Un rechazo unánime le dio la Corte Constitucional este miércoles a la demanda de nulidad presentada por un ciudadano contra el fallo de este mismo tribunal que le dio vía libre al plebiscito por la paz del pasado 2 de octubre.
La solicitud del demandante era la de anular la sentencia C-379 del pasado 18 de julio, que definió los lineamientos para la votación del refrendatorio de los acuerdos de paz de La Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc.
Alegaba la petición que había vicios de procedimiento por parte del alto tribunal a la hora de emitir la providencia en la que, entre los puntos más polémicos, se destaca la reducción del censo electoral a un umbral del 13 por ciento.
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La máxima corte guardiana de la Carta Política, que ya había rechazado en septiembre pasado tres solicitudes que iban por la misma línea, tiene otros dos estudios similares de demandas que en igual sentido presentaron parlamentarios del Centro Democrático, el concejal capitalino Marco Fidel Ramírez, conocido como 'el concejal de la familia', y otros juristas.
Entre tanto, también este miércoles, a través de una carta dirigida a la Corte Constitucional, los senadores del Centro Democrático, el cordobés Daniel Cabrales, el cartagenero Fernando Araújo y el barranquillero Jaime Amín, pidieron al alto tribunal 'que respete y acoja a la decisión soberana adoptada mediante el plebiscito del pasado dos 2 de octubre'.
'A la pregunta engañosa, que incluía la palabra paz, en contra de la sentencia de la honorable Corte, hay que agregar el abuso publicitario del Gobierno, camuflado detrás de la pedagogía, la utilización de recursos públicos bajo directiva presidencial, la amenaza de guerra urbana de parte del jefe del Estado, los excesos de los funcionarios promotores del Sí y la conservación de las armas por parte de las Farc', se lee en la misiva.
Finalmente, los parlamentarios del Caribe -región en la que ganó el Sí en todos los departamentos pero no con las mayorías que se esperaban- advirtieron que 'desconocer el plebiscito sería una afrenta directa contra la democracia y, peor aún, contra la soberanía del pueblo colombiano frente al ejercicio excesivo de los poderes públicos'.
