Los últimos proyectos de paz radicados y aprobados en el Congreso de la República han dado muestra de que la implementación normativa de lo pactado entre las Farc y el Gobierno continúa su marcha aunque con algunos traumatismos.
Esto, debido al revolcón político que generó la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequibles los apartados ‘h’ y ‘j’ del procedimiento especial del fast track.
El apartado ‘h’ establecía que los partidos políticos no podían hacerle modificaciones a los proyectos de ley o de acto legislativo sin contar con el aval del Gobierno.
El ‘j’, por su parte, dejaba en pie que las votaciones de esos mismos proyectos se tenían que hacerse en bloque y no artículo por artículo como es la forma ordinaria.
Las posiciones encontradas de los diferentes sectores políticos alrededor de dicha decisión del tribunal han hecho que la implementación del acuerdo de paz se esté dando en medio de tensiones políticas.
Comisiones de Paz. En primer lugar, las Comisiones de Paz del Senado y de la Cámara de Representantes llegaron al consenso de impulsar una serie de medidas con las que buscan reducir el efecto del fallo de la Corte Constitucional.
Dentro de estas medidas se encuentra presentar en cada debate y como primera medida una proposición para que se vote en bloque cada una de las iniciativas de implementación de los acuerdos de paz.
Otra medida es que una vez presentada los informes de ponencia respectivos, y leídas las distintas proposiciones que presenten los partidos, se hará una proposición para que todas ellas que no tengan aval del Gobierno o desnaturalicen el acuerdo sean acumuladas y negadas en bloque.
Con estas decisiones, se generó la primera controversia. Para el Centro Democrático, que además fue el partido que interpuso la demanda contra el Acto Legislativo para la Paz, 'es absolutamente insólito que después del fallo de la Corte, los congresistas de la Unidad Nacional, casi de una manera sumisa, digan que van a utilizar los mecanismos previstos en la ley 5 del 92 (que es reglamento interno del Congreso) para seguir haciendo un entreguismo a las Farc', señaló Jaime Amín, senador por ese partido.
Por el contrario, para Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado, con las medidas adoptadas se buscó 'demostrar el compromiso que el Congreso tiene con la Paz y con Colombia'.
Lo aprobado. Por otro lado, este miércoles la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el acto legislativo mediante el cual 'se dictan disposiciones para asegurar el monopolio de las armas por parte del Estado', que busca sancionar el apoyo, la financiación o la promoción de los ejércitos privados y que, además, castiga penalmente el paramilitarismo, siendo ese un de los puntos que se contempló en el punto de finalización del conflicto del nuevo acuerdo final.
La aprobación de este proyecto duró alrededor de cinco horas y también fue escenario de controversia en la medida que los senadores del Centro Democrático expresaron fuertes críticas al mismo.
'Se está presentando este proyecto como si por primera vez nos diéramos cuenta de la existencia de grupos paramilitares y no se mencionan a los grupos guerrilleros', aseguró el senador Alfredo Rangel.
Por su lado, la senadora Paloma Valencia aseguró: 'encuentro sumamente preocupante este proyecto porque pareciera estar diciendo que el único generador de violencia son los grupos paramilitares'.
Bancadas de otros partidos también intervinieron en el debate. Por ejemplo, la senadora por el partido Verde Claudia López, indicó que no se podía interpretar este proyecto como una victoria de la guerrilla, sino de las víctimas de Colombia. 'Después de 280.000 muertos y de 66.000 desaparecidos, ya es tarde para hacer este trámite y eso me duele por las víctimas, pero más vale tarde que nunca'.
La aprobación del proyecto se dio finalmente por unanimidad con 12 votos a favor, no sin antes presenciar el retiro del recinto de los miembros de la bancada del Centro Democrático.
Lo radicado. Paralelamente al anterior debate, el Gobierno Nacional radicó el mismo miércoles un proyecto de ley con el que se avanza en la implementación normativa del los acuerdos.
Se trata del proyecto de ley estatutaria que reglamenta uno de los componentes de la justicia transicional que quedó pactado en el acuerdo final: la creación de la Justicia Especial para la Paz.
Con la iniciativa, el Ejecutivo busca darle vida a los diferentes órganos –Tribunal Especial de Paz, Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre otros– que tendrán como finalidad adelantar los procesos 'para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia'.
Por otro lado, el senador Roy Barreras, del Partido de La U, radicó la ponencia de reforma constitucional que crea las 16 cricunscripciones especiales de paz en 169 municipios del país.
Este punto está previsto en el punto dos del acuerdo final sobre participación política.
A ambos proyectos les resta finalizar su trámite legislativo mediante el fast track, y quedan a la espera de que las mayorías del gobierno o los opositores del mismo, decidan si sufren o no modificaciones.
