El 20 de junio inició la tercera y última fase de dejación de armas de las Farc, un paso clave para que la principal guerrilla del país y la más antigua del continente inicie su transición hacia la vida civil.
En los últimos días, el grupo rebelde consignó el 40% de su arsenal, tras entregar semanas atrás el porcentaje restante.
Seguido, las armas entraran en un proceso que terminará en su destrucción para ser convertidas en monumentos a la paz.
La misión de la ONU, con unos 450 observadores internacionales, es la encargada de verificar el desarme, almacenar el arsenal y destruirlo el 1 de septiembre.
Hasta el 1 de agosto se dejará en manos de los guerrilleros una serie de armas para asegurar las 26 áreas de concentración, dijo la ONU, sin precisar cuántos fusiles servirán a esos fines.
'Para esa fecha, la Misión habrá almacenado todo el armamento existente en los campamentos y extraído sus contenedores' de las zonas de concentración, que pasarán a ser 'Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación', agregó.
En paralelo, la ONU continuará con la ubicación de más de 900 caletas o escondites de armas de las Farc. 'Hasta el momento, la Misión ha verificado 77 caletas, de las cuales ha sido extraído el armamento y destruido municiones, explosivos y armamento inestable', precisó.
El acuerdo de paz prevé que las armas de las Farc se fundan y se utilicen para elaborar tres monumentos que serán colocados en la sede de la ONU en Nueva York, en Cuba y en Colombia.
Futuro político
Con la mira puesta en dejar atrás una conflagración interna que ha dejado 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 7,1 millones de desplazados, las Farc ahora enfrentan desafíos en dos escenarios: la justicia transicional y su futuro político.
Tras entregar el fusil, la ONU expide certificados de Dejación de Armas que permitirán a los excombatientes iniciar su tránsito a la legalidad y a un movimiento político, cuya definición se realizará durante un congreso del grupo rebelde previsto para agosto.
Pero a la par los guerrilleros serán sometidos a un sistema de justicia especial, denominado Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya aplicación demorada les preocupa.
El gobierno de Santos busca la 'paz completa' en Colombia, por lo que en paralelo realiza negociaciones con el ELN, único grupo rebelde activo del país. Esas conversaciones se realizan sin que haya un cese al fuego.
