BOGOTÁ. En el documento de 26 páginas presentado en la tarde del miércoles por el Centro Democrático para ajustar el acuerdo de paz con las Farc tras el triunfo del No en el Plebiscito, se proponen, como temas fundamentales sin dejar de resultar polémicos a la luz de lo que el Gobierno y las Farc consideren como viables para negociar, la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz y la no elegibilidad política para desmovilizados señalados de delitos de lesa humanidad.
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El agro
Lo primero que toca el uribismo es la que denominan 'Reforma Rural Integral', sobre la que imponen unos mínimos: 'ser verdaderamente integral e inclusiva. Sin menoscabo del énfasis que se le quiera dar a la 'economía campesina, familiar y comunitaria' dentro de una producción familiar de búsqueda de equidad, una reforma integral debe reconocer la existencia de la producción empresarial de mayor escalas, su importancia dentro del desarrollo rural y la economía nacional, y la también obligación del Estado de promoverla dentro de condiciones establecidas'.
Así mismo, 'ser verdaderamente integral desde el punto de vista productivo. Históricamente, las reformas centradas exclusivamente en la redistribución de la tierra no han logrado disminuir la pobreza rural; respetar el derecho a la legítima propiedad privada; promover la asociatividad de los pequeños propietarios preexistentes y
nuevos; permitir y promover la participación ciudadana, dentro de las instancias y competencias de las instituciones democráticas'.
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La participación política
Para la oposición, 'este acuerdo condiciona la aplicación de un Estatuto de la Oposición a la firma de un Acuerdo con las FARC. Esta concesión da una señal errada de la democracia colombiana y gradúa a las FARC de legítimo opositor del Gobierno', por lo que plantea 'corregir esa redacción para que impere que el Estatuto de la Oposición debe ser una prioridad nacional, donde todas las fuerzas políticas participarán en igualdad de condiciones'.
Y señalan que 'el partido político de Farc no debe tener beneficios excesivos, sino contar con los mismos recursos y herramientas de los demás partidos y movimientos políticos registrados en el país. Además, debe aplicársele las mismas normas relativas al funcionamiento y financiación que rigen las demás colectividades', ante lo que advierten: 'bajo ningún concepto tendrá asiento en el Consejo Nacional Electoral, prerrogativa que muchos partidos actuales no tienen'.
Indican, además, que 'las curules especiales que se otorgarán por 8 años a las FARC en el Senado y la Cámara de Representantes, no podrán ser ocupadas por personas que hayan sido condenadas por Delitos de Lesa Humanidad o delitos graves'.
Víctimas
Se dispone en el documento que las 'Farc deben mostrar arrepentimiento y pedir perdón por sus actos' y en cuanto a la reparación militar asevera que 'no existe en este Acuerdo un compromiso explícito de las FARC para contribuir de manera efectiva con la reparación económica de sus víctimas. Si bien el documento habla de reparación material, el término es difuso y requiere ser precisado con el compromiso de entrega total de bienes para el resarcimiento de sus damnificados'.
En este sentido, se propone: 'Farc deben informar el listado de bienes que poseen con toda la información que permita individualizarlos e identificarlos, antes de la entrada en vigencia del acuerdo, tal como lo solicitó el Fiscal General. Dichos bienes serán utilizados para la reparación económica de sus víctimas'.
Justicia
En este punto, el más extenso del documento, se señala que 'el artículo 36 del Acuerdo de Justicia, contrario a lo que hoy dispone la Constitución, contempla la elegibilidad política para responsables de delitos graves y de lesa humanidad. Debe expresarse de manera contundente que la elegibilidad no será aplicable a quienes hayan sido condenados por estas deplorables conductas'.
Y frente al espinoso tema de la cárcel plantea: 'el artículo 60 del Acuerdo de Justicia abre la puerta para que los máximos responsables de Crímenes de Lesa Humanidad que 'digan toda la verdad' no tengan pena carcelaria o medida equivalente. Tal como está el artículo se viola el artículo 77 del Estatuto de Roma. Por supuesto en aras de un acuerdo se pueden explorar penas carcelarias reducidas y en condiciones de reclusión alternativas como las colonias agrícolas'.
Finalmente, se advierte que 'en virtud de lo anterior, y en aras de construir una propuesta que le de viabilidad a la justicia transicional dentro la institucionalidad existente, sugerimos los siguientes aspectos: eliminar la denominada Jurisdicción Especial para la Paz, para ser reemplazada por un sistema de justicia transicional al interior de la jurisdicción ordinaria de la justicia nacional'.
Y allí se propone crear salas especializadas denominadas cortes para la paz, adscritas al Tribunal Superior de Bogotá, atribuir competencia a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para que funja como de segunda instancia a dichas cortes para la paz; crear unas fiscalías para la paz que investigarán, postularán y acusarán; y los magistrados deberán ser colombianos y los abogados defensores sí podrán ser extranjeros.
Además, se 'amplia la aplicación de la amnistía y el indulto a terceros no combatientes como colaboradores o auxiliadores, siempre y cuando se entregue cualquier material bélico que se posea. La amnistía o el indulto no hace desaparecer el compromiso con la verdad'.
También, 'se modifica el régimen de sanciones, estableciendo un mínimo de 5 años y un máximo de 20 años de privación de la libertad como sanciones a imponer por las cortes de paz, para quienes hayan cometidos graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario', y 'si hay reconocimiento de la responsabilidad, sea autor o cómplice de la conducta, las sanciones serían de 5 a 8 años de privación efectiva de la libertad, así sea en lugares de reclusión alternativos como granjas agrícolas'.
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