Luego de casi seis horas de sesión, la plenaria del Senado, con una asistencia que terminó en un poco más de 50 parlamentarios, no pudo sacar adelante este jueves el caso del magistrado cordobés de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, y se dedicó fundamentalmente a discutir y despachar las 62 recusaciones presentadas por la defensa y los 30 impedimentos propuestos por los propios congresistas.
De esta manera, la votación de fondo para decidir si el togado es absuelto o es despojado de su investidura y acusado ante la Corte Suprema de Justicia por corrupción, se llevará a cabo el próximo martes a las 10 de la mañana, cuando se reúna de nuevo el pleno de la cámara alta.
En esta sesión se decidirá, inicialmente, sobre los recursos de nulidad presentados por el procurador Alejandro Ordóñez y el senador del Centro Democrático e integrante de la comisión de instrucción que estudió el caso, José Obdulio Gaviria, y luego se estudiará el informe de dicha comisión que pide acusar al magistrado monteriano por el delito de concusión.
La lenta audiencia fue conducida inicialmente por el segundo vicepresidente del Senado, el barranquillero de la Alianza Verde, Iván Name, debido a que el presidente, Mauricio Lizcano, de La U, hacía parte de los 62 recusados por la defensa del togado.
En el debate, mientras los senadores oficialistas pedían celeridad en la resolución de los recursos, la oposición uribista advertía que se debía analizar con calma el tema de las recusaciones, pues aseguraba que quienes, por ejemplo, se hubieran pronunciado sobre el caso, no debían intervenir en la decisión.
Entre los siete impedimentos que se aceptaron se cuentan los de el expresidente Álvaro Uribe, del Centro Democrático, quien ternó a Pretelt para la Corte, y el de la senadora liberal Viviane Morales, exfiscal general de la Nación.
De otro lado, todas las recusaciones elevadas por la defensa fueron negadas luego de que el presidente de la comisión accidental que estudió dichos recursos, el liberal Luis Fernando Velasco, propusiera negar las 45 recusaciones presentadas por el ciudadano Ernesto Correa, pues no era parte procesal, así como recomendó decir que no a las 17 planteadas por la defensa, debido a que los parlamentarios aludidos no conocían el expediente del proceso al momento de, por ejemplo, manifestarse en contra del togado.
Otras recusaciones planteadas por el representante de Pretelt tenían que ver con una aparente 'enemistad' entre los hermanos Galán, Juan Manuel y Carlos Fernando, del Partido Liberal y Cambio Radical, respectivamente, y de Roy Barreras, de La U, con Abelardo de la Espriella, defensor del togado. Pero estos recursos también fueron negados, a pesar de que el integrante de la comisión accidental, el barranquillero uribista Jaime Amín, señaló que en estos casos el voto estaba 'cantado'.
En la antesala de la audiencia, a través de un video de YouTube, De la Espriella aseguró que quienes 'alientan el linchamiento' contra su cliente son 'los mismos' de la 'impunidad' a las Farc.
'Resulta frustante que quienes alientan el linchamiento contra Pretelt sean los mismos que promueven que los crímenes de lesa humanidad que han cometido los cabecillas de las Farc queden en la más absoluta impunidad', dijo.
Comenzó advirtiendo el abogado monteriano que decidió subir el video 'porque se me cercenó la posibilidad de hacerlo pesonalmente en condición de abogado defensor' en la plenaria del Senado.
Y refiriéndose a los 102 parlamentarios de la cámara alta, puso de presente que 'este un juicio histórico, desde los tiempos que el Congreso investigó y juzgó al presidente Gustavo Rojas Pinilla, el Senado no tenía ante sí la responsabilidad de resolver la suerte de un alto funcionario del Estado'.
En la lectura, de más de media hora, señaló el abogado que el proceso contra el magistrado estuvo 'plagado de la presión indebida e ilegal del Gobierno y la arbitrariedad de un representante investigador que adelantó un proceso con desapego a las normas'.
Finalmente, aseveró que los congresistas que voten en contra de Pretelt, incurrirían en el delito de prevaricato: 'no pueden declarar la indignidad sin incurrir en prevaricato, ya que no obra una sola prueba'.
El togado cordobés es señalado de pedir un soborno de 500 millones de pesos para tramitar a favor una tutela de Fidupetrol.
