Es impresionante la cantidad de información que posee la Contraloría General de la República sobre casos de corrupción en la Región Caribe. Y son hallazgos multimillonarios que evidencian un comportamiento criminal por parte de quienes deberían manejar con celo y pulcritud los dineros que son de todos los colombianos. Esos miles de millones que terminan en manos de los corruptos dejan de llegar a donde deberían llegar, es decir, a solucionar los graves problemas que tienen las personas más pobres de la Región Caribe.
Tuve acceso a una serie de informes preparados por ese organismo de control sobre el manejo de los recursos de la Región Caribe y la conclusión –por desgracia– es que la corrupción es el cáncer que carcome nuestros cimientos y atenta contra nuestro desarrollo. Con ese comportamiento criminal –y casi siempre impune– ninguna paz es posible.
El control fiscal que lleva a cabo la Contraloría General en las siete gerencias de la Región Caribe evidencia 'un mar de corrupción' que se devora miles de millones de pesos, dinero que termina en los bolsillos de avivatos, quienes terminan apropiándose de los recursos públicos, es decir de dineros que son de todos los colombianos.
No hay sector que se salve del robo indiscriminado, del pago de coimas, del tráfico de influencias, del 'Cómo Voy Yo', el tristemente célebre CVY, desde regalías, educación, salud y energético, entre otros. Es decir, corrupción en su máxima expresión.
El contralor general, Edgardo Maya Villazón, oriundo del Cesar, ha mostrado un particular interés por destapar algunas ollas putrefactas en las que se cocinan multimillonarios fraudes y desfalcos a las administraciones departamentales y municipales del país en general y de la Región Caribe en particular, así como en diferentes organismos y entidades del Estado.
En algunos casos, ni siquiera es la corrupción la causante de la mala administración de los recursos. Es el caso de las obras que se deben realizar en el Canal del Dique, para evitar que los habitantes de los municipios del sur del departamento del Atlántico y otros de Bolívar, tengan que padecer de nuevo una tragedia invernal como la de 2010, que causó pérdidas millonarias y dejó miles de damnificados.
De acuerdo con los hallazgos de la Contraloría General –soportadas en documentos– al finalizar el primer semestre de 2016, las obras apenas presentan un avance del 13.4%. Es decir, en seis años, poco o nada se ha hecho por evitar una nueva tragedia en los pueblos ribereños del Canal del Dique.
El organismo de control llama la atención del Fondo de Adaptación, entidad responsable de la mayoría de las obras, pues a Junio del presente año no se habían realizado las obras para evitar la afectación de la población que fue víctima de los desastres derivados del llamado Fenómeno de El Niño, en 2010 y 2011.
'La situación es dramática –dice uno de los informes de la Contraloría General– ante el Fenómeno de La Niña que ya se está presentando y para el cual no se cuenta con herramientas que el megaproyecto debía proveer y que son los que permitirían evitar las consecuencias de una nueva ola invernal'.
¿Cuáles son las joyas de la corona en materia de corrupción en la Región Caribe? ¿Quiénes son los grandes responsables de los desfalcos, fraudes y robos en la Región? ¿Quién responde por los robos continuados?
Programa de Alimentación (PAE): crímenes contra los niños
Los hallazgos fiscales de la Contraloría General –luego de revisar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la Región Caribe- ascienden a $12.745 millones. De acuerdo con el organismo de control, hay niños que desayunan 'con huevo con mango' y 'comen en el suelo y sus alimentos son preparados en cocinas improvisadas'. En su inspección a las escuelas donde niños pertenecientes a la población más vulnerable reciben sus alimentos, la Contraloría General encontró que los menores reciben comidas en estado de descomposición, así como cocinas y comedores escolares inapropiados y con condiciones sanitarias deficientes. 'Hay estudiantes –dice el informe de la Contraloría- que se quedan sin comer y reciben una dieta desbalanceada carente de proteínas y verduras'.
La investigación del organismo de control se centró en la operación del PAE con recursos provenientes del Ministerio de Educación y del Sistema General de Participaciones (SGP) en los siete departamentos de la Región Caribe. La Contraloría descubrió que los operadores entregan un menor número de raciones a las contratadas (el 57% en promedio), pero cobran el 100%. Pero algo más: la mayoría de los operadores del PAE en la Región Caribe son contratados de forma directa y algunos hacen presencia en varios departamentos. Solo se cambian de nombre, mediante la figura de uniones temporales.
Regalías: un barril sin fondo $25.000 millones
Los recursos provenientes de las regalías siguen siendo uno de los principales focos de corrupción de la Región Caribe. Es el bolsillo roto del que salen miles de millones de pesos de algunas administraciones para la celebración de contratos fantasmas que nunca se cumplen. Hasta el momento la Contraloría General ha descubierto 73 casos con presunta incidencia fiscal por $25.236 millones en la Región Caribe. Se trata de hallazgos encontrados, luego de revisar contratos celebrados entre Enero y Junio del presente año. Los hallazgos de mayor cuantía fueron en el Cesar (19 en total) por $8.547 millones. Luego siguen Córdoba, con 18 hallazgos por $7.712 millones), La Guajira (11 hallazgos por $5.435 millones), Sucre (19 hallazgos por $2.519 millones), Magdalena (1 hallazgo por $692 millones, Bolívar (3 hallazgos por $249 millones) y Atlántico (2 hallazgos por $81 millones). Los sectores más representativos en cuantía de hallazgos fueron: Transporte ($9.265 millones), Agua potable y saneamiento básico ($8.556 millones), Vivienda, ciudad y territorio ($3.555 millones), Educación ($1.198 millones) y Cultura, deporte y recreación ($1.071 millones). Dichos hallazgos se encuentran en traslado para dar inicio a los procesos de responsabilidad fiscal.
La Guajira: carrusel de contratos por $16.792 millones
Uno de los departamentos más críticos en el manejo de los recursos del PAE es La Guajira, donde la Contraloría encontró hallazgos fiscales por $16.792 millones. 'Lo que más se evidenció –dice el informe- son pagos de mayor valor por ración alimentaria. También entrega de raciones que no cumplen las condiciones de gramaje establecidas'. Los contratistas de la Gobernación de La Guajira para 2014 y 2015 son las mismas fundaciones sin ánimo de lucro que –a pesar de estar siendo cuestionadas por su mala gestión- se unen en diferentes consorcios con el fin de monopolizar las contrataciones.
'El hallazgo fiscal de mayor cuantía –dice el informe- es de $11.419 millones y corresponde a un contrato suscrito con el Consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira, donde se habría pagado un mayor valor por ración'. Pero –además- en La Guajira la Contraloría encontró paquetes nutricionales con productos de origen venezolano y sin el registro del Invima, ni tampoco registro sanitario, ni certificado de importación. Y hay más: en municipios, como Manaure y Uribia, los escolares no reciben todas las raciones contratadas y el operador cobra como si las hubiera entregado. ¿No es eso un crimen?
Reficar: lupa a contratos por $5.3 billones
Según informes de la Contraloría, los costos de ejecución de Reficar se incrementaron en 4.023 millones de dólares. Dice el organismo de control que hubo 'una verdadera feria de contratos'. Durante el tiempo de ejecución del 'megacontrato', se llegaron a celebrar 2.460 contratos. De ellos, más del 18% (más de 440) presentaron incrementos superiores al 100 por ciento. Incluso, un contrato de servicios de andamios para el proyecto, presentó un incremento de 37.528%, al pasar de un monto inicial de $23 millones a $8.615 millones.
En la actualidad la Contraloría revisa en Reficar contratos por $5.3 billones, que incluyen elevados costos para la fabricación de equipos a cargos de CB&I y un gran exceso de material sobrante. Los gastos mensuales del proyecto en promedio fueron de 120 millones de dólares, según la Contraloría. 'Los hallazgos con presunta incidencia fiscal que se obtengan de la actuación especial que adelanta la Contraloría General podrían dar lugar a la apertura de procesos de responsabilidad fiscal, en caso de afectar el interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público', concluye el informe del organismo de control.
Electricaribe: ¡Ya no más...!
Uno de los casos más emblemáticos –por su enorme incidencia en la vida de los siete millones de habitantes de la Región Caribe- es el de Electricaribe, donde los hallazgos fiscales de la Contraloría ascienden a $65.732 millones de pesos. El organismo de control dejó en evidencia que Electricaribe incumplió con la ejecución de los recursos públicos que se le asignaron para que desarrollara proyectos de normalización de redes eléctricas en la Región Caribe y que debían beneficiar a unos 63.783 usuarios.
Los hallazgos son el resultado de una auditoría realizada durante el primer semestre de 2016 al Ministerio de Minas y Energía, donde la Contraloría evaluó lo relacionado con la entrega de activos del Estado a terceros mediante la asignación de recursos del Programa de Normalización Eléctrica (Prone). El organismo de control consideró que hubo fallas por parte del Ministerio de Minas y Energía en la supervisión de la ejecución de estos contratos, teniendo en cuenta que los recursos destinados y pagados para la normalización de los usuarios no cumplieron con el fin definido por el Programa de Normalización. Curiosamente dicho Programa es uno donde la clase política de la Región Caribe tiene mayor incidencia y participación. De acuerdo con el hallazgo de la Contraloría, cerca de $7.734 millones del Programa de Normalización Electrica que debía ejecutar Electricaribe, se encuentran en fiducias, mientras que el resto de recursos -$141.135 millones- fue girado a terceros, autorizados por la propia Electricaribe.
Todo ello ocurre en momentos en que la Región atraviesa su peor crisis energética, como quedó evidenciado el pasado miércoles en el debate de control político realizado por la Comisión VI de la Cámara de Representantes en la Gobernación del Atlántico.
