La gestión pública territorial hace referencia a la organización y el manejo, por parte de las autoridades locales, de los recursos humanos, jurídicos, tecnológicos y financieros que tienen a su disposición para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Por otro lado, el concepto de Paz territorial, hace referencia, en palabras del Alto Comisionado para la Paz, a la construcción de institucionalidad en los territorios, con el objetivo de garantizar el goce efectivo de derechos. Es necesario entonces, tener presente que las dinámicas territoriales de la guerra serán distintas a las dinámicas territoriales de la paz y el éxito de este proceso, dependerá de la capacidad de las administraciones locales para implementar lo acordado y firmado el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá.
Para lograr este cometido, es necesaria la descentralización de competencias y recursos desde el nivel estatal a las entidades territoriales. En ese sentido, la formulación e implementación de políticas públicas en el territorio está fuertemente ligada al proceso de descentralización, por cuanto es necesario ajustar los elementos políticos, administrativos y fiscales de la estructura estatal.
En palabras del profesor Jaques Baguenard se reconocen, por lo menos, tres efectos positivos en este proceso. El primero, a nivel institucional, puesto que con la multiplicación de centros de decisión se espera una mayor eficacia en la gestión y de esta forma, los niveles superiores dejarán las tareas operativas para concentrarse en áreas estratégicas; el segundo, con la descentralización del poder se espera que las decisiones sean más acertadas, pues las administraciones locales están más cerca del problema a resolver; y el tercero, se busca el pluralismo político, pues se abre la posibilidad a que grupos sociales tradicionalmente excluidos accedan al poder local o, como mínimo, se crean nuevos espacios de participación para las comunidades.
Para materializar estos cometidos, tanto el Estado como las entidades territoriales deben contar con fortalezas en materia de capacidad institucional, entendida esta como la capacidad para implementar las decisiones a lo largo del territorio, con independencia de donde se tomen dichas decisiones.
El conjunto de debilidades técnicas y administrativas de las entidades territoriales, se constituye en un posible escenario de posconflicto, en una barrera para el proceso de gestión territorial de la paz. En los territorios más alejados del centro encontramos un alto número de administraciones locales que no cuentan con la capacidad requerida para administrar las responsabilidades y recursos transferidos, por el marco institucional normativo, entre otros aspectos, para prestar los servicios públicos de base.
Esta falta de capacidad técnica y administrativa, ha sido una constante en muchas de las entidades territoriales, pues han asumido la administración descentralizada de los recursos de inversión y funcionamiento en un escenario de conflicto armado. Creándose así, como lo ha señalado el investigador Luis Jorge Garay, ventanas de oportunidad para que distintos grupos, tanto legales como ilegales, asociados a las dinámicas del conflicto armado puedan tomar provecho en la orientación de cuantiosos recursos que comenzaron a llegar a las administraciones locales, para ser invertidos en salud, educación y saneamiento básico.
Lo cierto es que hay evidencia de que en Estados con debilidades institucionales se configura un entorno más propicio para la captura de los recursos públicos en el nivel local. En ese sentido, el análisis de la capacidad institucional tanto del Estado como de las administraciones locales para adelantar procesos de implementación de políticas públicas, en un escenario de posconflicto, es multidimensional e incluye variables tan diversas como la capacidad de los gobiernos locales para imponerse frente a los grupos ilegales y adelantar los procesos de gestión administrativa con independencia de intereses particulares.
Otra de las dificultades de la gestión territorial de la paz, está relacionada con la diversidad de actores y, por lo tanto, la diversidad de intereses que intervienen en los procesos del Estado colombiano. Si se tiene en cuenta este supuesto, podemos identificar algunas características de las interacciones entre los ciudadanos e instituciones en el nivel local, por ejemplo, la utilización en muchos territorios de redes clientelares y prácticas corruptas para acceder al poder local, el irrespeto de las normas; y como igualmente señala el profesor Garay, la concepción de las instituciones formales como mecanismos manipulables para conseguir fines propios y parcializados, conjugado esto con la acumulación de aprendizaje criminal de distintos grupos ilegales, y la relación entre intereses legales e intereses de índole ilegal o ilegítimos socialmente.
Por esto, el fortalecimiento de las instituciones locales, necesario para el posconflicto, a través de la descentralización o del traslado de competencias administrativas y políticas, del aumento de recursos, de la promoción de la participación política, no producirá los efectos esperados a menos que dichos procesos tengan en cuenta las condiciones fácticas, de tipo social, político y económico que permiten dicho fortalecimiento. Se trata entonces de un proceso simultáneo, no escalonado, en donde los objetivos de la implementación territorial de los acuerdos, la democracia participativa, el bienestar social, el desarrollo local, se construyen de manera conjunta a través de su interacción recíproca, en el marco de relaciones de cooperación y respeto entre el Estado y las entidades territoriales.
Es necesario entonces, para la construcción de escenarios de posconflicto desde el territorio, abordar las problemáticas asociadas a los procesos de descentralización en escenarios de débil capacidad institucional en el nivel local. En tal sentido, el proceso de descentralización y la gestión territorial de la paz, per se, no colocan en riesgo la estabilidad estatal ni afectan la profundización de la democracia participativa. Por el contrario, son las condiciones de debilidad institucional de las entidades territoriales y de ausencia de la institucionalidad estatal en el territorio, sumadas estas a las condiciones sociales y políticas en escenarios de posconflicto, las que dificultan la gestión territorial de la paz y afectan la capacidad del Estado colombiano para construir a través de políticas públicas condiciones de bienestar para los ciudadanos en todo su territorio.
Por Ángel Tuirán Sarmiento
