La firma del Acuerdo de Paz no solo significará el fin del conflicto entre el Gobierno y las Farc y el principio del proceso de desmovilización del grupo subversivo. Constituye también el primer paso de un largo proceso legislativo, económico, político y social para poner en marcha las numerosas reformas que plantea el texto redactado en La Habana.
La entrada en funcionamiento de lo negociado se hará a través de tres mecanismos: refrendación, implementación y verificación, tal como se describe en el punto 6 del Acuerdo.
Viridiana Molinares, profesora de Derecho de la Universidad del Norte, explica así la relación de estos tres mecanismos: 'La refrendación tiene que ver con la participación del pueblo frente al proceso, que se estará dando con un plebiscito donde los colombianos votarán para aceptar o no lo acordado en La Habana. En el evento que el pueblo refrende el acuerdo por vía plebiscitaria, se inicia el proceso de implementación a través de la expedición de leyes y reformas constitucionales para materializar los acuerdos. Por último, la comunidad internacional será la que verifique que la implementación de los compromisos de las Farc y el Gobierno se cumplan de manera eficaz'.
Implementación
De acuerdo con Molinares, se han establecido una serie de reglas especiales que el Gobierno y el Congreso aplicarán al implementar los acuerdos. Dichas reglas están en la reforma constitucional conocida como Acto Legislativo para la Paz, que establece que para la implementación se va a crear una comisión legislativa especial en la que habrá representación de todos los partidos políticos que hacen parte del Congreso.
'Esto es lo más importante de este punto, porque en el Congreso están los opositores y partidos que están a favor del Acuerdo. Este Congreso es el que tendrá que expedir las leyes para implementarlo, a partir de la iniciativa del Presidente, quien fue el que negoció y tendrá que presentar los proyectos de leyes para materializar esas negociaciones', explica.
La experta agrega que será el Congreso quien tendrá la última palabra con relación a cómo se implementa el Acuerdo y podrán introducir cambios a las propuestas que presente el Presidente. 'Ese es un escenario muy posible. Si le quitamos al Congreso la posibilidad de que introduzca modificaciones a los proyectos de ley que presente el Gobierno, estamos vulnerando el principio de separación de poderes', apunta Molinares.
Las leyes y reformas constitucionales necesarias para el acuerdo se van a tramitar por medio de un proceso especial y excepcional. 'Hay una reducción de términos para el proceso. En Colombia una reforma constitucional se agota cuando se hayan dado ocho debates. El Acto Legislativo por la Paz establece que, si se necesitan estas reformas para implementar el acuerdo, se realizarán solo cuatro debates para que el trámite sea más ágil. Lo mismo sucede para la expedición de leyes', indica.
Este procedimiento se llevará a cabo por un período de seis meses, a partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo (una vez se refrende el Acuerdo mediante la participación popular), pero podrá ser prorrogado por hasta seis meses por el Gobierno, tras notificar al Congreso. El objetivo de lo anterior, según Molinares, es que el proceso de implementación legislativa se logre agotar en esta legislatura, que empezó el 20 de julio de 2016 y que termina el 20 junio de 2017.
'Después vendrá todo el proceso del cumplimiento y materialización de reformas normativas', específica Molinares. 'Este un proceso que demorará años. Por ejemplo, para hacer la Reforma Rural Integral la implementación incluye hacer una revisión catastral. Esto, sin duda, nos va a llevar mucho tiempo'.
Seguimiento
Un día después de la firma del Acuerdo Final se creará la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, integrada por 3 representantes del Gobierno y 3 de las Farc.
Esta funcionará inicialmente hasta enero de 2019, pero podrá tener una duración de hasta 10 años. Su objetivo es hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y su implementación legislativa y aprobar un Plan Marco para la Implementación de Acuerdos, con vigencia de 10 años, que contendrá el cronograma y el conjunto de propósitos, objetivos, prioridades y medidas necesarias para la puesta en marcha del Acuerdo.
Componente internacional
El Gobierno y las Farc acordaron la creación de un mecanismo de verificación con un componente internacional, con el propósito de comprobar el avance de la implementación, e identificar retrasos o deficiencias. Se compondrá por dos personas de representatividad internacional: una elegida por el Gobierno y otra por las Farc, y por representantes de los países garantes de las negociaciones: Cuba, Noruega, Venezuela y Chile. Incluye además un componente técnico internacional, del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (EEUU), que diseñará la metodología para identificar los avances de los acuerdos.
Gobierno y Farc solicitarán a la Organización de Naciones Unidas una misión política para verificar la reincorporación económica, política y social de las Farc y las medidas tomadas para la protección de los excombatientes. La misión tendrá inicio una vez la ONU concluya su labor de verificación en el proceso de dejación de armas de las Farc.
Este mecanismo internacional de verificación funcionará por un periodo de tres años, renovable si es necesario.
Las Farc y el Gobierno acordaron solicitar el acompañamiento internacional de diversos países y entidades internacionales en la implementación de cada uno de los puntos del Acuerdo, para brindar apoyo en experiencias, recursos, monitoreo y buenas prácticas.
¿Cómo se financiará la implementación del acuerdo?
Para permitir el inicio de la implementación, se aprobará un documento Conpes que indicará los recursos necesarios para la financiación del acuerdo y las fuentes de esos recursos.
Se promoverán, además, mecanismos y medidas para que recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías contribuyan a financiar la implementación.
De igual forma, se propiciará la participación del sector empresarial en el financiamiento, para garantizar la productividad y sostenibilidad de proyectos contemplados, entre otros, en la Reforma Rural y el Programa Integral de Sustitución de Cultivos.
Un sistema de información será dispuesto para garantizar la transparencia en la implementación del Acuerdo Final y así prevenir la corrupción y dar garantías sobre la ejecución de recursos.
Refrendación: Plesbiscito por la paz
Para refrendar el Acuerdo: la Corte Constitucional aprobó la convocatoria al plebiscito por la paz, que se llevará a cabo el 2 de octubre. Los votantes deberán responder ‘sí’ o ‘no’ a la pregunta '¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?'.
La decisión que emane de las urnas es de obligatorio cumplimiento para el Presidente de la República, pero no para los demás organismos del Estado.
