La pelea entre las Farc, representadas en el comandante Jesús Santrich y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, tuvo este miércoles un segundo round.
Todo empezó el martes pasado, un día después del acto protocolario de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, cuando el fiscal advirtió que las Farc deben reportar los bienes que tienen en su poder antes de la votación del Plebiscito por la Paz, programado para el próximo domingo 2 de octubre o, de lo contrario, el ente de control penal llevará a cabo procesos de extinción de dominio.
Además, el jefe del ente acusador sostuvo que una vez entren en vigencia los acuerdos de paz con las Farc, cualquier delito cometido por los desmovilizados será considerado como un incumplimiento a los compromisos del proceso de La Habana y 'quedan sometidos al régimen ordinario de la ley penal y serán del conocimiento exclusivo de la Fiscalía General de la Nación'
Este miércoles, uno de los máximos jefes de las Farc, Jesús Santrich, trinó: 'Fiscal Martínez debería ponerse plazo para contarnos sobre sus vínculos con empresas que apoyaron el paramilitarismo', agregando: 'Fiscal, tú que eres experto, cuéntale al país cómo se defiende a los financiadores del paramilitarismo. ¿Lo harás?'.
Y, poco después, retomó en la red social, como apurando a Martínez: 'Fiscal, ¿cuál es el plazo para que cuentes sobre empresas que financiaron el paramilitarismo y tus vínculos con ellas?'.
Martínez, horas después y al ser preguntado por periodistas, no respondió a Santrich sobre supuestos nexos con empresas que financiaron paramilitares pero sí llamó la atención sobre los temas de los bienes y los delitos tras la entrada en vigencia del acuerdo.
'Si hay algún ataque no es a mí sino a los acuerdos que ellos firmaron', contestó el fiscal, indicando además que 'lo que manifestamos ayer es justamente el contenido de los acuerdos convenidos entre las Farc y el Gobierno'.
Y recordó en este sentido que 'el punto 9 del capitulo de la Jurisdicción Especial para la Paz dice que esa jurisdicción solamente conocerá de delitos cometidos con anterioridad a la vigencia del acuerdo final, lo que significa que con posterioridad a dicha vigencia se recuperá la competencia plena de la jurisdicción ordinaria'.
