En la antesala de la que puede ser la primera sanción de un alto funcionario del Estado impuesta por el Congreso desde el juicio en 1957 del general Gustavo Rojas Pinilla, el magistrado cordobés de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, señalado de pedir un soborno de 500 millones de pesos para favorecer una tutela de Fidupetrol, habló con EL HERALDO.
En un episodio de rarísima ocurrencia en el país, usted podría ser despojado por parte del Senado de su investidura y enviado a un juicio en la Corte Suprema, ¿cómo se siente?
Tengo la tranquilidad de que en el expediente se encuentran todas las pruebas que demuestran mi inocencia, aunque también soy consciente de la terrible persecución que existe en mí contra. Ya he sufrido todo tipo de violaciones al debido proceso y ahora la estrategia del presidente del Senado, Mauricio Lizcano, es convertir este juicio en un mero trámite político porque sabe que jurídicamente no hay pruebas en mi contra.
¿De cara a la votación, cómo ve las cargas oficialistas del Senado frente a una eventual oposición minoritaria conservadora o del CD que pudiera apoyarlo?
Lo que espero es que los senadores entiendan que esta es una decisión jurídica y no política, que no es un mero trámite porque tiene implicaciones jurídicas muy graves como sería la suspensión del cargo y que por ello independientemente del partido del cual hagan parte su deber es leer el expediente y analizar las pruebas que demuestran claramente mi inocencia.
¿Cree que la Cidh va a decretar medidas cautelares para evitar que usted pudiera ser declarado culpable?, ¿qué ocurriría entonces?
Espero que se tengan en cuenta. Está claro que se están vulnerando las garantías en el proceso, que no se ha querido escuchar a la defensa, que no se han resuelto las nulidades, que existen presiones del Gobierno como la de hoy para que se falle el proceso sin respetar las garantías y que personas que hicieron manifestaciones sobre el proceso van a ser mis jueces.
Usted ha dicho que su caso proviene de una intención deliberada de apartarlo de la Corte y ha relacionado todo el asunto con la impunidad para las Farc en La Habana, ¿cómo es esto?, ¿quién lo quiere sacar?, ¿todo es un montaje?, ¿para qué?
Mi talante conservador me obliga al respeto irrestricto de la Constitución y eso he hecho frente a los exámenes de constitucionalidad de las normas que tienen que ver con el Proceso de Paz. Es muy coincidente que justo ahora, que acabo de hacer un salvamento de voto y una aclaración trascendente a la sentencia sobre el Plebiscito, exigiendo el desarme y desmovilización, reclamando por la falta de preguntas y por el irrisorio umbral del mecanismo, el Sr. Lizcano, principal gestor de la campaña por el sí, sea a su vez, quien más me ataca. Vienen temas trascendentales, como el examen de constitucionalidad del Acto Legislativo para la Paz y por supuesto, sobre las leyes que surjan para implementar los acuerdos. Incluso en este momento soy ponente de dos decisiones fundamentales para el proceso de paz: una sobre las zonas de concentración y otra sobre las zonas de reserva campesina. Desde La Habana me quieren fuera antes de que lleguen a la Corte la revisión de las leyes de los acuerdos de paz. Incluso el propio guerrillero Iván Márquez publicó en su cuenta de Twitter el 16 de mayo un mensaje que decía: 'Para qué demorar tanto la resolución del caso del magistrado Pretelt. Recuperación de la confianza ciudadana en las cortes no da espera'
¿Cómo está el balance entre liberales y conservadores en la Corte?, ¿qué se busca, según usted, al apartarlo del camino, si igual los conservadores son minoría de tres a cuatro en el alto tribunal?
La mayoría de la Corte en este momento es liberal pero además yo soy uno de los pocos magistrados que deja constancia sobre las cosas que suceden en esta Corporación a través de salvamentos de voto contundentes que quieren también callar con mí salida de la Corte.
Usted ha señalado a sus colegas de temas no muy transparentes, ¿los magistrados de la Corte son corruptos?, ¿quiénes?, ¿por qué?
Ya he presentado dos denuncias en contra del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva por haberse reunido en su despacho con el abogado Cesar Julio Valencia Copete y el árbitro Fernando Sarmiento Cifuentes que tenían intereses directos en tutelas que se tramitaban en la Corte. Además denuncié que de manera fraudulenta me ofreció intercambiar la selección de la tutela del caso del joven Luis Andrés Colmenares por otras en las cuales yo había insistido, lo cual rechacé de plano.
¿Se reunió con Pacheco, le pidió o le ofreció los $500 millones?, ¿habló con otros apoderados de Fidupetrol?, ¿favoreció la tutela, la seleccionó, habló con otros togados de ella, le dijeron algo los otros colegas del recurso?
Está absolutamente demostrado que no seleccioné, ni insistí en la tutela de Fidupetrol y que voté en contra de los intereses de esa empresa. También se realizó una inspección por la propia Fiscalía de Eduardo Montealegre a la empresa Cooserviunidos, que determinó que Víctor Pacheco no ingresó a mi casa el 18 de octubre de 2013 y que fui directamente de la Corte al Club El Nogal. Los directivos de Fidupetrol declararon que ni siquiera me conocen y todos los magistrados, incluyendo mis enemigos y Mauricio González, reconocieron que nunca les hablé de la tutela interpuesta por esa empresa.
¿Cómo era la relación de Pacheco con sus colegas, por qué cree que decidió contar todo, por qué González sacó todo a la luz, por qué los demás magistrados, incluso conservadores, le dieron aparentemente la espalda a usted?
Este es un montaje urdido por algunos de mis compañeros que no querían permitir que un magistrado de ideología conservadora fuera residente de la Corte Constitucional y luego se sumaron quienes fueron perjudicados por mi sentencia que eliminó las megapensiones en Colombia y otras que necesitaban mi cargo en la Corte para que no existiera una mayoría conservadora y pudieran imponer su tendencia de izquierda. Para muchas personas en Colombia resulta aberrante que todavía exista un magistrado como yo que defienda rotundamente la familia, la vida, las fuerzas armadas y la libertad religiosa. En este momento mi relación con la mayoría de magistrados es muy buena, solamente me atacan los que urdieron desde el comienzo el plan: Luis Ernesto Vargas, María Victoria Calle y Jorge Iván Palacio.
También es señalado usted de demorar un fallo, cuya dilación favoreció a una empresa de servicios públicos en contra de la Alcaldía de Santa Marta, ¿es cierto?
Los trámites en la Corte Constitucional no son cortos. Una tutela tarda en promedio en la Corte más de ocho meses. Miren los registros, de hecho mi despacho es uno de los más cumplidos. Además esa tutela se falló en derecho y la firmó también un magistrado muy serio y respetado académicamente como es Alexei Julio Estrada
Usted denunció, a su vez, a Vargas, por tratar de favorecer una tutela de Laura Moreno en el caso Colmenares, ¿nos puede recrear el episodio?, ¿usted puso las denuncias correspondientes?, ¿sabe en qué va ese proceso?
Sí, él me ofreció un acuerdo ilegal para que a cambio de que yo aprobara la selección del caso de Laura Moreno él aceptara la selección de varios procesos, lo cual rechacé de plano. Luis Ernesto Vargas es vecino de la familia de Laura Moreno desde hace muchos años y por eso quería favorecerlos. Ya existe un proceso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que se encuentra paralizado como todos los tramitados en ese órgano menos el mío, en el cual el Gobierno desde un comienzo presionó mi salida.
¿Cómo ve un eventual juicio en la Corte Suprema?
Eso es lo que quieren que se diga. Es la forma como Mauricio Lizcano se quiere lavar las manos, porque como sabe que no hay pruebas en mi contra su estrategia es señalar que el papel del Senado es cumplir un mero trámite político y que no deben respetarme el debido proceso ni el derecho a la defensa, sino que eso le corresponderá a la Corte Suprema de Justicia, organismo que por supuesto respeto, pero ello no implica que el Senado pueda seguir desconociendo mis garantías diciendo que solo si el proceso llega a la Corte se deberán analizar las pruebas.
¿Usted cree que lo absolverán en el Senado, en la Corte, en la historia?
La persecución política que he sufrido no tiene precedentes en la historia de Colombia. Lo más importante es que está plenamente probada mi inocencia y que tengo la conciencia tranquila, porque en vez de renunciar como hacen tantas personas para huir de la justicia y de los medios he dado la cara al país porque considero que el principal patrimonio de una persona es su dignidad y por eso me defenderé hasta el final del proceso.
