Por 61 votos a 2, y con la abstención del Centro Democrático, la plenaria del Senado aprobó este lunes el proyecto de acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, sistema de justicia transicional en el que serán juzgados guerrilleros, uniformados y terceros de acuerdo a lo pactado en el proceso de paz con las Farc.
Los dos votos en contra llegaron desde la Alianza Verde, en cabeza de Claudia López y Antonio Navarro, pues esa colectividad presentó una ponencia alternativa que fue negada.
La discusión, que se llevó alrededor de siete horas, la abrió el ponente mayoritario de la iniciativa, el senador de La U, Roosvelt Rodríguez, quien expuso que 'el objeto de la Jurisdicción Especial para la Paz es definir la situación jurídica de las personas que cometieron delitos durante conflicto armado', y que en su órbita la JEP 'podrá investigar, esclarecer, juzgar y sancionar graves violaciones a los Derechos Humanos en el marco de conflicto'.
Agregó Rodríguez que la JEP 'se aplica a miembros de las Fuerzas Armadas, las Farc y terceros específicos', señalando que, además, 'en el marco del sistema integral de verdad, justicia y reparación, el Estado garantizará el derecho a la reparación de las víctimas'.
A su turno, el senador del Polo, Iván Cepeda, criticó que 'los opositores de la paz han tenido el descaro de decir que los jueces de la JEP serán escogidos por las Farc. Eso es falso'.
Por su parte, el parlamentario del Centro Democrático y precandidato presidencial, Iván Duque, se preguntó: '¿quién podrá confirmar que los cabecillas de las Farc digan la verdad ante los juzgados de paz?'.
Marco Avirama, de la ASI, advirtió: 'como representantes de las comunidades indígenas apoyamos este acto legislativo, pero solicitamos que los juzgados digan la verdad'.
Y desde Voces de Paz, el partido de la vocería ciudadana de la guerrilla en el Capitolio, Jairo Estrada puso de presente que 'las víctimas del conflicto armado merecen saber la verdad. No es cierto que la JEP vaya a establecer la impunidad'.
Entre tanto, Hernán Andrade, del Partido Conservador, dejó saber que 'el proceso de paz tiene el respaldo del Partido Conservador: se requiere un sistema especial, autónomo, independiente, en la justicia para el proceso'.
A su vez, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, propuso: 'se debe buscar un mecanismo para que los responsables de delitos de lesa humanidad cuenten la verdad ante los tribunales de paz (...). Si cuentan la verdad, bien, pero si no, que les quiten sus derechos políticos'.
También se dirigió al pleno de la cámara alta el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien advirtió que 'la JEP tiene un vacío en cuanto al narcotráfico, este delito debe ser de la jurisdicción ordinaria', por lo que pidió: 'solicito que se incluya en la JEP una redacción adicional para que delitos de narcotráfico sean de conocimiento de la justicia ordinaria'.
Y se quejó además de que 'resultaría francamente caótico que esto no quede claro: debe decir en la JEP si los falsos positivos son o no competencia de ella'.
Al final, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que 'hemos aprobado 83 proposiciones de los congresistas de la JEP en estos cuatro debates. El Congreso no es convidado de piedra'
Y celebró que el Legislativo haya aprobado 'este articulado, que es la columna vertebral del acuerdo'.
El proyecto, que surtió su cuarto y último debate en el recinto de la cámara alta mediante el mecanismo abreviado legislativo del 'fast track', se presentó con ponencia mayoritaria de Andrade, Rodríguez, Doris Vega de Opción Ciudadana y Juan Manuel Galán del liberalismo.
La iniciativa contempla la eliminación de la restricción de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición para trasladar información a autoridades para atribuir responsabilidades en procesos judiciales o disciplinarios y precisa además que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, será una entidad del orden nacional con personería jurídica y con autonomía administrativa, presupuestas y técnica, sin ser un ente autónomo de rango constitucional.
No obstante, el proyecto de acto legislativo sufrió modificaciones a lo largo de los debates que ha superado: una de ellas tiene que ver con las consideraciones que hizo el fiscal Martínez, quien pidió excluir a los disidentes de dichas organizaciones para que queden sometidos a la jurisdicción ordinaria.
Asimismo, planteó que los delitos como el reclutamiento de menores o el porte ilegal de armas sean competencia de la jurisdicción ordinaria, cuando se hayan cometido después del diciembre 1 de 2016, cuando entra a regir el acuerdo de paz con las Farc.
