Con algo de histeria y nerviosismo se ha venido discutiendo el proyecto de tierras que busca reglamentar el punto uno sobre Reforma Rural Integral acordado en la Habana.
El proyecto de decreto con fuerza de ley, titulado Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales, ha reavivado un ya acalorado debate por la propiedad de la tierra. A ninguno de los sectores en el extremo de este debate que ha polarizado la discusión por el acceso a la tierra en el país, pareció dejar contento el proyecto.
Quienes reivindican la eficiencia en el agro y los incentivos a la inversión agropecuaria en el país, critican el proyecto pues les parece que atenta contra la propiedad privada.
Por otro lado, aquellas organizaciones que presionan para la distribución equitativa de la tierra y para resolver la deuda histórica y social con el campesino, consideran el proyecto una traición a lo acordado en la Habana pues, argumentan, el proyecto de ley termina por defender el gran capital de la agroindustria.
Hasta la mesa de expertos, conformada por académicos de tres universidades, criticó el proyecto por considerar que desbordaba las facultades extraordinarias otorgadas por la Corte Constitucional cuando revisó la constitucionalidad del art 2 del Acto Legislativo 1/2016 que le confería facultades extraordinarias al presidente.
En dicha sentencia el alto tribunal estableció que el ejercicio de dichas facultades está supeditado a que se acredite suficientemente, 'no solo la relación de conexidad entre las medidas adoptadas y la implementación del acuerdo final, sino, también, la estricta necesidad de acudir a la vía extraordinaria'.
La polarización actual ilustra lo que algunos habíamos previsto. El tema de la tierra permite ver una brecha entre la discusión electoral que se llevó a cabo durante la época pre-plebiscitaria y una discusión real sobre la propiedad en el campo que subyace como uno de los puntos de mayor tensión en la base de la negociación.
Otros puntos, como el de participación política y el cinco, referido a la jurisdicción especial para la paz, fueron ampliamente discutidos por la opinión nacional en la época pre electoral y despertaron resistencia por parte de un número importante del electorado. Sobre ellos fue imposible alcanzar un amplio consenso nacional. El punto de tierras, en comparación, no solo despertó poco debate o resistencia popular, sino que fue uno de los puntos donde más rápido se alcanzaron acuerdos entre el gobierno y los promotores del ‘no’.
El nuevo acuerdo, firmado meses después en el Teatro Colón de Bogotá, presentó un punto sobre la Reforma Rural Integral con modificaciones a lo inicialmente pactado. Por ejemplo, la inclusión del principio de desarrollo integral del campo que incluye la agroindustria y la agricultura comercial de escala en el balance deseado entre diferentes formas de producción.
En este sentido, se establece que este 'depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción existentes -agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala', y como parte de los planes de inversión en el campo, el gobierno se compromete a promover y fomentar la asociatividad, encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores, así como con procesadores, comercializadores y exportadores.
Este principio, que plantea una coexistencia entre la agricultura rural y la agroindustria, ayudó a superar el escollo de las negociaciones. Sin embargo, la viabilidad de acomodar dos modelos opuestos de desarrollo para el campo genera importantes preguntas.
Las críticas más recias parecen confirmar de nuevo esta idea pues consideran que al seguir apostándole de forma paralela a dos modelos de desarrollo para el campo, tan abiertamente opuestos, el Estado mismo impide superar las contradicciones que ha hecho del mundo rural el escenario más propicio para la violencia.
En cuanto a los encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños productores y la agricultura familiar y los grandes productores y la agricultura comercial, existen opiniones abiertamente opuestas.
Para algunos sectores las alianzas productivas se presentan como una contribución exitosa de los gremios al postconflicto, en donde los pequeños productores muestran grados de satisfacción importantes, especialmente en relación con el acceso a fuentes de crédito.
Para otros, las alianzas mantienen las jerarquías y desigualdades estructurales en el campo, haciendo que los pequeños y medianos productores sean sometidos a las reglas establecidas por los grandes productores.
Las injusticias surgen en relación con los precios del producto y de los insumos para el cultivo, el control de la producción, o el uso de la tierra como garantía para la inversión.
Lo cierto es que el proyecto exacerba estas contradicciones ya plasmadas en el Acuerdo, y en su contenido se presentan disposiciones que para uno u otro extremo resultan problemáticas. Por ejemplo, permite que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adquiera predios mediante negociación directa o expropiación para dar cumplimiento a los acuerdos de paz. Tal como lo ha manifestado la mesa de expertos, el ámbito de aplicación que deja abierta esta norma se presta a muchas interpretaciones y otorgaría un poder excesivo a la Agencia Nacional de Tierras que podría lesionar la seguridad jurídica de la propiedad.
En la otra orilla, se le concede a aquellas personas naturales o jurídicas cuyo patrimonio neto sea superior a los 500 salarios mínimos o que sean propietarios, poseedores u ocupantes de otros predios rurales iguales o superiores a una Unidad Agrícola Familiar la posibilidad de recibir predios rurales para su uso o explotación.
Estas personas, como sujetos beneficiarios del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural a título oneroso, también pueden ser adjudicatarios de baldíos de la Nación, eliminando así las restricciones de acumulación de baldíos y permitiéndoles su acceso ilimitado; disposición que es abiertamente contraria a lo dispuesto en la vigente ley 160 de 1994.
Es precisamente esta última disposición la que ha llevado a la Contraloría a pedir a la Agencia Nacional de Tierras investigar y tomar medidas para declarar la nulidad de 322 predios de origen baldío.
De los 33 casos analizados y cerrados por la Contraloría, 12 fueron en el departamento de Córdoba.
Aunque las investigaciones que realice la Agencia serán fundamentales para dirimir los casos, esta discusión es solo la punta del iceberg de una tendencia histórica de indebida acumulación de baldíos en el país.
Este estado de agitación no solo necesita de medidas como las de la Contraloría, que ayuda a tener una posición informada sobre un tema tan delicado como los sujetos detrás de la propiedad de la tierra. Queda claro que si algo le ha hecho daño al país son las posiciones políticas polarizadas, de grandes titulares y verdades a medias. Estas han contribuido a exacerbar los ánimos e impiden el análisis profundo y objetivo del tema.
En aras de promover este tipo de discusiones en el país y la región, Uninorte, en asocio con Cornell University y Unirosario, está organizando la conferencia Property in Transition for Peace, el Debate de la propiedad en transición hacia la paz, a realizarse en Barranquilla el día 19 de mayo.
El evento estará abierto al público y contará con la participación de académicos expertos en temas de propiedad nacionales e internacionales.
La conferencia busca realizar aportes importantes a la discusión sobre la propiedad, su papel dentro del conflicto armado colombiano y su relación con la justicia transicional.
*Por Sergio Latorre Restrepo
