La Contraloría le dijo a EL HERALDO que se ha recaudado en el periodo de la actual administración del valduparense Edgardo Maya, es decir, de septiembre de 2014 a la fecha, la suma de más de $127.334 millones.
Indica en el ente de control al respecto y comparativamente que 'se logró un mayor recaudo frente a la vigencia de los cuatro años anteriores, que fue de $68.832 millones'.
La Auditoría General reportó recientemente que de cada $1.000 en procesos de responsabilidad fiscal solo se recuperan 40 pesos, aunque hay una mejora con respecto, por ejemplo a 2011, cuando solo se recuperaban ocho pesos.
Además, del presupuesto total del último cuatrienio, que fue de $406 billones de, la Contraloría solo vigiló $312 billones, por la falta de recursos económicos y humanos, según la Auditoría.
Algunas de las demás dificultades en la recuperación son por ejemplo la transferencia de bienes a terceras personas y la insolvencia de los presuntos responsables.
'Los presuntos responsables fiscales transfieren sus bienes a terceras personas para evitar que se decreten medidas cautelares sobre los mismos o los gravan con patrimonio de familia inembargable, impidiendo que se asegure el cobro como maniobra evasiva', indica el organismo revisor.
Pólizas insuficientes
Así mismo, advierte la Contraloría que las entidades públicas adquieren pólizas de manejo global del sector público a las compañías de seguros, con amparos y coberturas insuficientes 'siendo el valor asegurado muy bajo frente a los montos que es necesario cubrir'.
Y, por ejemplo, hay casos en que cuando son declarados responsables fiscales los gestores fiscales de las entidades públicas, es decir, representantes legales, ordenadores del gasto o delegatarios, tesoreros, pagadores, almacenistas etc., se encuentra que las coberturas de la póliza o contrato de seguros no alcanzan a cubrir sino una mínima parte del detrimento patrimonial ocasionado.
Existen además otros casos similares en que ni siquiera se incluye el amparo de fallos con responsabilidad fiscal, 'quedando desamparado el Estado del inminente riesgo de pérdida de recursos públicos por una gestión antieconómica,'.
Demandas contra hallazgos
En casi todos los casos, del mismo modo, los responsables fiscales acuden ante la jurisdicción contenciosa administrativa interponiendo demandas con el fin de contrarrestar la acción fiscal adelantada por las contralorías, evadiendo el pago de las deudas fiscales.
Esto, anota el ente de control, 'conduce a la suspensión de los procesos y de remates de bienes cuando se tienen decretadas medidas cautelares, que conducen a demoras y dilaciones en el trámite de los procesos de cobro coactivo'.
