El hacker Andrés Fernando Sepúlveda solicitó formalmente acogerse a la Jurisdicción Especial de Paz.
Su abogado Carlos Toro informó que radicó ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ejecución de Penas de Ibagué una solicitud para que su cliente sea beneficiario de la amnistía de iure que tiene la Ley de Amnistía y, por tanto, se le otorgue la libertad condicional e inmediata.
'Los delitos cometidos por él fueron realizados conexos con el delito político y en relación con el conflicto armado colombiano', dijo Toro.
Sepúlveda fue condenado a 10 años de prisión después de avalarse un preacuerdo en el cual aceptaba su responsabilidad en cinco delitos que la Fiscalía le imputó, y se comprometió a colaborar en los casos relacionados a las interceptaciones ilegales que se habrían realizado desde la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga.
En la solicitud de 42 páginas, Toro le pidió al juzgado que se extinga la sanción penal dictada en contra de Sepúlveda por los delitos de espionaje, concierto para delinquir agravado, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales y uso de software malicioso por los que fue condenado en 2015.
De acuerdo con el abogado, las actividades que hizo Sepúlveda para interceptar las comunicaciones de los negociadores de paz de las FARC en La Habana en 2014 califica como una actividad contrainsurgente.
'Con el uso de herramientas cibernéticas, desde la sede de campaña del partido Centro Democrático, bajo la comandancia del hacker Andrés Sepúlveda, para atacar el proceso de paz entre las Farc-EP y al Gobierno Nacional, se inscriben como acciones integrantes del conflicto armado interno', dice el documento.
'Ha de tenerse en cuenta que las negociaciones Gobierno-Farc, se desarrollaron en medio del conflicto, y por ende, durante varias fases de la negociación, se siguieron presentando acciones ofensivas y defensivas de parte y parte, con una declaratoria temporal de cese unilateral de hostilidades armadas de parte de la guerrilla, hasta cuando se pactó el cese al fuego ‘bilateral y definitivo’; lo que significa que durante el proceso, se siguieron cometiendo delitos políticos. Tanto así, que la amnistía de jure cobija las conductas delictivas hasta el momento de suscripción del Acuerdo Final; por lo que no podría llegarse a decir que los delitos políticos cometidos por Sepúlveda Ardila no serían susceptibles de ‘amnistía de iure’ por haberse desarrollado durante la época de las negociaciones de paz', agrega la petición.
Sepúlveda está actualmente detenido en la cárcel La Picaleña, de la capital tolimense.
