En medio de un debate de control político dispuesto este martes en la Comisión Primera de la Cámara, el procurador Alejandro Ordóñez reiteró sus 'preguntas' al Gobierno sobre el proceso de paz con las Farc, sobre el que asegura 'traerá impunidad para las víctimas'; mientras que el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, respondió que la mesa de La Habana sí ha tenido en cuenta a las víctimas desde que pactó 'un acuerdo de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición'.
Jaramillo, el primero en hablar, afirmó que en las visitas técnicas a las zonas veredales, que concluyeron este fin de semana, 'lo que se vio en los territorios es que la guerra se está acabando y que las comunidades tienen esperanza'.
Reiteró además el comisionado que a los 150 días tras el acuerdo final, todos los miembros de las Farc habrán entregado sus armas y que 'habrá acciones concretas de reparación como desminado, sustitución de cultivos y reparación de infraestructura dañada'.
Respondió el negociador así mismo que 'la impunidad se tiene que medir en términos de satisfacción de los derechos de las víctimas', y consideró que la Corte Suprema, el papa Francisco y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, constituyen 'un comité de garantías en la selección de los magistrados del tribunal de paz'.
Y concluyó que una Comisión de la Verdad como la que se plantea 'es ponerle de presente a un país qué fue lo que pasó. Es una base para una paz estable y duradera'.
Por su parte, Ordóñez, por cuyas 60 preguntas formuladas hace un par de semanas se dispuso el debate, aseveró que 'cuando el Ministerio Público pide información, es una obligación del Gobierno dar esa información, y no acudir al Congreso para ello', agregando que 'ninguna de las 60 preguntas de ahora ni de las 45 de hace un año tenían un propósito diferente a dar respuesta sobre el proceso'.
Igualmente, anunció: 'seguiré haciendo advertencias porque es mi rol constitucional hasta que sea procurador, que será hasta que acabe mi periodo', dijo, haciendo referencia al proceso que se le sigue en el Consejo de Estado por aparentes irregularidades en su reelección.
Denunció el procurador en medio de la sesión que a su despacho 'acudieron seis gobernadores indígenas yukpa para decir que en las zonas veredales había territorios ancestrales'.
Y reiteró algunos de los cuestionamientos que ha venido haciendo a la mesa: 'hoy son más los milicianos que los encuadrillados, los primeros son 8 mil y los segundos 7 mil. Y los milicianos no se desmovilizarán. Tampoco se desmantelan las estructuras financieras de las Farc, y así se podrían rearmar en cualquier momento. Y el acuerdo en materia de justicia no cumple con los estándares internacionales, y lo dice la propia CPI'.
Por último, advirtió que 'lo grave del tribunal de paz no son las personas que lo integren sino las competencias de impunidad que tienen'.
A su turno, el ministro de Justicia, Jorge Londoño, puso de presente que en lo acordado en Cuba 'sí se tiene en cuenta a víctimas cuando hay justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición'.
Y consideró, atendiendo a la queja del jefe del Ministerio Público, que el presidente no respondió al procurador sus preguntas 'porque él (el jefe de Estado) es quien tiene la misión constitucional de mantener la paz'.
Al final dijo el ministro que 'esta negociación tiene en cuenta sobre todo a los que están por nacer, porque estamos en un tiempo de cambio'.
