El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, propuso este miércoles que se apliquen algunos de los mecanismos contenidos en la Ley de Justicia y Paz como alternativa de justicia para destrabar el proceso de paz con las Farc.
'En lo jurídico nosotros estamos prestos a analizar alternativas que inclusive podrían estar en el ámbito de la Ley 975 de Justicia y Paz, a través de la cual se pueden explorar otras opciones en el proceso de aclimatar y consolidar la paz en Colombia', dijo Martínez.
La Ley 975 o Ley de Justicia y Paz fue expedida en 2005 durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y constituyó el marco jurídico para judicializar a los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante su proceso de desmovilización adelantado por dicho gobierno. En ella se contemplan penas de hasta ocho años de cárcel para autores de delitos atroces y un sistema de audiencias libres como mecanismo de verdad y reparación a las víctimas.
Martínez también señaló que legalmente es posible conceder un indulto o amnistía generalizado a los guerrilleros rasos por el delito de la rebelión, una opción barajado en el Congreso por el expresidente Uribe y su partido Centro Democrático.
'Desde el punto de vista de nuestra Constitución, el indulto es posible frente al delito político, y a partir de un desarrollo legislativo, y con base en la Ley 418, podría ponerse en vigencia esta posibilidad. Una alternativa que está dentro del abanico de posibilidades de superar la actual coyuntura'.
A la luz del resultado del plebiscito, la Justicia Especial Para la Paz que traía el acuerdo quedó sin piso jurídico, por lo tanto sus tribunales especiales y el procedimiento de garantías en verdad, justicia, reparación y no repetición, a la fecha no pueden ser aplicados.
No obstante, el fiscal señaló que el presidente como responsable de conducir la paz ha manifestado que continuará con el proceso y así se lo ha hecho saber a la Fiscalía. Por lo tanto, el ente acusador mantendrá la suspensión de las órdenes de captura a la cúpula de las Farc que se encuentra en La Habana.
Dicha suspensión será por término definido, dándole tiempo a la renegociación de los acuerdos.
