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Al radicar un proyecto de ley que busca que haya un marco de ordenamiento ambiental en todo el territorio marino-costero, con el fin de fortalecer y contribuir a la preservación de estas zonas, la representante atlanticense de La U, Martha Villalba, calificó como 'una verdadera crisis ambiental la situación actual de las playas del Caribe colombiano, principalmente las del municipio de Puerto Colombia y el corregimiento de Salgar, en Atlántico, y las del Rodadero en Magdalena'.

Señaló la parlamentaria, en este sentido, que 'hace unas semanas vivimos los estragos del coletazo del huracán Matthew y el estado de nuestras playas en Puerto Colombia y Salgar es lamentable. Además de la contaminación producto de las basuras, se suma el drama de muchos caseteros cuyos negocios se vieron afectados. Pero no sólo es lo que está ocurriendo en el Atlántico, también vemos con preocupación lo que sucede en las playas del Rodadero, en Santa Marta, donde apareció, recientemente, una gigantesca mancha negra'.

Por ello, advirtió que las playas no puede continuar sin dolientes y que por más esfuerzos que hagan las alcaldías debe haber más apoyo por parte del Gobierno Nacional y las empresas que generan contaminación a las mismas.

Explicó al respecto que el proyecto de ley que presentó es a raíz 'de estas problemáticas que vemos constantemente en las playas de nuestro país, producto no solamente de los fenómenos naturales, sino de la erosión costera, los fuertes oleajes y por la contaminación ambiental que generan muchos ríos, entre ellos el Magdalena, que arrastra todo tipo de desechos'.

Y precisó que, con la iniciativa, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán acciones 'que establezcan y/o refuercen, según corresponda, los arreglos institucionales, administrativos, financieros y legales necesarios para desarrollar una gestión integrada de los ecosistemas marinos y costeros'.

Por último, indicó, corresponderá al Departamento de Planeación Nacional formular una política nacional integrada 'para el desarrollo sustentable de las zonas marinas, costeras e insulares, donde se determinen las competencias, los alcances, y los mecanismos de articulación entre los diferentes entes que a nivel nacional, regional, académicos y civiles intervienen en el manejo de estas zonas'.