El esfuerzo por alcanzar la paz lleva aparejados compromisos que debe asumir con firmeza y decisión el Estado colombiano. Más allá de un concepto etéreo, una paz estable y duradera precisa de ofrecer bienestar social a todos los nacionales, a lo largo y ancho de su territorio y de su pluralidad.
El Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, tiene un enfoque de paz territorial que pone el acento en las zonas rurales del país, en las que habita el 26% de la población nacional. Es importante saber que justamente el 38,6% de esta población rural es pobre, frente a lo cual el Acuerdo propone que con una Reforma Rural Integral se logre, en un término de 15 años, erradicar la pobreza extrema y disminuir la pobreza rural en un 50%.
Lo anterior, sin embargo, no implica el descuido de los territorios urbanos y periurbanos, que han sido receptores importantes de población desplazada y que son fundamentales para la aplicación de estrategias de integración social. Estas zonas albergan hoy a un poco más del 74% de la población colombiana, de la cual el 25% es pobre. El mismo texto del Acuerdo reconoce también la importancia de buscar escenarios de convergencia para reducir la desigualdad y lograr mejores niveles de bienestar tanto en la ciudad como en el campo.
Es comprensible el énfasis que la estrategia planteada en el Acuerdo pone en las zonas rurales si se revisa el boletín técnico de Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia 2016 del DANE: la pobreza nacional disminuyó de 49,7% en 2002 a 28% en 2016; en las áreas urbanas se logró una disminución de 20,6 puntos en la pobreza total, pasando de 45,5% a 24,9%; y en las áreas rurales esta disminución fue de 23,1 puntos, pues pasó de 61,7% a 38,6%.
