La elección del nuevo procurador general de la Nación –luego de la destitución de Alejandro Ordóñez como jefe del Ministerio Público- pasó a convertirse en el hecho político del momento. Tanto la elección del sucesor de Ordóñez como la salida de este por decisión del Consejo de Estado tendrán implicaciones tanto para el Plebiscito de la Paz, como para las elecciones presidenciales de 2018. En ello tiene que ver –claro– el hecho de que Ordóñez politizó el cargo, como ninguno de sus antecesores lo hizo.
De manera que el fallo del Consejo de Estado, mediante el cual anuló la reelección de Ordóñez como Procurador General por parte del Senado, terminó agitando las aguas de la política nacional, hasta el punto de que quien lo suceda en el cargo debe –sobre todo– comprometerse a no repetir el triste y vergonzoso espectáculo de tener al frente del Ministerio Público a un funcionario que abusa de su cargo no sólo para ser reelegido, sino para no ser destituido.
En efecto, el trámite del proceso mediante el cual el Consejo de Estado anuló la reelección de Ordóñez fue una vergüenza, porque el Procurador –el encargado de velar por la moral administrativa en el país– se dedicó como cualquier tinterillo a torpedear y hacer uso de todo tipo de triquiñuelas para impedir que el proceso avanzara. Desde recusaciones directas hasta acusaciones penales directas contra los consejeros de Estado se vieron.
El fallo del Consejo de Estado es la reiteración del precedente que ya se había sentado con ponencia de la magistrada Stella Conto en la anulación de las elecciones de Pedro Munar y Francisco Ricaurte como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Es la condena del 'Yo te elijo y tú me eliges'.
Ahora se agregó un novedoso elemento, que en realidad es el verdadero precedente, peligroso y poderoso: el Consejo de Estado, como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, decidió que en materia de nombramientos o elecciones, él se reserva el derecho de calificar las causales de impedimento e inhabilidad, de modo que no basta que unos magistrados se declaren impedidos, pues aún si no les aceptan el impedimento, su actuación puede ser declarada como viciada.
Para decirlo en plata blanca: al Procurador General, Alejandro Ordóñez, lo sacó el Consejo de Estado por incurrir en una inmoralidad, que no es otra que la de hacerse elegir a punta de dar puestos por los votos de sus electores. Punto. Que sea la misma práctica inmoral de todos aquellos que ponen sus nombres a consideración del Congreso de la República –o, inclusive, de algunas altas cortes– no lo exonera de haber incurrido en una conducta inmoral a todas luces cuestionable.
Se trata de todo 'un delito electoral' si el escenario fuera la plaza de un pueblo y no los recintos de la Corte Suprema de Justicia –que lo postuló a cambio de haber nombrado a parientes de varios magistrados– y del Senado de la República, que lo eligió después de haber nombrado a parientes de varios senadores.
A la postre quedó demostrado que algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y varios senadores pagaron con su voto los favores burocráticos recibidos por el elegido por ellos. ¡Qué vergüenza! Si esa es la moral de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de algunos senadores de la República, la anhelada paz está muy lejos.
Y mucho más lejos está si quienes lo postularon a nombre de la Corte Suprema y quienes lo eligieron en el Senado no asumen su responsabilidad –como de hecho ha ocurrido– sino que se lavan las manos cínicamente, valiéndose de 'leguleyadas'.
En estos tiempos de verdad a cambio de impunidad, me gustaría saber qué tienen que decir los magistrados Ruth Marina Díaz y José Leonidas Bustos, sobre la forma cómo la Corte Suprema postuló a Ordóñez para su reelección. ¿Qué está pasando con la escogencia del nuevo Procurador General? ¿Cómo se están moviendo las fichas para elegir al sucesor de Alejandro Ordóñez? ¿Procurador de bolsillo del Presidente o procurador independiente?
Los vicios viejos de la Corte Suprema de Justicia
Contra todo pronóstico moral, la Corte Suprema acaba de incluir como su candidato en la terna para Procurador General a Jorge Fernando Perdomo, quien acaba de ser vicefiscal general y fiscal general encargado durante los últimos meses. Grave error. Para empezar sorprende que la mayoría de la Corte Suprema crea que Perdomo encarna su visión de vigilante de la moral administrativa. Sorprende -¡y mucho!- que a 16 magistrados no les importe el involucramiento de Perdomo en la obscena orgía del desperdicio contractual en el que se embarcó la Fiscalía, sin ningún respeto por la reglas de inhabilidad, ni por las mínimas de austeridad fiscal. Natalia Springer y los exconsejeros de Estado, contratados a manos llenas, son coautoría de Perdomo, e incluso, autoría directa, puesto que él renovó varios de esos contratos. ¿Se preguntó la mayoría de los magistrados de la Corte qué mandado estaba haciendo Perdomo, cuando salió a absolver al señor Palacino, en entrevista concedida a Blu Radio, cuando afirmó que el caso Saludcoop era más escándalo que pruebas? O cuando en la misma entrevista afirmó haber llamado al senador Ferro para solidarizarse con él, sin ‘parar mientes’ en que la Fiscalía investiga ese escándalo de corrupción sexual entre el Senado y la Policía, que se conoce como la 'comunidad del anillo'. Pero las objeciones no paran ahí. Es obvio que Perdomo está comprometido en las mismas conductas de Ordóñez, las que terminaron costándole el puesto. Tanto es así que por lo menos dos magistrados se declararon impedidos y les aceptaron sus impedimentos. ¿Acaso a Perdomo –que ejerció como Fiscal General por lo menos durante cuatro meses- no le aplica la inhabilidad constitucional del inciso final del Artículo Segundo del Acto Legislativo 2 del 1 de Julio de 2015? ¿Pesó en la decisión de la mayoría de esos Magistrados, todos esos favores que Perdomo les hizo, algunos perdidos en las hendijas grises de lo jurídicamente demostrable, pero de oscuridad ética y moral indiscutible? Pero lo más sorprendente es que si la Corte Suprema no hubiera ternado a Perdomo, entonces el elegido habría sido Wilson Ruíz, ese faro moral de la República, cuyas luces han iluminado el país desde su asiento de magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
¿Cuál es la Procuraduría que Colombia necesita?
Esa es la pregunta del millón. La del posconflicto, dicen unos. La que se comprometa con las políticas de género, dicen otros, quienes sueñan con un Procurador que sea todo lo contrario de lo que fue Ordóñez. Creo que lo que se requiere con urgencia –al igual que sucedió con el Fiscal General- es un Procurador que cumpla con la Constitución y la Ley. Punto. Debe -de forma prioritaria- dedicarse a la lucha contra la corrupción. Y lo debe hacer de forma preventiva, pues de nada valen las sanciones posteriores, cuando ya se han robado la plata y el daño ha sido causado. Hay que acabar con los tales controles de advertencia, pues la Procuraduría no puede ser una 'asustaduría'. Su función no es asustar. No tiene que ladrar, sino que morder. Si están a punto de robarse la plata, no hay que advertirlo: hay que impedirlo. Pero –sobre todo- se requiere de un Procurador que no haga política a costillas de nuestros recursos. Que no actúe de forma sesgada. Que lo tenga sin cuidado la vida sexual de los adultos. Que no se meta en las cobijas de nadie. Que no señale con base en principios religiosos. Que impida que los corruptos se queden con nuestros recursos. No es mucho, pero es todo.
¿Un Procurador del bolsillo de Gaviria?
El Consejo de Estado acaba de ternar a Fernando Carrillo Flórez, exministro de Justicia y exembajador en España, como su candidato para suceder a Alejandro Ordóñez. Se trata de un 'joven consentido del Régimen', como diría Álvaro Gómez Hurtado. Carrillo es ficha indiscutible del expresidente César Gaviria, tanto como el ex vicefiscal Perdomo, quien también está apadrinado por el nefasto exfiscal Eduardo Montealegre. Es decir, Gaviria ha sabido sacarle el jugo a la pataleta que le dio cuando el presidente, Juan Manuel Santos, no incluyó en la terna para Fiscal General a Perdomo, hecho que –en su momento- lo distanció del Gobierno. Hoy, Santos y Gaviria están de 'tigo y migo', hasta el punto de que el expresidente liberal fue nombrado por Santos como el coordinador del ‘Sí’ al Plebiscito en todo el país. El paso de Carrillo por la embajada de Madrid se vio envuelto en el escándalo por la publicación de un libro sobre 'la estirpe de la familia Santos', que sirvió para que el mundo constatara los vínculos de sangre que unen al Presidente de la República con la heroína Antonia Santos. La publicación causó revuelo en España y hoy es motivo de profusos estudios y análisis en distintas universidades de ese país. Carrillo tendría el respaldo del sector gavirista del Partido Liberal, aunque también hay varios senadores comprometidos con Perdomo, de quien recibieron muy buen trato cuando se desempeñó como vicefiscal y fiscal general encargado.
El candidato del Presidente
Una vez elegidos los candidatos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la expectativa se centra en el elegido por el presidente Santos. El favorito es el exministro Eduardo Pizano, muy cercano tanto al Presidente de la República, como al vicepresidente, Germán Vargas Lleras. Tiene, además, gran ascendencia dentro del conservatismo y mantiene relaciones cordiales con el expresidente Gaviria. Ha sido ministro de Andrés Pastrana y excandidato a la Alcaldía de Bogotá. También suenan como posibles candidatos, el exconsejero de Estado, Enrique Gil, y la exmagistrada, María Mercedes López. Ojalá que el Presidente acierte en la escogencia de su candidato, tanto en sus calidades éticas y profesionales, como en lo que tiene que ver con la filigrana política, tan importante en estos tiempos de plebiscito. Es toda una inconveniencia que tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado hayan coincidido en elegir candidatos gaviristas, pues si a ello se le suma que el mismísimo Gaviria es el 'jefe de campaña del ‘Sí’', todo resulta en un empoderamiento del expresidente realmente excesivo. El Partido Conservador –miembro de la Unidad Nacional y que tenía en Ordóñez a un hombre de confianza- está muy preocupado con la posibilidad de perder a uno de los órganos de control más poderosos. De manera que si el Presidente no quiere desbaratar la gobernabilidad política, debería ternar a un conservador, aunque le toque lidiar la segunda pataleta de Gaviria.
