No obstante considerar el derecho a la oposición y al disenso como inherentes a la democracia, los colombianos aún recordamos las lecciones que el pasado reciente, e incluso el más lejano, nos dejaron al respecto.
El sectarismo político, aunado a la violencia, y la sistemática exclusión de las facciones disidentes de los partidos tradicionales, que se extendió hacia sectores de la izquierda, convirtió el ejercicio de la oposición en una aventura, en un acto heroico.
La ausencia de una oposición institucionalizada pronto abrió las puertas que canalizaron el descontento nacional. El ejercicio de la oposición, en nuestro país, dejó de ser el sustantivo de la democracia.
Se convirtió, recordando a Fernando Cepeda Ulloa, para quienes reclamaban el derecho, en la escogencia entre la vida y la muerte, opción esta que entrañaba más riesgos que los tolerables en el juego de la incierta democracia colombiana.
Aciago recuerdo de nuestra historia política, resultado de la criminalización dirigida a quienes se declararon oposición a los gobiernos de turno, la encontramos en el exterminio de la Unión Patriótica, por ejemplo.
Vale señalar que cuando las democracias carecen de estos derechos y garantías, aun cuando conserven otras características, como las elecciones regulares y periódicas, propias de la democracia, se convierten en democracias iliberales que resultan ser vistas como regímenes electorales autoritarios. Muy extendidos y cercanos: la Venezuela del presidente Maduro, la Nicaragua, de Ortega, en donde sus gobernantes y máximos conductores del Estado, han negado o restringido, cuando no perseguido y criminalizado el derecho al ejercicio de la oposición. Peligroso camino por que transitó, (¿transita?), nuestra débil democracia.
En nuestro país, aunque un poco lejos, pero en modo alguno exento, de estos males, no solo se alimentó el debate sino que se socavó nuestra democracia, débil y en proceso de consolidación, al no permitir el pleno ejercicio del derecho a la oposición política. Colocándola, en momentos por todos conocidos, en claro retroceso, cuando no de estancamiento democrático. Si utilizáramos lenguaje económico, bien podríamos señalar que nuestra democracia, se encontró, (¿encuentra?) en una suerte de recesión institucional. Huelga afirmar que son la violación, la restricción, persecución o criminalización, o todas juntas, de los derechos y garantías para quienes no comparten lo ideológico y programático de los gobiernos de turno, las que han colocado al tema de la oposición en el centro de los debates políticos, académicos y sociales. Y, por esta vía reafirmado la centralidad de ésta en las democracias contemporáneas, recuperando su condición de necesaria, aunque no suficiente, para el funcionamiento y calidad de la democracia.
Hemos consensuado en Colombia que el derecho a la oposición, como otras deudas, era una morosa deuda pendiente de pago. Por lo que en 1991 la Asamblea Nacional Constituyente consideró que era el momento de saldarla y la incluyó como derecho fundamental en el artículo 40 de la constitución de 1991; derecho reafirmado por el 112 de la misma. La creación de un mecanismo que garantizara y protegiera los derechos de quienes se declararan contrarios al gobierno de turno resultó, no obstante, poco o nada efectivo. Sí altamente costoso por su ineficacia, violación y persecución. La degradación del conflicto interno armado; las miles de víctimas, entre desplazados, desaparecidos, familiares y muertos; y los cuatro años de negociaciones; además de la radicalización de la polarización partidista y social, resultaron ser los intereses moratorios de 26 años de mora en el 'pago efectivo' de la deuda a la democracia colombiana. ¿Cuánto nos habríamos ahorrado pagando la deuda con solo hacer efectivo lo dispuesto en el 112?
Hoy, como resultado de la implementación de los acuerdos de La Habana, no de la confrontación armada y el sectarismo político, estamos frente a un escenario incierto, como los resultados de la democracia, pero quizás menos costoso. En el que se vislumbra al ejercicio de la oposición no como algo nocivo, ilegal o ilegítimo. Por el contrario, como un comportamiento que contribuye al fortalecimiento, a la ampliación y la mejora en la calidad de nuestra vida democrática, de nuestras instituciones políticas, y de la legitimidad de los procesos electorales y de gobierno. La oposición, como derecho y garantía para su ejercicio, no solo posibilitará la competencia por el poder político sino la declaración de opositor y crítico del gobierno de turno.
Luego de más de 50 años de conflicto armado interno, de la puesta en marcha de la garantista constitución de 1991, de más de 12 iniciativas de proyectos de ley estatutaria de la oposición no aprobados, quienes se manifiesten contrarios a quien detenta el poder dispondrán de garantías que posibiliten el ejercicio de su derecho a la oposición sin que este sea una aventura o la opción entre vivir o morir en el intento.
¿Qué que se aprobó?
En cumplimiento de lo pactado entre Gobierno y Farc en el Acuerdo de Paz de La Habana, en particular lo del punto 2, se ¿discutió? aprobó un corpus normativo, de 5 capítulos y 33 artículos, que identifica los derechos, las ventajas y deberes de las organizaciones políticas que se declaren en oposición. Texto que tiene como base, fundamentalmente, las recomendaciones presentadas por la mesa de trabajo de partidos políticos y grupos minoritarios, creada en junio de 2016. Que tiene como argumento el considerar que la construcción de la paz estable y duradera, en el contexto democrático colombiano, sólo es posible si se reconocen tanto a los partidos políticos como a las organizaciones y movimientos sociales y populares, declarados en oposición, los mismos derechos y garantías de que gozan los partidos políticos que alcanzan, o están, en el poder.
Muchos son los referentes teóricos de la oposición política. Muchos son, del mismo modo, los regímenes políticos que sirven de ejemplo, bien para su respeto o para su violación y persecución. En todos los casos, es importante resaltar que el ejercicio del derecho al disenso y a la oposición no resulta solamente de su inclusión como letra muerta en una constitución, como tampoco del desarrollo normativo que esta permita. Estos serán medios necesarios, mas no suficientes para hablar de una democracia de calidad. Hacen falta, además, la voluntad política, de políticos responsables y ciudadanos comprometidos con esa palabra tan de moda, pero al mismo tiempo tan desvalorizada.
Esa que permite la alternancia pacífica del poder entre sus competidores, dentro de las reglas de juego establecidas por todos: la democracia. A secas. Esa forma de gobierno imperfecta, pero, hasta hoy, preferible a cualquier otra forma de gobierno. Si la democracia tiene por fundamento la oposición y el disenso, una y otro deben tener como sustento una decidida presencia social, una clara y nítida difusión cultural, y, una representación política responsable y defensora de los intereses del conjunto social y las reglas institucionales. La tarea recién empieza.
