la reforma, como lo planteó el exfiscal Montealegre.
