El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández, radicó este martes ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional que busca crear la doble instancia para los aforados constitucionales que son juzgados actualmente, en única instancia, por el máximo tribunal de la justicia ordinaria del país.
Estos aforados, que corresponden a congresistas, gobernadores y otros altos funcionarios del Estado, con la iniciativa, podrán además impugnar los fallos cuando consideren que hay lugar a ello.
Al respecto, el magistrado Fernández aseguró que el proyecto presentado en la Comisión Primera del Senado 'es un acto de justicia y no de prebenda para los altos funcionarios', y agregó en este sentido que 'en el juzgamiento que se le haga a un gobernador, embajador o congresista, el primer fallo lo dará el Tribunal Superior de Bogotá, fallo que puede ser apelado y decidido por la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia'.
Concluyó el togado que la idea es 'ponernos a tono con la justicia internacional'.
A su vez, el presidente del Congreso, el senador Mauricio Lizcano, de La U, dijo que esta iniciativa es un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, ratificado por la Corte Constitucional y precisó que 'el proyecto cobija a generales de la República, ministros del despacho, gobernadores, alcaldes, defensor del pueblo y vicepresidente de la República, y es coadyuvado por el Gobierno, la Corte Suprema de Justicia y el poder legislativo'.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció del mismo modo su acompañamiento a este proyecto y puso de presente que 'la ausencia de la doble instancia toca el sentir de muchos académicos y juristas que consideran que sin doble instancia se afecta la integridad de las investigaciones que se llevan con relación a los congresistas'.
Entre tanto, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, advirtió que 'el Estado estaba en déficit de la doble instancia para los funcionarios aforados (...) Este es un momento histórico en el cumplimiento de una observancia de los derechos fundamentales'.
De aprobarse esta reforma, la Fiscalía General de la Nación asumiría la primera instancia de estas investigaciones.
