Olvidados por años por el Estado, al punto de que han tenido que vivir con sus necesidades básicas insatisfechas, los cerca de 1.700 habitantes de las veredas cercanas a El Encanto, en La Paz, Cesar, y a Gallo, en Tierralta, Córdoba, escogidas como sitios de concentración para los guerrilleros de las Farc que deben desmovilizarse una vez firmen en La Habana, Cuba, los acuerdos de paz con el Gobierno Nacional, esperan que, por fin, les cambie la vida. 'Que todo sea para bien', afirman al confiar en que la falta de servicios públicos, vías, centros de salud y escuelas para sus hijos y el atraso agrícola ahora sí serán resueltas.
Es tal el olvido estatal en estas zonas rurales, donde la gente ha sido víctima de masacres, desplazamientos forzados y persecuciones en medio del conflicto armado, que, por ejemplo, en Gallo, en las faldas selváticas del Nudo de Paramillo, todavía viven a oscuras porque no tienen energía eléctrica a pesar de que su vecina es la represa de Urrá que genera 930 gigavatios al año, que salen directo a la venta a la bolsa de energía para todo el país. Los reclamos y anhelos de las familias campesinas fueron recogidos por las comisiones de verificación del Gobierno, la ONU y las Farc que llegaron a revisar las áreas para los sitios de concentración. Todos esperan que ahora sí les cumplan:
'Esperamos salir del infierno de la guerra'
El Encanto
Con un corazón dibujado en un banderín, una niña muestra su apoyo a la paz.
A Ricaurte Solano, líder campesino de la vereda Caño La Unión, en el corregimiento Los Encantos, a unos 1.200 metros de altura en la serranía del Perijá, se le revuelve el alma con solo pensar en la época de terror que le tocó vivir en medio del conflicto armado. 'Eso fue algo espantoso', dice llevándose las manos a la cabeza como queriendo contener los recuerdos. 'Estamos vivos por misericordia de Dios', señala el curtido hombre del campo que durante las últimas tres décadas vio cómo Los Encantos, un territorio fértil para los cultivos de aguacate, cacao, café y frutas, de gente trabajadora, se convirtió en zona de confrontación entre paramilitares y guerrilleros. Sus pobladores quedaron en medio del fuego cruzado de los actores en guerra; a otros, incluso, los estigmatizaron como colaboradores de uno u otro bando. Los cerca de 1.500 habitantes de las 11 veredas que conforman este poblado en jurisdicción del municipio de La Paz, al norte del Cesar, al que se puede llegar sorteando un camino escabroso de 12 kilómetros entre las montañas, a bordo de camionetas o camperos con doble tracción, a lomo de mula, motocicletas o a pie, desde Media Luna, la cabecera urbana más próxima, se convirtieron en víctimas de la violencia. A muchos les tocó salir de sus tierras, engrosando la lista de desplazados. Otros fueron asesinados o desaparecidos. Los que se quedaron simplemente se resignaron a soportar un conflicto del que no hacían parte. Por mucho tiempo vivieron en el olvido del Estado; pero ahora Los Encantos es territorio de paz. Allí quedará una de las zonas de concentración para la desmovilización y dejación de las armas de las Farc, y sus lugareños esperan que todo lo que ocurrió no sea más que un triste capítulo de su historia. Anhelan que, por fin, llegue el progreso. El miércoles pasado la comisión verificadora de la ONU para la desmovilización de las Farc visitó el área, donde los campesinos con banderas blancas respaldaron el proceso. En la cabecera, Los Encantos no tienen más de 30 casas. Con una calle central destapada y empinada, propia de la topografía circundante, cuenta con una escuela a la que asisten 90 alumnos y un puesto de salud que está cerrado hace más de siete años; la vía de acceso es difícil, la mayor parte destapada, con unos cuantos tramos en placa huella. José Elías Rodríguez, presidente de la junta de la vereda El Placer, dice: 'No tenemos servicio de salud, aquí no hay nada; siempre tenemos que ir a La Paz para tener una atención, a los enfermos de urgencia nos toca llevarlos cargados en hamacas o contratar un carro expreso'. Ricaurte Solano comparte esta preocupación y enfatiza que del Gobierno, nacional ni local, han obtenido ayuda. 'No hay vías en buen estado, muchos estamos a dos horas de camino de la carretera sin poder sacar los productos que sembramos. Cuando llueve cae más agua dentro de los ranchos que afuera. Siempre se habla de los planes del Estado para los campesinos, pero aquí no llegan', lamenta.
No obstante están expectantes. Dagoberto Ascanio, vicepresidente de la junta central del corregimiento, precisa que 'estamos de acuerdo con el proceso de paz' porque cree que les puede representar beneficios; las comunidades están atentas de lo que pueda suceder para que 'fluya el progreso'. 'Nosotros –manifiesta– hemos estado abandonados por el Estado, lo que queremos es que los gobiernos actuales puedan gestionar los recursos y no seguir esperando, como siempre ha sucedido'.
Habitantes de veredas cercanas a El Encanto llegaron en diferentes medios de transporte a conocer detalles del proceso de paz y de la concentración de las Farc.
Ascanio señala que han estado en la sierra hace mucho tiempo y comenta que hay quienes satanizan la región. 'No debe ser así, sabemos que necesitamos orientarnos y tener mejores prácticas de convivencia; tenemos fe y no nos da miedo la concentración de las Farc aquí; estamos tranquilos. Dios permita que los fusiles se silencien y que con las buenas relaciones la gente se pueda llevar mejor', puntualiza. José Choles, presidente de la junta de vereda El Silencio, declara que 'hemos sufrido por el conflicto, fuimos epicentro de la violencia; hubo muchos campesinos asesinados por un grupo y otro; a algunos se les señalaba como colaboradores del Ejército, o de la guerrilla, todo eso ha herido profundamente el corazón de nuestra comunidad; pero estamos en un proceso histórico. Ver lo que está pasando, saber que vamos a cambiar ese tiempo de dolor y sufrimiento por la paz, nos llena de esperanza. Es cambiar el infierno por el cielo'. De acuerdo con un informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo, la presencia de las Farc en jurisdicción del municipio de La Paz se remonta al segundo semestre de 1986, cuando el frente 19 o ‘José Prudencio Padilla’, que desde 1982 venía operando en la Sierra Nevada de Santa Marta, envió una pequeña comisión de penetración a desarrollar trabajo organizativo en el norte del Cesar, sobre la serranía del Perijá.
Sin embargo, fue solo hasta el 26 de agosto de 1988 cuando el frente 19, en el marco de la Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia desplegada por las Farc, se desdobla y da origen al frente 41 o ‘Cacique Upar’ que inaugura un período de consolidación y expansión en la región. En su momento de mayor fortaleza, a fines de la década de los años noventa. A los lugareños en las montañas les tocó convivir con el grupo armado; las tropas militares se replegaron hacia la zona, generándose enfrentamientos que provocaron miedo a los pobladores; el conflicto arreció con el accionar paramilitar. 'Llegó un momento que aquí no nos quería nadie, la guerrilla nos decía ustedes quiénes son, y el Ejército también porque llegaba la gente armada. Estábamos catalogados como una zona roja, muy difícil, y hasta nos calificaron como enemigos', dice Ascanio. Ahora para los pobladores es grato observar que quienes se agredían a punta de fusil, se disparaban sin conocerse, se dan las manos de la paz. Eso quedó evidenciado el pasado miércoles cuando tropas del Ejército, unidades de la Policía, llegaron acompañando a delegados de las Farc, de la misión de verificación de la ONU, la Cruz Roja Internacional y la oficina del Alto Comisionado para La Paz, socializando los acuerdos y la zona de verificación para el cese final del conflicto.
'Queremos progresar para no vivir de la coca'
Tierralta
Los campesinos de la vereda Gallo, en la zona rural de Tierralta en las faldas del Nudo del Paramillo, fueron tajantes ante la comisión verificadora de la ONU y el Gobierno. Les advirtieron que en medio del abandono del Estado en el que han vivido no han encontrado otra opción que sembrar coca.
Los campesinos de Gallo explican sus necesidades a los delegados del Gobierno y las Farc.
'Gracias a Dios y a la coca hemos subsistido', narra un labriego de gorra y machete al cinto, al tiempo que levantaba la mano para conseguir que su contundente frase fuera escuchada por todos los que arribaron a esta lejana población donde no hay carreteras, mucho menos servicios públicos ni un centro de salud.
'Esa mata la trabajamos naturalmente para sacar la hoja, estamos de acuerdo en dejar la coca, pero ¿qué nos va a dar el Gobierno?', sostiene el mismo campesino, quien, como buen conocedor de la zona, explica que cultivar maíz u otro pan coger para comercializar no garantiza la supervivencia, por las condiciones geográficas que encarecen el acarreo hasta el sitio más cercano, que es Puerto Frasquillo, a una hora en chalupa. En cambio la coca se las compran en el mismo territorio.
'Si uno lleva un bulto de plátano a Frasquillo o Tierralta está saliendo por unos 30 mil pesos, entonces no hay quien lo compre, pero de 100 arrobas de hoja de coca salen dos kilos de mercancía que valen 4 millones de pesos, cada 60 días, lo que necesitamos para subsistir', cuenta el hombre de contextura bastante delgada por las exigencias del terreno que obligan a caminar entre montañas.
'El Gobierno no nos puede dejar tirados, queremos estabilidad con otros cultivos legales para subsistir con nuestras familias', advierte antes de retirarse de la reunión de verificación en la que el Gobierno estableció las características de la zona para proceder con la desmovilización en Gallo de, al menos, 400 guerrilleros de los frentes 18 y 58.
Gallo será uno de los 8 campamentos acordados por los equipos negociadores del Gobierno y las Farc para la dejación de armas de la guerrilla una vez se firme el acuerdo en La Habana, Cuba.
La necesidad de inversión de parte del Estado la ratifican las condiciones de una escuela para 55 niños que funciona con dos aulas, sin batería sanitaria y apenas dos profesores que trabajan la estrategia de multigrado, sin posibilidades de utilizar la más mínima herramienta tecnológica porque sencillamente no hay energía, pese a ser vecinos de la hidroeléctrica Urrá que genera 930 gigavatios al año, los que comercializa en la bolsa de energía para todo el país.
Incluso, para llegar a Gallo desde Puerto Frasquillo es necesario atravesar el embalse de 7.000 hectáreas de la empresa generadora, mientras que los 300 campesinos de esa zona siguen utilizando lámparas a gas y linternas que funcionan con baterías.
Después de 6:00 p. m. en la penumbra solo se escucha el sonido de la selva. Fanor Alarcón, presidente de la junta de padres de familia, cree que es la Gobernación de Córdoba la que debe representarlos ante el Gobierno Nacional para mejorar las condiciones de los niños y niñas. 'Nuestros hijos merecen mejores procesos en esta escuela, un solo profesor es responsable de cinco grados y el otro de otros cuatro', señala.
Su llamado a la Gobernación tiene que ver con que 'vemos a nuestros niños atrasados porque por mucho que los dos docentes quieran no pueden conseguir el mejor nivel', advierte el campesino mientras organiza a los pequeños en fila para recibir el almuerzo. El menú ese día fue arroz con pollo, que les tocó comer con las manos por la falta de cucharas.
En Gallo hay 31 casas en las que viven alrededor de 150 personas, pero ese número de pobladores se duplica en el territorio con las pequeñas poblaciones más cercanas que se comunican a través de angostos senderos en medio de la tupida vegetación, bordeando el embalse de Urrá.
Benjamín Mestra, de la vereda Boca de Naín, cita que tampoco tienen escuela, energía, agua, puesto de salud y añoran contar con una casa comunal donde planear las peticiones que, a partir de la desmovilización de las Farc, le harán al Gobierno.
'Nadie por aquí vive en una casa digna, son ranchos pequeños que los hemos construido con miles de esfuerzos', sostiene Mestra.
Ángel Torres, presidente de la Junta de Acción Comunal de Gallo, se expresa optimista por lo que empezó a suceder y que podría traducirse en calidad de vida. 'Sentimos que ahora sí nos visibilizaremos ante el Gobierno, que de verdad sí vamos a existir. Esta región ha sido estigmatizada y maltratada, queremos, entre muchas cosas, un hospital que nos sirva a todos y también a la población indígena Embera Katío, porque aquí el desarrollo se estancó, mejor dicho, no ha empezado', indica Torres.
El alcalde de Tierralta, Fabio Otero, cree que es necesario que en este proceso se vincule la empresa Urrá para conseguir mejores cosas para su comunidad vecina.
'Personalmente estoy del lado de los campesinos que han sufrido todo este atrasado. Ellos, de viva voz, le han dicho al Gobierno que necesitan de todo para salir adelante porque no tienen vías, educación, centro de salud. Es necesario que el Ministerio de Agricultura defina las políticas de la seguridad alimentaria para estas personas que necesitan sostener a sus familias, porque no puede haber paz con hambre y con necesidades insatisfechas', precisó el mandatario.
Jairo Quintero, delegado de las Farc, confía en que el proceso de paz permitirá resolver las causas que originaron el conflicto, y se refirió a las necesidades del pueblo. 'Los convenios apuntan a combatir las causas que motivaron el conflicto. Las Farc tienen su palabra comprometida, asumimos esto con orgullo porque es una iniciativa del pueblo que está reclamando no más guerra, lo importante es darle una buena interpretación al proceso. No hay nada que temer, hemos comprometido nuestra palabra ante Colombia y ante la sociedad, por eso sacaremos el proceso adelante', dice Quintero.
Erika montero, también guerrillera de las Farc, reconoce que el territorio que se escogió como zona de campamento en Córdoba ha sido de operaciones guerrilleras, pero ahora la población tiene intereses en común para lograr el desarrollo.
'Los acuerdos que hemos firmado no son para solucionar el problema a la guerrilla o de un determinado jefe guerrillero, sino para empezar a construir paz, ojalá con obras, que el Estado contribuya a mejorar las condiciones de vida a estos pueblos', sostuvo Montero en medio de la caminata de verificación del área de desmovilización.
La directora Jurídica de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Mónica Cifuentes Osorio, después de conocer las necesidades de los habitantes de la zona, aseguró que Gallo se convertirá en un ejemplo de paz y prosperidad.
'Tomé atenta nota de todas estas necesidades, vamos a hacer unas reuniones en Bogotá donde estarán invitados los gobernadores y alcaldes para poder estructurar lo que podrían ser los proyectos a futuro', anunció. De acuerdo con Cifuentes, los acuerdos de La Habana tienen unos compromisos serios de construcción y desarrollo territorial, 'porque la paz se construirá desde los territorios. Esa es la meta. Apenas estamos empezando'.
