Una nueva tormenta política se suma a todas las que han caracterizado el proceso de paz y la implementación del Acuerdo.
Este miércoles 7 de junio, en una carta dirigida al director del diario El Tiempo, Roberto Pombo, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, respondió el editorial que esa casa periodística publicó ese mismo día –y que se tituló ‘Tormenta innecesaria’–. En dicho escrito, el editorialista sugiere al fiscal tener una mayor 'cautela' a la hora de exponer públicamente información relacionada con la magnitud de los bienes de las Farc, en la medida en que –como reconoce el diario– antes de lograr un acuerdo en esa materia hubo 'difíciles momentos' que tuvieron que superarse.
'El normal devenir de las cosas se altera cuando, con importante despliegue, la Fiscalía irrumpe en el debate público con cifras no definitivas que dan una idea inicial del tamaño de la fortuna de las Farc. Revelación que va acompañada de opiniones del jefe de la entidad (…) sobre el destino de dicho patrimonio, sin antes haber recurrido a los funcionarios del Ejecutivo a cargo del asunto para tener una visión más completa. Martínez planteó que un decreto con fuerza de ley en relación con esta cuestión, el 903, podría facilitar el lavado de activos. Lo sensible del tema y el potencial de cualquier declaración del Fiscal General harían deseable tal consulta', señala el editorial.
No obstante, en la misiva entregada por Martínez, este reitera su posición y deja en claro la preocupación de que parte del patrimonio ilícito de las Farc 'pueda no llegar a las víctimas, sino a los victimarios, a través de algún patrimonio autónomo'.
La alerta de Martínez, según indica la carta, se basa en el hecho de que el Decreto Ley 903 que expidió el Gobierno –'por medio del cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las Farc'– deja explícitamente dicho que con los bienes inventariados de esa guerrilla se procederá tanto a la reparación de las víctimas como a la 'implementación de los programas contemplados en el punto 3.2.2 del Acuerdo Final'.
Y es este último aspecto el que más preocupa a Martínez. Según indica en su misiva, con esta disposición 'sería posible destinar recursos del nuevo Fondo a la reincorporación económica y social de los desmovilizados' lo que, a su vez, 'permitiría beneficiar al Centro de Pensamiento y Formación Política del partido que surja (…) de las Farc (…), los proyectos productivos y de servicios que gesten a través de la empresa Ecomun(…)'.
En relación con lo anterior, otra preocupación que expone el fiscal general en su carta es el hecho de que –tal como lo indica el editorial de El Tiempo–, el gobierno afirme que 'el uso que se le dará a la plata de las Farc dependerá de lo que decida la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final'. Para el funcionario judicial, esto genera una 'profunda merma a la soberanía presupuestal del Estado, en la medida que esa comisión está integrada paritariamente entre el Gobierno y las Farc.
En el editorial del diario, por otro lado, se lee que si bien las 'Farc podrán opinar, no tendrán la facultad para disponer de esos recursos a su antojo'.
