La Corte Constitucional le negó la solicitud de retiro que presentó un grupo de congresistas del Centro Democrático a las demandas interpuestas contra el plebiscito por la paz y decidió continuar con su estudio pidiendo a diferentes entidades conceptos legales para fallar en derecho sobre estas acciones.
Las demandas, que fueron radicadas ente el alto tribunal semanas antes de los comicios del 2 de octubre, cuestionaban la legalidad de la resolución presidencial que convocó el plebiscito y la pregunta formulada por el presidente Juan Manuel Santos.
Sin embargo, tras conocerse los resultados que dieron como ganador al ‘No’ con una estrecha ventaja del 0.42%, los congresistas Paloma Valencia, Alfredo Ramos y Paola Holguí, así como el concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez, pidieron al la Corte que retirara su solicitud de cambiar la pregunta y aplazar la fecha de las votaciones.
Contrario al deseo de los demandantes, el despacho de la magistrada María Victoria Calle decidió seguir adelante con el estudio de las demandas.
Ahora, la Presidencia de la República, los ministerios del Interior, Hacienda, Justicia y Cancillería, las universidades, el presidente del Congreso, los negociadores de La Habana y la Oficina del Alto Comisionado de Paz, deberán presentar sus conceptos sobre la constitucionalidad de la convocatoria a las urnas.
La decisión de la presidenta de la corte abre la puerta a un paradójico escenario en el que los defensores del ‘No’, que alegaron la ilegalidad de la refrendación, podrían tener razón pero verse afectados porque el plebiscito los dio vencedores.
Por su parte, el Gobierno como promotor del Sí, tendrá que argumentar si fue legal o no la convocatoria a una consulta que promovió pero que en últimas se convirtió en una piedra en el zapato para culminar exitosamente con el proceso de paz adelantado con las Farc.
Contra el Acto Legislativo. En la Corte también hay dos demandas contra el Acto Legislativo por la Paz, el cual establece un procedimiento ‘fast track’ para implementar el Acuerdo Final.
Sobre una de ellas, presentada también por el Centro Democrático, la Procuraduría emitió un concepto en el que pidió declarar nula esa reforma constitucional.
Aunque el Acto Legislativo quedó sin efecto por el resultado del plebiscito, la procuradora (e) Martha Isabel Castañeda, argumentó que una nueva refrendación popular podría revivir los efectos jurídicos que prevé la reforma.
Esto se podría dar si al texto se le introducen modificaciones a la luz del diálogo nacional que adelanta el Gobierno y es convocado otro plebiscito para validarlo.
'No existe un plazo de expiración como efecto de un eventual rechazo popular al Acuerdo Final', afirmó.
Otras demandas. En total hay 11 demandas en la Corte que piden tumbar tanto el plebiscito como el Acto Legislativo.
Incluso, a raíz del coletazo del huracán ‘Matthew’, hay varias acciones que solicitan al tribunal repetir las elecciones en la costa, unas solicitan que se reabran los puestos en los que no se pudo votar y otras alegan que se debería sufragar nuevamente en toda la región.
La última demanda presentada contra el resultado del plebiscito fue interpuesta por el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, quien basado en las revelaciones del gerente de la campaña del ‘No’, Juan Carlos Vélez, afirmó que los resultados eran inconstitucionales al no contar los ciudadanos con la 'plena información, suficiente conocimiento y absoluta identidad', para emitir su voto.
